Opinión

Midiendo fuerzas en el Diálogo Nacional

Supremo

Tranques ciudadanos contra parapoliciales armados. ¿Cuál es la cuota de muertos y terror que volteará la balanza en su contra?



Como todas las personas en Nicaragua, esperé con gran anticipación la respuesta que el presidente Daniel Ortega había enviado a la petición que le hicieran los miembros de la Conferencia Episcopal.  Respetuosa de las complejidades de lo político, no sabía exactamente cuál habría sido la contestación pero no cabía ninguna duda que había llegado el otoño del patriarca, que la pareja presidencial Ortega-Murillo, aislada y sola, rodeada de un puñado de gente, no podría seguir gobernando.  La certeza me hacía pensar que cualquier negociación que se estuviera llevando a cabo entre ‘pares’ en cuartos privados y pasillos, iba a salir un poquito a la luz y esa brizna de realidad nos iba a consolar.  La razón política existe.  Sí, estábamos seguros que habrían negociaciones cerradas entre la gente que ostenta el poder, los que amarran pactos sobre los cuales la ciudadanía sólo sospecha y especula. Se decía ya por escrito que el presidente estaba negociando; que pedía seguridad para su familia y preservación de bienes; que ya lo habían visitado un grupo enviado por el senado norteamericano y leído la cartilla.  Desde fuera daba la impresión de que el cerco se cerraba sobre su soledad y que la partida era la única puerta abierta a su situación.  Dicho esto, pensábamos, la respuesta del presidente solo podría ser un mensaje referente al proceso de democratización—¿qué más?

Bajo esas expectativas de promesas y gran ilusión y especulación nos sentamos frente a la pantalla del televisor a escuchar.  Mientras tanto, las camionetas cargadas de francotiradores, armas de alto calibre colgadas de la mano, caminaban por una ciudad desierta de la cual ellos eran únicos dueños y señores. La presencia física de esas fuerzas, llamadas autosuficientes, autodirigidas y con la mística de la ‘santa muerte,’ sádicos y psicópatas sueltos, el diálogo en una mesa de negociaciones parecía una quimera a la que sin embargo nos apegábamos todos. Así esperaba la ciudadanía todavía esperanzada frente al televisor a oír el principio del fin de una situación analogada a la de Medio Oriente y Siria—la imagen de Alepo empezaba a cobrar tono, fuerza y color tropical, mientras Isis locales deambulaban por las calles desiertas de los barrios pobres y trabajadores de Managua. ¡Qué angustia sobrecogía a la ciudadanía!

El diálogo comenzó con la misma tranquilidad, voz baja y pausada del obispo Rolando Álvarez, voz acaso contenida en la garganta, administrando la consternación, estableciendo las reglas del debate, presentando al nuncio papal antes de dar la palabra.  Uno a uno fueron hablando los participantes, todos bien medidos y mejor hablados, en lenguaje suave, sin insultar a nadie, en modo democrático respetuoso verdadero. No obstante esa suavidad, fue apareciendo de nuevo el fantasma de los tranques, las pérdidas económicas que causaban y ya en esto se empezaban a trizar las ilusiones y deseos de paz pues volvíamos de nuevo al mismo punto de partida, giro en redondo, vuelta de reiteración monótona y pérfida.  Los tranques eran el tema que había trancado el último día del diálogo.  Esa presencia reiterada fue santo y seña de que estábamos empantanados.

Pero el asunto no paró ahí, atónitos empezamos a escuchar que los agraviados eran ellos y los culpables la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia: se estaban robado tema y  agravio.  Ante nuestros incrédulos oídos escuchamos a mujeres campesinas, a estudiantes, a empresarios que estaban ahí en pantomima, como si representado sus propios sectores sociales, y esa presencia establecía un paralelismo con los representantes de dichos grupos en la Alianza Cívica.  Y así, el gobierno mismo, frente a nuestros incrédulos ojos y oídos mentía con toda serenidad frente a miles de televidentes atentos a la buena nueva.  Ellos eran ahora los portadores de valores sacros, de los derechos humanos, la paz, el trabajo, el tránsito por la ciudad y el país, el derecho a ganarse la vida. Porque ellos mismos, alegaban con cara serena, habían sido atacados con armas de fuego también y amenazados. ¿Cómo era posible mentir sobre lo que bajo la luz del sol habían hecho ellos? El sentido de agravio se instaló en la mesa y no sé cómo es que los de la Alianza Cívica no se levantaron a gritarles mentirosos; cómo es que se podían quedar sentados y no abandonar la mesa de diálogo.  Nosotros teníamos que acuerparlos.  Lo que estaba sucediendo era un juego de palabras, guerra de sentido mortal, como cuando dos hermanos se pelean y se acusan mutuamente usando los mismos argumentos y las mismas, mismísimas palabras. El robo del discurso era palpable, nos estaban arrebatando la bandera.

