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El calvario de los familiares de presos políticos

María de los Ángeles Montalván “Los maltratos han sido horribles. Cuando yo llego ahí (La Modelo) comienza la humillación”

María de los Ángeles Montalván carga con dificultad dos sacos con alimentos por uno de los pasillos de la cárcel “La Modelo”. Se queda sin fuerzas y los productos se le comienzan a caer, mientras los custodios la ven con desdén y no la ayudan. Lleva la provisión para 15 días de su hermano de crianza Wilfredo Brenes, un preso político del régimen orteguista.

En el pasillo de la prisión quedaron regados varios productos. Montalván no regresa a recogerlos porque perdería el turno para ver a su hermano. Esa situación vivida por esta mujer de pequeña estatura, morena y de contextura recia es solo uno de los momentos difíciles que ella ha sufrido desde 2018, cuando su hermano fue arrestado por primera vez. En la actualidad, Brenes sufre su cuarta detención.

“Los maltratos han sido horribles. Cuando yo llego ahí (La Modelo) comienza la humillación; agarran la comida con las manos sucias o las meten en la comida que llevo; ponen canciones sandinistas cuando saben que nosotros estamos ahí; nos quitan nuestras mascarillas azul y blanco; nos tocan los pechos o nuestras partes íntimas”, relata Montalván.

Medicamentos por alimentos

Petrona del Carmen Domínguez, quien padecía de múltiples enfermedades crónicas, pasó sus últimos días de vida en el trajín de viajar diariamente de Masaya a Tipitapa —donde queda “La modelo”— para saber cómo estaba su hijo. Ella era la mamá de Brenes. Murió el pasado dos de junio.

Montalván cuenta que un día, tras largas horas de espera, su mamá se desmayó en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, hasta donde llegó para conocer el paradero de su hijo. La madre llevaba 23 días sin saber el estado de salud de Wilfredo. Esto ocurrió durante su última detención.

Presos políticos
María de los Ángeles Montalván, desde la muerte de su madre, se ha hecho cargo de visitar y acompañar a su hermano Wilfredo Brenes en su cuarta recaptura. fotografía : tomada de su Facebook.

Luego de saber la condición de su hijo, Petrona comenzó a debilitarse y desmejoró su estado de salud. Semanas después falleció; familiares y defensores de derechos humanos hicieron lo posible para que Brenes le diera el último adiós, pero todos los intentos fueron denegados.

“En ocasiones (mi mamá) dejaba de tomar sus medicamentos para comprarle la provisión, todo ese dinero iba para Wilfredo”, afirma Montalván, quien añade que ella también se ha privado de adquirir medicinas. “Dejo de comer, hasta de darles a mis hijos para cumplirle a él”.

“Estoy presa con él”

Margine Blandón, madre del preso político Jaime Navarrete, vive el encierro de su hijo desde California, Estados Unidos, lo que la obliga a “estar siempre pendiente” del teléfono “por cualquier información” sobre él.

Navarrete está preso por segunda vez, en esta ocasión acusado de tráfico de drogas. Fue detenido por primera vez en junio de 2018. Desde ese momento, su madre se convirtió en uno de los rostros visibles de los familiares de presos políticos. Ella se apostaba diariamente en los portones de “El Chipote” para exigir la libertad de su hijo.

“Hago un esfuerzo para que mi hijo tenga su paquetería, pero ellos (custodios) se la roban toda o solo le dan una parte”, dice vía telefónica Blandón, quien señala que a su hijo le cuesta respirar porque le quebraron el tabique nasal cuando lo detuvieron por última vez, el pasado 24 de junio.

“Lo que más me duele es ver todos los daños (físicos) que le han causado. Saber que está solo, en una mazmorra insalubre. Es horrible. Yo estoy presa con él”, se duele la madre.

Testimonios como el de ella se repiten en las familias de los 109 presos políticos que siguen en prisión. Sus familias han denunciado constantemente que les niegan las visitas, no les permiten ingresar medicamentos, los hacen firmar cartas en donde se comprometen a no denunciar las violaciones de derechos humanos a las que son víctimas sus familiares.

Un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, revela que en “Nicaragua persiste una práctica sistemática de las afectaciones a los derechos de los familiares (de presos políticos), consistente en hostigamientos, amenazas, intimidación y denegación de justicia”.

Según los testimonios, los familiares de presos políticos han sido víctimas de trato denigrante por parte de las autoridades estatales, incluyendo hechos de violencia sexual, despliegue desproporcionado de agentes policiales, empleo excesivo de la fuerza en el allanamiento de las viviendas, y tratos denigrantes en las visitas de sus reos políticos.

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