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Pide al Tribunal Supremo revisar su decisión sobre el Parlamento

Maduro da marcha atrás tras golpe de Estado en Venezuela

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OEA se prepara para declarar el lunes alteración constitucional en Venezuela



Caracas y Washington.- En medio de la presión internacional y las denuncias de la oposición, el Consejo de la Defensa de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo revisar las sentencias que dejaron sin funciones al Parlamento. En un mensaje transmitido la pasada madrugada a la nación por radio y televisión, Maduro afirmó que se había tomado esa decisión con el apoyo “unánime del poder ciudadano” y los restantes miembros del Consejo de Defensa de la Nación. “Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo”, indicó Maduro, quien presidió la reunión del Consejo de Defensa de la Nación en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

Los integrantes del Consejo de Defensa acordaron “exhortar” al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo) a revisar las dos sentencias que despojaron al Parlamento (Asamblea Nacional, AN) de sus funciones. “Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”, dice el acuerdo del Consejo leído por el vicepresidente, Tareck El Aissami.

“Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia, que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superada esta controversia”, afirmó poco antes Maduro en su alocución antes de que El Aissami leyera el documento.

Con esto quedan demostradas “las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra Constitución”, destacó el presidente venezolano.

Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, “es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional”, así como “la resolución de los conflictos entre poderes”.

Maduro había convocado a este Consejo con el objetivo de “resolver” lo que calificó de “impasse” derivado de la posición del Ministerio Público frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuye las funciones del Parlamento, debido a la situación de “desacato” en la que este se encuentra.

Asimismo, la instancia reiteró que “los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del poder público nacional se encauzan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes”, e insistió en la disposición del Gobierno al “diálogo fecundo” con su oposición política.

El Consejo de Defensa de la Nación se instaló “oficialmente”, a pesar de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, estuvo ausente. Horas antes, en rueda de prensa, Ortega expresó su “alta preocupación” y alertó sobre el riesgo de “ruptura del orden constitucional”.

Tampoco estuvo en la reunión del Consejo el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges.

Según Maduro, durante la reunión del Consejo “hubo conversaciones” con la fiscal. Por otra parte, Maduro repudió “categóricamente” cualquier intervención que “atente contra la independencia” y la integridad territorial de la nación caribeña. En ese sentido, rechazó “el intervencionismo grosero” que, a su juicio, algunos gobiernos extranjeros “pretenden dictarle a Venezuela“.

El anuncio llega horas antes de las convocatorias de protestas organizadas por la oposición para este sábado contra el gobierno de Maduro a quien acusan de haber dado un “golpe de Estado”. La situación en Venezuela será analizada hoy por los países del Mercosur.

OEA se prepara para analizar crisis política

La Organización de Estados Americanos (OEA) se prepara para declarar el lunes en una sesión extraordinaria que la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de asumir las facultades de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, es una “violación del orden constitucional”.

El Consejo Permanente se celebrará a las 14.00 hora local en la sede de la OEA en Washington a solicitud de 20 países y fuentes diplomáticas indicaron hoy a Efe que están asegurados más de los 18 votos (mayoría simple de los 35 Estados miembros) necesarios para aprobar la resolución sobre la alteración constitucional.

La veintena de países convocantes son Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Uruguay y Belice.

La convocatoria se hace con el objeto de “considerar los recientes eventos” en Venezuela, pero en su orden del día lleva incorporada la votación de un borrador de resolución que incluye las demandas más exigentes que han hecho los países de la OEA hasta ahora al Gobierno de Nicolás Maduro.

Esa resolución la proponen 13 países -Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú-, pero este grupo está convencido de que logrará otros cinco apoyos o más de aquí al lunes.

En el texto se expresa una “profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático” en Venezuela y el “apoyo continuo para el diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático”.

Declara, por tanto, que “las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) son incompatibles con la práctica democrática y son una violación del orden constitucional” en Venezuela.

Resuelve, así, “instar al Gobierno de Venezuela a actuar en los próximos días para restaurar la separación de los Poderes constitucionales y la plena autoridad de la Asamblea Nacional, incluida la plena restauración de las inmunidades y privilegios parlamentarios”.

Además, incluye un compromiso a seguir “ocupándose” de la situación y mantenerse dispuestos a “apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del pleno funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho en el marco constitucional de Venezuela“.

La votación del lunes no se hace invocando la Carta Democrática Interamericana, aunque se mantiene abierta la posibilidad de aplicarla si el Gobierno venezolano no da pasos en los próximos días para “restaurar la separación de poderes” y resolver la “alteración inconstitucional del orden democrático”.

Así, el texto termina resolviendo “implementar, como corresponda, mecanismos interamericanos adicionales establecidos para la preservación de la democracia, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana”.

Fuentes diplomáticas aseguran que se están buscando los apoyos para apoyar el inicio de la aplicación formal de la Carta, pero no sería en la sesión del lunes y probablemente se delegaría a una futura reunión de cancilleres (no necesariamente una Asamblea).

La Carta es un instrumento jurídico, creado por unanimidad en 2001, que contempla un proceso gradual en sus artículos 20 y 21 que va desde las gestiones diplomáticas hasta, en caso de fracasar estas, la suspensión del organismo, con lo que ese país dejaría de participar en sus programas y actividades.

Por el momento, este grupo de 20 países quiere agotar la vía diplomática y contempla la suspensión solo como un último recurso.

Para suspender a Venezuela de la OEA sería necesario el apoyo de 24 Estados (dos tercios de los 35 miembros).

Almagro pidió en un informe el 14 de marzo que se suspenda a Venezuela de la OEA si no convoca elecciones generales anticipadas en un mes y hoy solicitó formalmente, por su cuenta y a primera hora de la mañana, la convocatoria de una sesión urgente para estudiar “los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela“.

El excanciller uruguayo lleva insistiendo en que en Venezuela hay “una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente a su orden democrático” desde su informe del pasado 31 de mayo, con el que invocó el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

La Presidencia de turno del Consejo Permanente la ostenta Belice hasta la medianoche de hoy, pero será Bolivia -fiel aliado de Venezuela– quien tenga ese papel desde entonces y durante los próximos tres meses.

El embajador boliviano ante la OEA, Diego Pary, rechazó las “decisiones apresuradas” sobre Venezuela y prometió “proteger la soberanía” nacional como presidente del Consejo.

Todos los embajadores de la OEA con los que conversó hoy Efe señalaron que con la sentencia del Supremo “se pasó la raya” en Venezuela y por eso han decidido endurecer su postura, hasta ahora muchos pasos por detrás de la de Almagro.