Confidencial.com.ni | EFE
28 de septiembre 2018
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El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo debe "suprimir" las detenciones ilegales y "reconsiderar" las acusaciones por terrorismo en contra de los ciudadanos que se manifiestan en Nicaragua, solicita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe sobre los resultados de la visita que hizo a Nicaragua Joel Hernández, relator para las personas privadas de libertad, en el cual hace diez nuevas recomendaciones al Gobierno de cara a esta nueva forma de represión.
"La práctica de detener a personas sin mandamiento escrito de funcionario expresamente facultado por la ley ni en flagrancia de algún delito en contravención al artículo 33, numeral 1 de la Constitución Política de Nicaragua” debe suprimir, detalla el documento.
Además, la CIDH solicita al Estado, “presentar a las personas detenidas ante autoridad judicial en un plazo legal de no más de 48 horas –de conformidad con lo establecido por los artículos 33 de la Constitución y 95 del Código Procesal Penal– a fin de resolver sobre su situación legal”.
Otra de las recomendaciones establece “reconsiderar las acusaciones formuladas por terrorismo teniendo en cuenta el objeto de la Ley 977”.
Carlos Herrera | Confidencial
Para la CIDH es importante “garantizar el debido proceso de las personas detenidas en el contexto analizado. En particular, informar inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención".
"De igual forma --añade-- se debe asegurar una defensa adecuada que permita que las personas acusadas tengan contacto regular con su representante legal y se involucren en la preparación de sus respectivas audiencias. Además, es esencial que sus representantes legales tengan acceso irrestricto a las mismas. Las personas acusadas tienen el derecho a no ser obligadas a declarar contra sí mismas ni a declarase culpables”.
El organismo informó que el relator Hernández no pudo constatar durante su visita a Nicaragua el número de detenidos ni las condicione en las que están, porque el Gobierno no respondió a las solicitudes hechas por la CIDH para visitar las prisiones del país. El Gobierno informó que al menos 204 personas han sido encarceladas en el marco de las protestas pacíficas, pero organizaciones de derechos humanos informan que la cifra puede superar los 300 detenidos.
“La Comisión advierte con preocupación que estas cifras oficiales no incluyen el número de personas privadas de libertad en la Dirección de Auxilio Judicial ni tampoco personas que presuntamente podrían estar en estaciones de policía. Resulta imperativo una reunión con las autoridades nicaragüenses para comparar datos y conocer el número exacto de personas detenidas, así como las causas de las acusaciones penales. La CIDH reitera su disposición a reunirse a con las autoridades competentes”, se lee en el reporte publicado por la Comisión.
La CIDH informó también que a través de testimonios recibidos en Nicaragua, las detenciones se han ejecutado sin orden judicial, bajo la negativa de proporcionar información sobre los motivos de la detención, y en algunos casos, por grupos parapoliciales o civiles encapuchados.
Centros de detención clandestinos
Basados en esos testimonios los técnicos de la CIDH advirtieron que los detenidos han estado encerrados “por varias horas en centros de detención clandestinos –tales como instalaciones municipales o del partido de Gobierno– antes de que las personas fueran trasladadas a las instalaciones policiales o a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua”.
La Relatoría y el MESENI –continúa el reporte– recibieron también información sobre el uso excesivo de la fuerza que se ejercería al momento de detención, y sin que se opusiera resistencia por parte de las personas detenidas. “En particular, el uso excesivo de fuerza se presentaría mediante el despliegue de operativos desproporcionados en número y equipamiento, golpes con armas de fuego, amenazas, y patadas en las “tinas” de las camionetas mientras las personas son trasladas a un centro de detención. En este contexto, es de público conocimiento la denuncia de los familiares de Bryan Calderón, quien permanece hospitalizado en la ciudad de Jinotega luego de ser herido gravemente durante su detención, por agentes de la Policía Nacional”.
El relator expresó también su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los detenidos en el marco de las protestas pacíficas. A pesar de que no pudo visitar las prisiones del país, el informe denuncia “tratos malos, crueles o degradantes” y “condiciones de insalubridad, negligente atención médica, obstaculización para la realización de visitas, y aplicación de regímenes de máxima seguridad sin criterios objetivos”.
Marcha por la libertad de los presos políticos el pasado 15 de agosto, en Managua. Carlos Herrera | Confidencial
Uno de los principales centros de detención, “El Chipote”, tiene especial atención en el reporte preparado por la relatoría, que advierte que los detenidos en esas celdas “serían mantenidos en ropa interior, en un ambiente de altas temperaturas, y sin poder asearse regularmente o cambiarse de ropa”. La situación no es mejor en “La Modelo” ni en el centro para reclusión de mujeres “La Esperanza, donde “las personas detenidas también estarían sujetas a un trato discrecionalmente diferenciado en relación con la aplicación de los criterios para permitir la provisión de alimentos, medicamentos y otros insumos básicos y de higiene personal”.
En particular –alerta la CIDH– “es de especial preocupación para la Relatoría la restricción de estas personas a la provisión de agua por parte de sus familias. Ello, en algunos casos habría llegado a permitir el ingreso de únicamente tres litros por semana. De igual forma, la Relatoría y el MESENI fueron informados sobre la falta de atención médica adecuada y especializada de personas que padecerían afecciones graves a su salud. Lo anterior, pese a que en algunos casos existen órdenes judiciales para brindar la atención médica que requieren”.
En el caso de “La Modelo”, el informe de la CIDH advierte que los detenidos “estarían sujetos a un régimen de aislamiento estricto, en celdas sin luz, y con visitas de familiares y comunicaciones telefónicas una vez al mes”.
Entre las recomendaciones hechas por la Comisión está precisamente que las autoridades del sistema penitenciario permitan la visita de los familiares de detenidos, que se provea asistencia médica “inmediata”, a todas las personas detenidas con afecciones de salud que la requieran, “especialmente a Brenda María Muñoz Martínez, Olesia Muñoz, Ricardo Adán Gutiérrez Siria y Juan Carlos Baquedano”. Y hace un llamado al Poder Judicial “a ejercer plenamente su independencia para juzgar a los acusados bajo los más altos estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos”.