El tiempo dichosamente transcurrió y el obispo Álvarez llamó al voto: habían dos propuestas, una recoge cuatro recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—que se instale la comisión de expertos, que se hagan presente a la mayor brevedad posible para que establezcan la responsabilidad por los crímenes cometidos; la otra, que se quiten los tranques y solo después de esoel gobierno giraría las invitaciones a las comisiones de derechos humanos de la ONU, OEA y Unión Europea.  Ninguna tuvo consenso.  La iglesia propuso una tercera: que se invitara al alto comisionado de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a una representación de la Unión Europea que tampoco tuvo consenso.  El impase ocupó su lugar en la mesa de diálogo.  El obispo Silvio Báez pidió la palabra para lamentar el hecho y recordar que el 16 de julio se vencía el mes de plazo que la Comisión Ecuménica dio al gobierno para obtener resultados sobre la crisis mediante el diálogo y ese día era 15. El suyo fue un llamado a la cordura, discurso de la moralidad y la desesperación.  El cardenal Brenes intervino y salvó el día instando al canciller Denis Moncada a que volvieran a pensar las propuestas y el voto.  Se le daba al gobierno otra oportunidad, ¿la penúltima? Por la tarde se reunieron las comisiones, sin televisión y se lograron acuerdos importantes.

La sesión se levantó a la una de la tarde y a las nueve de la noche, ocho horas después, todavía no se daba ningún resultado.  Sentada frente a la pantalla muchas esperábamos una respuesta que llegó bien tarde.  Queríamos saber cuáles serían los destinos de los nicaragüenses.  A estas alturas, el discurso ético de la resistencia y el heroísmo no resolvía nada ante la desesperada situación de las comunidades de Managua, sobre todo la de los barrios pobres o de trabajadores; el discurso económico era muy convincente, pero eso no borraba la mentira, la injuria, la matanza de la gente.  Justicia y democratización eran las dos única palabras justas que definían la situación.

El telón de fondo de ese largo día 15 de junio es que la Comisión Episcopal se había reunido con el presidente el 6 del mismo mes y éste les había pedido 48 horas para reflexionar.  La contestación fue una carta que ese día leyeron los obispos mientras recalcaban los acuerdos del 15 de junio: se debían investigar todas las muertes, actos de violencia e identificar a los responsables.  Para eso debían ser invitados cuerpos internacionales competentes.  Pedían un cese a todo tipo de violencia, viniese de donde viniese, y la implementación de un plan de paz a brevedad.  La iglesia siempre sería testigo acompañante.  Bajo esos acuerdos podrían empezar a trabajar las comisiones de los representantes el día siguiente.

Supimos que los obispos habían presentado al presidente unos puntos de agenda para llegar a un acuerdo constitucional, y un programa de ruta para la democratización el 6 de junio que se reunieron con él en la Casa de los Pueblos.  Era una propuesta que empezaba afirmando el derecho irrestricto de todo nicaragüense a expresar su pensamiento y asegurar sus libertades dentro de un régimen constitucional.  Los elementos fundamentales expuestos oralmente por el cardenal Brenes ese día 15 de junio fueron: uno, respeto irrestricto a la constitución política, valores  democráticos internacionales y derechos humanos; dos, separación e independencia de los poderes públicos; tres, legitimidad, integridad y profesionalismo en el actuar del poder judicial y poder electoral enfatizando su carácter apartidario; cuatro, respeto al régimen plural de partidos y organizaciones políticas, incluyendo nueva regulación de los mismos y la modalidad de suscripción popular; cinco, elecciones periódicas libres y justas con observación electoral nacional e internacional; seis, transparencia.  Se habló de reformas a la ley electoral y a la ley orgánica de la asamblea nacional, a la constitución política para las elecciones del domingo 29 de marzo de 2019 y toma de posesión de las autoridades electas popularmente el lunes 15 de abril, especificando el principio de no-reelección y la reducción de nuevos períodos y procedimientos para la elección de magistrados de la suprema corte de justicia y autoridades que requieran designación de la asamblea nacionales  Se presentaba un nuevo calendario electoral, invitación a la observación nacional e internacional, nueva ley de partidos políticos, cedulación y depuración del padrón electoral.

A las 9:30 de la noche se conoce que el gobierno quiere que se despejen las vías para poder apoyar la propuesta que presentaron los obispos.  Mientras tanto, los reporteros informan sobre nuevos ataques a mano armada en los barrios de Managua y pueblos de Nicaragua. La cuestión es cuál es la cuota de muertos y terror que volteará la balanza en su contra. Tal despliegue de fuerza es en cualquiera circunstancia santo y seña de ingobernabilidad que no alcanza la voluntad ciudadana y la unanimidad de acción que aseguran un cambio democrático: a la familia gobernante le llegó su ocaso aun si sus tácticas dilatorias mantienen a Nicaragua en un estado de terror.