Política

El magistrado no tiene quien lo investigue

Rivas

Las denuncias contra Rivas en la Contraloría y la Fiscalía



Roberto Rivas lleva más de 23 años en el Consejo Supremo Electoral. Durante la última década se le ha señalado de presidir el tribunal que ha orquestado los fraudes electorales a favor del partido de gobierno, al mismo tiempo que su fortuna crece inexplicablemente. El pasado 21 de diciembre fue sancionado por el Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, señalado de corrupción y violación de los derechos humanos. Pero esta no es la primera vez que se le vincula a un escándalo.

Octubre, 2002: Archivan resolución y la conversión del Cardenal

Contraloría archiva una resolución por presunción de responsabilidad penal en contra de Rivas. La Contraloría lo señalaba “por haber perjudicado deliberadamente el patrimonio económico del Estado en 278 mil 481 córdobas”, debido a manejos irregulares en el CSE. La presunción penal se cambió por una responsabilidad civil, coincidiendo con una reunión privada entre Daniel Ortega y Miguel Obando y Bravo, momento que también marca la “conversión” del Cardenal, eterno protector de Rivas.

Febrero, 2009: Primera denuncia por enriquecimiento ilícito

Gustavo García Prado, del Grupo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), denuncia a Rivas por enriquecimiento ilícito, fraude aduanero en la introducción de un yate lujoso, peculado y malversación de caudales públicos. La denuncia fue archivada un mes después por no “llenar méritos”.

Noviembre, 2009: Contralores lo protegen

El Consejo de Contralores niega el acceso a la declaración de bienes de Roberto Rivas, acusado de enriquecimiento ilícito en el país y propietario de valiosas propiedades en Costa Rica. Al oponerse a autorizar la publicación de su declaración de probidad, Rivas argumenta que la misma es de orden privado y pone en riesgo la seguridad de su familia.

Diciembre, 2009: Declaración de probidad, un misterio

Gustavo García y Lulio Marenco, de la Asociación de Abogados Democráticos exigen que se publique la declaración de probidad de Roberto Rivas. Denuncian que el Consejo de Contralores incumple su deber y obstaculiza el acceso a la información pública. Contraloría hace caso omiso de la demanda.

Abril, 2010: Rivas “no es apto” para el CSE

Comisión especial de la Asamblea Nacional considera en un dictamen de mayoría que Rivas y otros magistrados no son aptos para continuar en el CSE “por no haber cumplido en el ejercicio de sus funciones ni las disposiciones establecidas en la Constitución”.

Agosto, 2010: Demanda contra cobro de cédulas

Guillermo Argüello Poessy informa que él y tres colegas deciden tramitar la denuncia del experto en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, sobre el cobro que están haciendo por la emisión de la nueva cédula, y pedirán información a Rivas. La Contraloría le dio largas a la demanda.

Septiembre, 2001: Segunda denuncia por enriquecimiento ilícito

Abogados Democráticos y miembros de la Mesa de Concertación Democrática interponen segunda denuncia contra Rivas por fraude, peculado, malversación, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. En la demandan reclaman que Rivas ha incrementado su patrimonio “de una manera exorbitante y sin justificación alguna”.

Febrero, 2013: Piden investigación a la UAF

Ciudadanos y Abogados Democráticos demanda a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) investigar a Rivas por sospechas de lavado de dinero. Argumentan que su fortuna no se explica y citan que durante el caso de Henry Fariñas trascendió que el exmagistrado Julio César Osuna (vinculado al narcotráfico) dirigía un autolote propiedad de Rivas.

Exigen “renuncia inmediata” de Rivas

El llamado Grupo de los 27 –conformado por intelectuales, políticos y miembros de la Sociedad Civil nicaragüense– exigieron el pasado jueves la renuncia inmediata del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, pidieron que el Poder Electoral y sus estructuras territoriales sean totalmente renovados “por personas probas y plurales”, además de realizar una “reforma jurídica integral” del sistema electoral.

La abogada constitucionalista Azahálea Solís dijo que las autoridades nacionales deben investigar a Rivas, pero además aseguró que estas investigaciones también deben estar en los planes nacionales de cualquier movimiento político y social del país, de cara a un cambio político en el futuro. “Hoy no podemos esperar mucho, porque Roberto Rivas forma parte de un esquema mafioso, del que son parte todas las instituciones del Estado, con el señor Ortega a la cabeza. No estamos en un Estado, no estamos en un régimen político, estamos frente a una camarilla mafiosa”.