23 de agosto 2019
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió información este jueves al Gobierno de Daniel Ortega por el preso político Jaime Navarrete, quien sufre problemas respiratorios y no puede comer, a causa de torturas sufridas en prisión, según denuncias.
"La CIDH llama al Estado de Nicaragua a dar información sobre la salud y condiciones de encierro de Navarrete", informó el organismo, que en diciembre pasado fue expulsado del país mientras investigaba casos de violencia contra los derechos humanos.
El caso de Navarrete, un abierto opositor del presidente Daniel Ortega, se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como decenas de miles de exiliados, en el marco de las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril de 2018.
La CIDH mostró su apoyo a Margine Blandón, madre de Navarrete, quien dijo que su hijo "se encuentra muy mal, necesita ser visto por un médico, está en peligro su vida, por favor, yo pido en este momento ayuda internacional".
De acuerdo con la denuncia de Blandón, el reo "está en una cárcel de máxima seguridad, lo tienen alejado, lo están maltratando, lo están hostigando, lo están acabando con palabras, él necesita ayuda, no puede comer, no puede respirar, no puede dormir a causa del dolor".
Navarrete es acusado de los delitos de portación de armas restringidas y tenencia de estupefacientes, lo que es rechazado por la oposición, que sostiene que este, al igual que otras 130 personas, se encuentran en prisión como presos políticos de Ortega.
Navarrete ya había estado preso durante 360 días entre 2018 y 2019, tras participar en protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y había sido excarcelado en junio pasado bajo la Ley de Amnistía.
En su primera etapa en prisión, Navarrete alcanzó notoriedad porque, según sus compañeros de celda, sufrió golpizas que lo dejaron con convulsiones crónicas, pero no recibía atención médica de las autoridades.
Cientos de opositores que han pasado por las cárceles de Nicaragua en calidad de presos políticos han denunciado ser víctimas de torturas, crueldad y trato inhumano.
La Policía de Nicaragua mantiene una estricta prohibición de protestas contra el presidente Ortega, a pesar de que la medida contradice la Constitución, según los expertos en leyes.
