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Militar retirado es presentado como “delincuente”

Presos de la Galería 300 lanzan un llamado de auxilio, escrito en una hoja de papel higiénico: denuncian abusos, maltratos y falta de atención médica

El militar retirado Alfonso José Morazán Castillo, de 57 años, fue presentado como “delincuente” por la Policía de Nicaragua.

Morazán y Hamilton Hernández, señalados de participar en una protesta contra Ortega en la ciudad de Matagalpa (norte), fueron presentados como “delincuentes” por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), ante medios del Gobierno.

La Policía señaló al militar retirado y a Hernández como autores de “homicidio frustrado, secuestro, tortura, lesiones graves, amenazas de muerte, posesión ilegal de armas, tráfico de drogas, chantaje y lesiones graves”.

Por delitos similares fueron presentados los nicaragüenses Lester Javier Picado Lezama y Uriel José Picado Lezama, quienes también participaron en protestas contra Ortega en el departamento (provincia) de Boaco, en la zona central de Nicaragua.

Organismos humanitarios locales e internacionales consideran como “presos políticos” a los ciudadanos capturados tras haber participado en protestas contra Ortega.

Al menos 558 “presos políticos” están en las cárceles de Nicaragua, según los organismos humanitarios. El Gobierno sostiene que son más de 200, a quienes considera “terroristas” y “golpistas”.

Presos lanzan llamado de “auxilio”

Reos de una cárcel de máxima seguridad en Nicaragua lanzaron un llamado de “auxilio”, escrito en una hoja de papel higiénico, en la que también denunciaron las “condiciones precarias e inhumanas” en las que se encuentran.

“Denunciamos las condiciones precarias e inhumanas. Nos maltratan física y psicológicamente. No tenemos derecho a médico, ni a medicinas, nos encadenan de los pies y manos (…) ¡¡¡Auxiliooo!!!”, escribieron los reos, desde la Galería 300, una cárcel de máxima seguridad de la penitenciaría La Modelo, en las afueras de Tipitapa, ciudad vecina de Managua.

El número de prisioneros de la Galería 300 es desconocido, pero la misma tomó notoriedad desde el estallido social de abril pasado, por ser uno de los destinos de las personas que han participado en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Organismos defensores de los derechos humanos afirman que la crisis ha dejado entre 325 y 528 muertos en protestas, así como más de 558 “presos políticos”. El Gobierno reconoce 199 muertos y más de 200 reos, los que asegura son “terroristas” y “golpistas”.

“Nos tienen aislados en calabozos que se nos dificulta respirar, muchos tenemos enfermedades crónicas, es decir, que nuestra vida está en peligro bajo cualquier causa, ya que nos encontramos indefensos y vulnerables”, agregaron.

El llamado fue dirigido a la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea, la Alianza Cívica, al Episcopado, al Congreso de Estados Unidos, organizaciones humanitarias locales y medios de comunicación no oficialistas.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la CIDH y Amnistía Internacional (AI), han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Las protestas contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

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