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Mariano Valle: “Me quieren confiscar Canal 12”

El propietario de Canal 12 dice que no le debe "nada" a la DGI y advierte que el régimen de Ortega le quiere confiscar por segunda vez

El propietario de Nicavisión Canal 12, Mariano Valle, reclamó al régimen de Daniel Ortega lo que a su juicio es “un intento de confiscación” y aseguró no deber “nada” a la Dirección General de Ingresos (DGI), institución que reclama un reparo por 21 millones de córdobas en impuestos y en consecuencia ha embargado las instalaciones de la televisora, los vehículos, antenas de transmisión, cuentas bancarias y la casa de su propietario.

“Ese reparo que nos hicieron es injusto y arbitrario. No debemos nada, nada, nada”, enfatizó Valle. El reparo que reclama la DGI es del 2012 y “hasta ahora, ocho años después, vienen a tratar de quitarnos el canal, no nos equivoquemos”, subrayó.

El empresario instó a las autoridades nacionales a que revisen su caso y argumentó que él no es “ningún sinvergüenza, ningún ladrón, ni menos”. Al contrario, “soy una persona honesta que lo único que ha hecho es trabajar por este país y por mis hijos”, dijo.

Acaso “¿Me quieren confiscar de nuevo?”, preguntó Valle bastante consternado. “Si esa es la intención okay (bien), que lo hagan. Yo voy a seguirme defendiendo, yo voy a seguir exigiendo justicia, la justicia que me asiste con la razón y el derecho”, destacó.

El empresario –también– recordó que en 1979 el primer Gobierno sandinista le confiscó una emisora de radio, un medio de comunicación que no se lo han querido pagar. “Hace cuarenta años me quitaron la radio y hace treinta tengo la resolución de la Procuraduría General de la República donde se ordena que me paguen, yo hice mis gestiones… el procurador Hernán Estrada nunca me quizo pagar”.

“Políticas impositivas para reprimir”

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, repudiaron el embargo a Nicavisión Canal 12, y denunciaron que con esta acción el Estado “se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir”.

Para la SIP, el embargo a Canal 12 evidenció que “el régimen de Nicaragua se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir y silenciar a medios independientes conocidos por su periodismo crítico”.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Roberto Rock, condenaron el hecho a través de un comunicado. Se trata de una “nueva acción contra un medio de comunicación de parte de un régimen que sigue demostrando que no tiene el menor respeto por la prensa independiente”.

Barnes y Rock añadieron que “este patrón de conducta para reprimir y silenciar a los medios no es nuevo” e hicieron referencia a la confiscación en diciembre de 2018 de las sedes y equipos de CONFIDENCIAL, de los programas Esta Noche y Esta Semana y 100 % Noticias.

Por su parte, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, denunció que el embargo a Canal 12 es parte una estrategia del régimen de Daniel Ortega para “estrangular a la disidencia y negar a los nicaragüenses el acceso a la información”.

Al aire, pero sin pagos

El Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también condenó el embargo a Canal 12 y advirtió que el medio permanece al aire, ya que su sala de redacción y las instalaciones de transmisión no han sido incautadas, pero agregó que los trabajadores no han recibido sus cheques de pago más recientes porque el medio no puede acceder a sus cuentas bancarias, según les explicó Carolina Valle, editora en jefe de Canal 12.

“Las autoridades nicaragüenses deben dejar de utilizar las investigaciones financieras para intimidar a los medios independientes y deben permitir que Canal 12 informe libremente sin temor a represalias”, dijo Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. “Estas ‘evaluaciones de impuestos’ arbitrarias son solo la última táctica mientras el gobierno de Daniel Ortega continúa buscando formas cada vez más creativas para silenciar a los pocos medios de comunicación independientes de Nicaragua”.

Canal 12 está bajo auditoría de la DGI desde 2018, cuando la emisora ​​informó sobre las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, dijo Valle al CPJ.  La incautación de los activos de Canal 12 es vista como una “represalia política” por la línea editorial del medio, que ha sido crítica con el gobierno de Ortega, el medio ha enfrentado “acoso continuo de todas las instituciones estatales”, continuó Valle.

Canal 12 es una de las pocas estaciones de televisión independientes que continúan operando en Nicaragua, donde muchos medios son propiedad de miembros de la familia del presidente o sus aliados.

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