10 de julio 2020
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"Las torturas en Nicaragua han tenido como objetivo fabricar evidencias testimoniales que inculpen a determinadas personas", afirma Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, que avaló en un foro virtual el informe más reciente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más "La tortura, un crimen permanente en Nicaragua".
La representante de Amnistía Internacional, también añadió que para "obtener información sobre cómo se organizaban las protestas" contra el régimen del presidente Daniel Ortega, "y como un método de castigo para que no se repitan las manifestaciones antigubernamentales", denunció.
Según el informe presentado por el Colectivo, dedicado a la defensa de los derechos humanos; las torturas en Nicaragua es una práctica "generalizada y vigente" que existía desde antes de las protestas contra el Gobierno de Ortega que estallaron en abril de 2018.
Las torturas en Nicaragua incrementó
"La tortura en Nicaragua es un crimen que incrementó y se intensificó a partir del 18 de abril de 2018, sin embargo, a más de dos años del inicio de las protestas, sigue siendo vigente, y se practica de forma general y sistemática", denunció el abogado del Colectivo, Salvador Lulio Marenco.
La ONG afirmó que este informe es el resultado de la documentación de ocho casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que según informan ocurrieron en 2019, "tanto en cárceles oficiales, como clandestinas".
Marenco afirmó que el Observatorio Nicaragüense Contra la Tortura, una dependencia del Colectivo, documentó "la grave situación que atraviesan las personas privadas de libertad", entre ellas 96 presos políticos, por la pandemia de covid-19.
"Las condiciones de insalubridad y hacinamiento (..) el estrés constante de posibles contagios, consiste en sí mismo en un trato cruel, inhumano y degradante", señaló el abogado.
Crisis desde 2018
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica que dejó cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles de exiliados, según datos que denunciados y avalados por diversas organizaciones internacionales.
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Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, adujo que ese año se defendió de un supuesto "golpe de Estado fallido", del que ha acusado a Estados Unidos y señalado a la Iglesia Católica nicaragüense como "cómplice".
Actualmente la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por violación del orden constitucional, que de ejecutarse supondría la expulsión del país de ese organismo.
