Nación

Mujeres se manifestaron, a pesar del bloqueo policial

Elea Valle reclama por sus hijos en marcha contra la violencia

"Matan y ponen la marihuana... asesinos, sinvergüenzas", denuncia madre campesina de los dos menores muertos en operativo militar



En el instante en que el Ejército de Nicaragua disparó contra un grupo de armados en la comunidad San Pablo 22, del municipio de La Cruz del Río Grande, la familia de siete miembros de la campesina Elea Valle, se redujo a la mitad: su esposo y sus hijos de 16 y 12 años murieron en el operativo militar. Según el Ejército era una acción contra un grupo de delincuentes, según la madre, su esposo era miembro de un grupo de rearmados contra el gobierno del comandante Daniel Ortega, y sus hijos lo andaban visitando cuando el Ejército les disparó a matar.

En el Día Internacional en Contra de la Violencia hacia la Mujer, Elea Valle, viuda y madre de los dos adolescentes encabezó la protesta en las calles de Managua para exigir el cuerpo de sus familiares, pero se encontró con que tampoco tiene el derecho a la libre movilización.

Funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y agentes policiales retuvieron a Mujeres de Chinandega, Masaya y Matagalpa y sin dar explicaciones ocuparon los medios en que se transportaban a la actividad. Luego, la marcha partió de las cercanías de la rotonda Centroamérica y se sumaron centenares de mujeres, entre ellas, Elea Valle, pero a la mitad del camino las fuerzas antidisturbios les impidieron el paso.

La Policía argumentó en una nota de prensa que las mujeres pretendían marchar sin autorización policial, “afectando el orden público, la libre movilidad de las personas y obstaculizando la realización de sus actividades económicas, comerciales, financieras y de recreación”.

Elea Valle
Elea Valle exige que le entreguen los cuerpos de sus hijos, enterrados en una fosa común. Confidencial | Carlos Herrera

Valle se encuentra en Managua bajo la protección del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que ha pedido medidas cautelares para la campesina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Francisco Pérez, esposo de Elea Valle, era hermano de Rafael Dávila, alias “Comandante Colocho”, un campesino rebelde alzado en armas. El vínculo de sanguinidad con él, fue la razón por la cual asegura que el Ejército de Nicaragua los ha acosado y amenazado durante tres años hasta perpetrar la masacre en la que muerieron su hijo Francisco, de 12 años, y su hija Yojeisel Pérez, de 16, enterrados sin identificar en una fosa común.

Con un cartel en la mano que muestra la última fotografía de sus hijos vivos, Elea Valle avanzó llorando durante la manifestación, hasta quedar enfrente del cordón policial que les impidió el paso. Todas mujeres de las fuerzas antidisturbios colocadas en primera línea para impedir el paso de las otras mujeres.

Mujeres policías fueron puestas en la primera fila del cordón policial que impidió paso de marcha. Confidencial | Carlos Herrera

“El Ejército hace tres años que anduvo detrás de mí, persiguiéndome hasta darme por asesinado a mis  dos niños. ¿Qué culpa tengo yo? Él (su esposo) se fue porque le daban persecución, porque el hermano andaba alzado en armas y ya a él le dieron fuerte persecución, a donde yo me conducía ahí llegaban a buscarme, él se fue obligado porque lo querían asesinar”, reclamó Valle, con la voz entrecortada.

“Asesino”, “sin vergüenza ladrón”, agregó la madre, refiriéndose al comandante Daniel Ortega. “Matan y ponen la marihuana diciendo que son ellos (los rearmados). Asesinos, sinvergüenzas. ¡No queremos a don Daniel aquí, que se vaya ese asesino, que se vaya ese asesino, sinvergüenza ladrón”, gritaba.

A dos semanas del operativo, el Ejército no da respuestas

El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, sostiene que el Ejército abusa del poder y se arroga funciones constitucionales que no tiene”, porque si en efecto se tratase de delincuentes comunes, el operativo correspondería a la Policía Nacional y no al Ejército.

Carrión añade que se están sumando demasiados casos de violaciones a los derechos humanos, a la integridad y a la seguridad de las personas. Además, afirma que para los años setenta, al igual que Ortega, el dictador Anastasio Somoza Debayle, tercero de la dinastía, llamaba “delincuentes” a los armados en su contra, simpatizantes del recién fundado Frente Sandinista, que ahora gobierna.

Esta masacre “son los mensajes en su máxima expresión de los militares que responden a la orden del Gobierno para reprimir y silenciar cualquier voz”, asegura Carrión.

“Quien quiere, no mata, no humilla ni maltrata” gritaban las mujeres. En la foto (de rojo) la líder feminista Magaly Quintana. Confidencial | Carlos Herrera

Para Ana Quirós, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), coincide en que aun si las víctimas del enfrentamiento son delincuentes, decretar la pena que merecen es un asunto que le corresponde al Sistema de Justicia y no al Ejército de Nicaragua.

Han pasado casi dos semanas de este acontecimiento y las autoridades no han esclarecido el caso. Los cuerpos fueron sepultados en una fosa común en la comunidad rural San Pablo 22. Valle pide que le sean entregados los cuerpos para enterrarlos en un cementerio, pero no ha recibido respuesta. La madre también afirma que ha recibido amenazas de muerte.

A la marcha contra la violencia también asistió Margine Sánchez Esquivel, madre de la niña Dayra Junieth Blandón Sánchez, quien con quince meses de edad murió durante un operativo policial, en una comunidad de Matagalpa, al recibir un impacto de bala en una madrugada del mes de febrero, cuando la Policía disparó contra su padre (también ya fallecido), que la cargaba en brazos.

La pequeña Dayra Junieth y la adolescente Yojeisel Pérez Valle son dos de las 49 asesinadas en Nicaragua en lo que va del año, según el observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. La cifra es ya el mismo número de víctimas que tuvo todo el 2016, y el 2017 aún no concluye.

El silencio de parte del Estado ante esta ola de violencia hacia la mujer representa, según Quiroz, “un castigo y desprecio a la vida de las mujeres”.

Mirna Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, añade que los casos y la impunidad delata la “actitud discursiva politiquera del Estado” que habla de leyes del “50-50” y que dice que está al favor de las mujeres, pero en la práctica lo que ha hecho es impedir sus derechos, explica.