21 de febrero 2021
AA
El fallo de culpabilidad de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del preso político Jaime Navarrete, emitido este viernes 19 de febrero, abre las puertas a un peligroso camino para los reos de conciencia de Nicaragua.
Las resoluciones del máximo órgano judicial del país, controlado por la dictadura, implican para aquellos opositores encarcelados por la dictadura el fin de todas las instancias jurídicas a las que pueden apelar para lograr un sobreseimiento a sus condenas.
Para los abogados y activistas que defienden presos políticos, si la tendencia del tribunal supremo de justicia se mantiene, no queda màs alternativa que recurrir ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.
En el caso de Jaime Navarrete, de 37 años, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación que se llevaba desde abril del año 2020 y que fue notificado a su abogado Ever Acevedo, en tiempo récord.
“Normalmente un recurso de casación en casos normales son de tres a cuatro años para resolverse. En este caso yo interpuse ese recurso en abril del año pasado (2020) y ya tenemos sentencia. Es decir, en menos de un año se realizó la audiencia y tenemos una sentencia confirmatoria de las anteriores”, expresó Acevedo vía telefónica a CONFIDENCIAL.
Navarrete es el primer preso político que llega hasta casación y recibe una resolución directamente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La abogada de presos políticos, Yonarquis Martínez, explicó que las autoridades judiciales actúan con “celeridad” cuando se tratan de casos de reos detenidos por participar en protestas o simplemente por ser opositores a las ideologías del régimen de Daniel Ortega.
“Es extraordinario ver la celeridad con la que se trató el caso de Jaime. Es uno de los pocos casos que ya terminó. La Corte no te falla una casación ahí no más. Se lleva mucho tiempo para poder resolverte”, dijo Martínez.
Martínez ha llevado los casos de más de 300 presos políticos capturados por el régimen después del estallido social de 2018, y asegura que solo en uno de ellos, el del reo Guillermo Sobalvarro, fue absuelto de las acusaciones en su contra, por la jueza Nancy Aguirre.
La abogada relata que el proceso “casi le cuesta su cargo a la judicial”, pero posteriormente la Fiscalía apeló la sentencia de la juez Aguirre y se dejó firme la condena en contra de Sobalvarro.
La última alternativa
El reconocido abogado de presos políticos, Julio Montenegro, detalló que en todos los casos de presos políticos se han confirmado las sentencias. Sin embargo, les corresponde a los defensores agotar las vías juridìcas nacionales.
En el caso de Navarrete, su abogado puede apelar todavìa a la “acción de revisión”, contemplada en el artículo 172 del Código Procesal Penal. Sin embargo, para ello los reos deben cumplir con siete requisitos, según la misma legislación.
Entre estos requisitos está que la “sentencia condenatoria se haya fundado en prueba falsa o en veredicto ostensiblemente injusto a la vista de las pruebas practicadas”, según el artículo 337 del Código Procesal Penal.
Si esta opciòn es rechazada, los abogados contemplan finalmente recurrir ante las instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en caso que se busque un organismo regional.
“Siempre hemos querido dejar planteado a través de los elementos de prueba, las inconsistencias en los procesos. El hecho de que las autoridades resuelvan contrario a lo contenido en el expediente, van a ser aspectos a considerar en lo que nosotros estimamos puede ser a futuro ser objeto de una auditoría a nivel externo”, explicó Montenegro.
El problema es que los casos ante estos organismos internacionales pueden tomar años en ser resueltos y es posible que muchos de los presos políticos ya hayan terminado de cumplir con las penas impuestas, para cuando eso ocurra.
“Muy difícilmente. Se podría decir que no (emitir una resolución pronto). Ahí lo que quedaría más que todo es buscar una indemnización para él (Jaime Navarrete) por todo el daño que le han causado en el tiempo que estuvo preso”, dijo el abogado Acevedo.
La doble condena contra Jaime Navarrete
Navarrete fue condenado en dos ocasiones, en lo que sus defensores consideran han sido procesos irregulares. La primera condena fue tras un juicio en octubre de 2018 cuando se le acusó de haber cometido homicidio en contra de un trabajador de la Alcaldía de Managua, que opositores señalaron de ser un paramilitar que participaba en el levantamiento de los tranques durante la llamada “Operación Limpieza”. Fue dejado libre bajo la Ley de Amnistía promovida por la dictadura.
El preso político fue liberado bajo la Ley de Amnistía aprobada por el orteguismo el 10 de junio de 2019. Fue recapturado en septiembre de 2020 y condenado por el juez Melvin Vargas a tres años y seis meses de prisión, por supuesta tenencia ilegal de armas de fuego y drogas. Esta fue la condena que fue refrendada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia este viernes.
En noviembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de Navarrete y otros 41 presos políticos que pagaban condenas en diferentes cárceles del país. Navarrete, al ser capturado, fue golpeado salvajemente por los oficiales orteguistas, según relataron sus familiares en ese entonces. Le quebraron la nariz durante la golpiza, y como consecuencia tiene problemas para respirar. Las autoridades del régimen no autorizaron que se pudiera atender en centro hospitalario.
