12 de febrero 2021
AA
Ni el Banco Mundial (BM) ni el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que el año pasado aprobaron al Ministerio de Salud (Minsa) proyectos que ascienden a más de 63 millones de dólares, respondieron a preguntas enviadas por CONFIDENCIAL, sobre el déficit de transparencia del Ministerio de Salud en el manejo de pandemia de la covid-19, ni sobre las propiedades confiscadas ilegalmente entre 2018 y 2020, que están siendo ocupadas por el Minsa.
La ocupación ejecutada por el Minsa de las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CONFIDENCIAL y 100% Noticias, viola la Constitución Política de Nicaragua, pues el artículo 44 de la Carta Magna prohíbe la confiscación.
CONFIDENCIAL solicitó una entrevista a los organismos multilaterales para conocer su evaluación sobre los estándares de transparencia del manejo oficial de la crisis humanitaria, en la que nunca se ha brindado información oficial sobre las pruebas de covid-19 realizadas y sus resultados, mientras la información sobre los fallecidos revela una altísima tasa de subregistro.
Según el Minsa han fallecido 171 personas por covid-19, pero de acuerdo a los análisis realizados por salubristas y médicos independientes, basados en datos oficiales de sobremortalidad por neumonía, infartos y otras enfermedades, el número de víctimas supera los siete mil.
- Te recomendamos leer el reportaje especial: Las vidas que nos arrebató la pandemia
¿Cuenta el BID con información comprobada sobre el número de contagios y fallecidos, por covid-19?, preguntó Confidencial en un cuestionario escrito que nos pidieron enviar.
¿Ha observado el BID algún avance o muestra de que el Gobierno cumple con este compromiso de transparencia? Sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta.
Firmas verifican uso de fondos del BID y Banco Mundial
Ambos organismos multilaterales sí enfatizaron que los proyectos aprobados serán vigilados por firmas verificadoras que garantizarán el uso adecuado de los recursos asignados.
“El proyecto financiado por este crédito será implementado en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), y aplicarán estrictos requisitos fiduciarios para garantizar que su implementación sea oportuna y que la ayuda llegue a todos los beneficiarios”, explicó a CONFIDENCIAL, el Banco Mundial, organismo que en diciembre de 2020 aprobó un financiamiento de 20 millones de dólares para comprar equipo médico de necesidad crítica para hospitales afectados por la pandemia y por los huracanes Eta y Iota, que impactaron el país con en noviembre de 2020, con menos de quince días de diferencia.
Este fondo, agregó el Banco Mundial, será desembolsado “tan pronto como se cumplan todos los requisitos preliminares”.
La UNOPS también participará en la ejecución del préstamo de 43 millones de dólares que financió el BID a Nicaragua, además de la firma Project Concern International (PCI), que se encargará de “verificar la adecuada y oportuna realización de las actividades”. De este proyecto, confirman, ya han sido desembolsados 5.5 millones de dólares.
“Estos desembolsos, según lo estipulado en el Programa, se realizan directamente a las agencias internacionales especializadas (UNOPS y OPS), a cargo de la ejecución de los diferentes componentes”, aseguró el BID.
Minsa ocupa oficinas de Cenidh, CONFIDENCIAL, y 100% Noticias
A finales de enero pasado, el Minsa comenzó a ocupar los edificios que fueron tomados por la Policía en diciembre de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega confiscó ilegalmente las oficinas de CONFIDENCIAL, el edificio del canal de televisión 100% Noticias y las instalaciones de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación Popol Na, el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
Obreros este diez de febrero de 2021, afuera de las instalaciones confiscadas a 100% Noticias en diciembre de 2018. // Foto: Nayira Valenzuela | Confidencial
Según se conoció el 23 de diciembre de 2020, a través de unos rótulos que fueron puestos en las fachadas de estos edificios, el régimen cedió al Minsa estos espacios, supuestamente para construir casas maternas de los distritos de Managua, puestos de salud, un centro especializado para la atención a personas adictas al alcohol y las drogas y un centro nacional de diabetología.
Estas “inversiones” no fueron detalladas en el presupuesto del Minsa aprobado para 2021, ni tampoco se han anunciado los supuestos proyectos en los medios oficialistas, por lo tanto se desconoce si estos espacios confiscados se están modificando con fondos propios.
Durante las últimas dos semanas, varios camiones o camionetas de acarreo han sido vistas en el parqueo de la oficina de CONFIDENCIAL, donde se presume que están saqueando el mobiliario y objetos personales que quedaban en la redacción que ya fue asaltada el 13 de diciembre de 2018 y ocupada ilegalmente a la noche siguiente. También, esta semana, se observó movimiento de obreros en el edificio ocupado al canal 100% Noticias.
Desde que estas propiedades privadas fueron tomadas ilegalmente han permanecido bajo custodia policial. Según se confirmó desde el exterior de los edificios también las sedes del Cenidh y Popol Na están siendo desmanteladas desde finales de enero, para ser ocupadas por el Minsa, como ocurrió con las oficinas que pertenecen al Cenidh en Juigalpa, Chontales, donde el régimen destaca que fue inaugurado un puesto de salud.
Confidencial preguntó a los organismos multilaterales si estas acciones violatorias de la Ley y la Constitución, con la participación del Minsa, son compatibles con las obligaciones que establecen los organismos multilaterales en sus contratos con el Gobierno de Nicaragua, pero tampoco obtuvimos una respuesta.
Organismos demandan transparencia a Nicaragua
Durante 2020, el Gobierno de Ortega consiguió tres fuentes directas de financiamiento para atender la situación de la pandemia de covid-19, que ascienden a 248.3 millones de dólares. De estos, 185.3 millones de dólares provienen del Fondo Monetario Internacional (FMI); 43 millones de dólares del BID, y 20 millones del BM. En estos contratos, el Estado adquirió compromisos contractuales de transparencia.
Según detalla el documento del proyecto del BID, Nicaragua se comprometió a crear un “protocolo de información al público general”, en el cual el Ministerio de Salud deberá revelar información sobre las pruebas de covid-19 procesadas, la cantidad de estas que dieron negativas y positivas; la edad, sexo y procedencia de los casos confirmados; el acumulado de los contagios y fallecidos, y la tasa de letalidad.
Sin embargo, esta información continúa sin publicarse, mientras los monitoreos y análisis independientes confirman que el régimen continúa intentando ocultar el verdadero impacto de la pandemia.
“El BID reitera su compromiso con el país para sumar esfuerzos que conlleven el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante los grandes retos presentados por la pandemia, así como la mejora de la información facilitada al público sobre el avance de la crisis sanitaria”, aseguró este organismo a CONFIDENCIAL. Para acceder al millonario financiamiento del FMI, el Gobierno también se vio obligado publicar un listado de las adquisiciones que se ha hecho durante la pandemia.
En noviembre de 2020, CONFIDENCIAL confirmó que el Gobierno ha invertido más de 10 millones de dólares en 19 contratos de compras estatales, para atender la pandemia de covid-19, realizados entre el 15 de junio y el 22 de septiembre de ese año, según parte de los documentos publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como requisito adquirido con el FMI.
Sin embargo, aunque se comenzaron a publicar algunos de los “contratos covid” acordados por el Minsa y también el Ministerio de Educación (Mined), aún hacen que publiquen la información total sobre las compras realizadas por el Estado.
Esta semana, una investigación de la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, publicada también por CONFIDENCIAL, reveló que al menos cinco de esos contratos beneficiaron a empresas ligadas al partido gobernante.
