"El Estado está en la obligación de investigar"

La Relatoría Especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene un constante monitoreo sobre la situación de la libertad de expresión en Latinoamérica. Su relator, el uruguayo Edison Lanza, afirma que hay una preocupación por el acoso, la intimidación y la violencia que sufren los periodistas de la región, ya sea por parte de los estados, de grupos políticos o el crimen organizado. En esta entrevista con Confidencial, Lanza reacciona ante la reciente denuncia presentada por nuestra redacción en relación al espionaje político promovido desde el Ejército y el acoso por parte del Frente Sandinista, y asegura que el Estado de Nicaragua está en la obligación de investigar estos hechos. Lanza, cuya oficina está adscrita a la Organización de Estados Americanos, afirma que Nicaragua está dentro de las llamas zonas grises en la región en cuanto a la amenaza a la libertad de expresión, por el acoso, el hostigamiento, el control de la comunicación y el mantenimiento de un oligopolio en los medios audiovisuales que no permite la pluralidad en la información, ni un sano debate público, con distintos puntos de vista u opiniones. Esta es la entrevista concedida vía Skype desde Washington.

Confidencial ha denunciado acoso por parte del Frente Sandinista y espionaje político por parte de Ejército de Nicaragua, ¿cómo recibe usted y la relatoría este tipo de denuncias en un país latinoamericano?

Con una gran preocupación, porque creemos que son episodios que estaban superados en la historia de América Latina. El periodismo tiene una protección especial por parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre todo el artículo tres de la convención. Y esto no es un reconocimiento meramente teórico, significa que los periodistas deben tener la protección para ejercer el periodismo de una forma independiente, sin temor a sufrir represalias u hostigamientos de cualquier tipo y es una obligación de parte de los estados, pero también de los dirigentes políticos y los partidos, respetar el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión de los periodistas. La libertad de prensa en este sentido es una manifestación importante, esencial, en una democracia para el ejercicio de las libertades fundamentales, el control del poder, para el debate público y por lo tanto cualquier tipo de hostigamiento, cualquier tipo de amenaza, debe ser investigada por el Estado. El Estado tiene una obligación de la convención americana de adoptar medidas en relación a periodistas que están en riesgo y cuando se denuncian hechos como los que ustedes están denunciando. Hay una obligación de evitar este tipo de amenaza, hostigamiento, acoso, de identificar a los responsables y de sancionarlos. Lo que se busca muchas veces por parte de actores privados, o de colectivos, es justamente amedrentar, silenciar e impedir que la prensa cumpla con su rol, con su papel.

Ustedes han hablado de zonas grises en relación a la libertad de expresión y los derechos humanos en América Latina, ¿Nicaragua está dentro de esto que ustedes han llamado zonas grises?

Hay problemas en relación con la libertad de expresión y restricciones de distinto nivel en distintos países. En lo que respecta a Nicaragua hemos manifestado nuestra preocupación por la concentración que existe en la propiedad y control de los medios de comunicación por parte prácticamente de dos grupos, el empresario Ángel González y la familia del propio presidente Ortega, o sea que hay una falta de pluralismo e independencia de los medios de comunicación en Nicaragua, lo que reduce el debate, el periodismo de investigación. En segundo lugar está la represión, el uso desmedido de la fuerza para reprimir o limitar la protesta social o las manifestaciones en distintos ámbitos vinculados a la defensa del ambiente, por razones políticas, etc. En tercer lugar vemos que distintos periodistas extranjeros han denunciado restricciones para ingresar a Nicaragua, para reportar situaciones sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Y en cuarto lugar hay un tema de la crisis política desatada en los últimos meses a partir de la disolución de la bancada mayoritaria del partido de oposición en el Parlamento, lo que tiene que ver con los derechos civiles, políticos y con el ejercicio de los derechos políticos, pero obviamente incluye la posibilidad de que un grupo importante de legisladores hoy se ve impedido de tener una voz dentro del Parlamento. Todos estos aspectos nos preocupan y estamos siguiendo detenidamente.

¿Qué recomendaciones hacen ustedes a los estados en relación al respeto de la libertad de expresión y de prensa?

En primer lugar el Estado tiene un deber de abstenerse de intervenir en el funcionamiento interno de los medios de comunicación. No puede interferir a través de distintos mecanismos, directos o indirectos, en la independencia de los medios de comunicación. Esto se manifiesta a través del manejo de los recursos públicos, como la publicidad oficial, que no debe ser utilizada para premiar y castigar a los medios de comunicación en función de su línea editorial; pero también en remover obstáculos jurídicos como pueden ser figuras como la difamación, la injuria y el desacato, que cuando están redactadas en forma ambigua y, en general, cuando se utiliza el derecho penal para criminalizar expresiones de interés público, constituyen una forma similar a la censura, aunque esta se aplique en forma ulterior. En tercer lugar, promover la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación y combatir el oligopolio en materia de medios audiovisuales, radio, televisión, televisión para abonados y en los distintos sistemas de comunicación. En cuarto lugar, proteger a los periodistas de la violencia que puedan ejercer actores estatales o actores privados para callarlos, silenciarlos, amedrentarlos. En quinto lugar, promover el acceso a la información pública, como una garantía de todas las personas de que la información en poder del Estado tiene carácter público y es accesible tanto para los periodistas como para los ciudadanos en general. En sexto lugar, no ejercer vigilancia ilegal, ilícita, a través de la interferencia de las comunicaciones y en la privacidad de los propios periodistas, y con esto proteger sus fuentes de información; no ejercer actos de inteligencia para justamente vulnerar ese espacio de privacidad que necesitan los periodistas para funcionar. La libertad de expresión es un derecho muy sensible, es un derecho precioso para la democracia, y requiere de una serie de acciones por parte del Estado y también decisiones de no interferir, que nosotros recomendamos en forma permanente y monitoreamos en forma permanente en la región.