12 de enero 2021
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La imposición de casa por cárcel en contra de ochenta opositores nicaragüenses en Managua y otras ciudades del país responde a un actuar arbitrario de la Policía Nacional, que ha arreciado su asedio impidiendo a varias personas salir de sus viviendas o bloqueando su libre circulación, en violación a sus derechos humanos y constitucionales, sostienen juristas.
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Esta actuación policial viola los artículos 31 y 32 de la Constitución Política de Nicaragua, detallan. El artículo 31 establece que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”; y el artículo 32, del principio de legalidad, indica que “ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”.
La abogada experta en Derecho Penal y académica integrante de la Alianza Cívica, María Asunción Moreno, explica que “no existe argumento ni base legal que faculte a los agentes policiales para impedir la libre movilización o circulación de los nicaragüenses en el territorio nacional de la forma en que lo están haciendo mediante retenes, requisas y asedio que tienen como objetivo intimidar y amenazar a quienes se oponen al Gobierno”.
Obispos abordarán tema en reunión
Consultados por CONFIDENCIAL, los obispos Carlos Enrique Herrera, de la diócesis de Jinotega, y monseñor Marcial Guzmán, de la diócesis de Chontales, afirmaron que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) tiene conocimiento sobre el asedio policial contra viviendas de ciudadanos opositores y que ese tema será discutido en su próxima reunión prevista para febrero.
"Vamos a discutirlo (el tema), vamos a reunirnos en los próximos días, pero se están organizando las diócesis todavía", dijo monseñor Guzmán. Los obispos "estamos organizando las actividades (de agenda) para obtener un consenso y reunirnos como Conferencia Episcopal", agregó.
Monseñor Herrera dijo que no conoce nombres concretos de los asediados, pero que sí ha escuchado sobre la situación. Todavía "no nos hemos reunido y solo cuando hay reunión de Conferencia es que hablamos, pero vamos a exponer la realidad de lo que está pasando", subrayó.
“Casa por cárcel de facto”
La abogada María Asunción Moreno detalla que esta “casa por cárcel de facto” violenta los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos, tales como el derecho de toda persona de movilizarse o circular con libertad, expresar sus ideas, el derecho a la asociación y reunión pacífica, seguridad y libertad individual, inviolabilidad del domicilio, el debido proceso, entre otros.
Unos ochenta opositores y líderes locales y nacionales de las organizaciones opositoras sufren asedio permanente o regular de la Policía Nacional, que les impide salir de sus casas o de sus ciudades o departamentos, o bien los persigue y hostiga a donde quiera que se movilizan.
La abogada explica que “la libertad solo puede ser restringida por orden judicial, y la Policía bajo su responsabilidad solo puede retener a una persona dentro de las 48 horas establecidas en la Constitución, para presentarla ante autoridad judicial, en caso contrario, debe ponerse en libertad de forma inmediata”.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, estima que “la dictadura sigue ampliando sus modalidades de represión y violación de derechos humanos al tener a muchos opositores encerrados en sus casas, con el objetivo de impedir que la gente se organice de cara a un posible proceso electoral y para generar temor entre la población”.
El régimen, afirma Núñez, pretende sembrar el mensaje de que “es el dueño hasta de tu privacidad, de tus decisiones”.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene el asedio contra opositores en varias ciudades de Nicaragua desde el estallido social en abril de 2018. Sin embargo, desde mediados de 2020, el asedio y la modalidad de “casa por cárcel” han incrementado. El recrudecimiento coincide con la movilización de las plataformas opositoras para organizarse en los territorios ante unas eventuales elecciones y la resistencia cívica contra el estado policial.
Derecho asiste a nicaragüenses
Sobre los allanamientos ilegales realizados por la Policía Nacional, Moreno sostiene que el artículo 26 de la Constitución Política indica que toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia, incluyendo “la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo”. El domicilio, recuerda, solo puede ser allanado por orden escrita del juez competente.
Las excepciones para tener una orden de allanamiento también están identificadas por las leyes nacionales:
- Si los que habitaren en una casa manifestaren que allí se está cometiendo un delito o de ella se pidiere auxilio.
- Si por incendio, inundación, catástrofe u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o de la propiedad.
- Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas en una morada, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
- En caso de persecución actual o inmediata de un delincuente.
- Para rescatar a la persona que sufra secuestros.
Moreno reclama que al realizar estos actos sin orden judicial, la Policía “violenta los derechos individuales, sociales y políticos de los nicaragüenses que son retenidos, vigilados o impedidos de circular y movilizarse libremente en el territorio nacional”.
“La Policía al realizar estos actos incluso incurre en la comisión de delitos previstos en el Código Penal tales como detenciones ilegales, secuestros, allanamiento ilegal de domicilio, violación de la privacidad al revisar los celulares y tomar fotografías”, indicó la penalista.
En algunas ocasiones, los policías afirman a los opositores que se encuentran “resguardándolos”. Al respecto, Moreno refuta que lo que hacen es asediar, perseguir y retener a los ciudadanos “de forma sistemática, generalizada, reiterada e ilegal”.
“La Policía no está facultada para imponer casa por cárcel o evitar la libre movilización a ningún ciudadano, no existe base legal en su actuación. Los nicaragüenses vivimos en un estado de suspensión de nuestros derechos individuales, sociales y políticos, es decir —reiteró— en un estado de emergencia policial ilegal”.
