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Instituciones con webs “inútiles” y sin acceso a información pública, afirma FVBCh

En 2020 se registró un promedio de un ataque cada 30 horas en contra de la prensa independiente; 20 medios obligados a cerrar

La última década en Nicaragua ha estado marcada por “la persistencia de un entorno agresivo hacia la libertad de prensa y el acceso a la información pública” por parte del Gobierno de Daniel Ortega provocando el cierre de 20 medios de comunicación y que la mayoría de instituciones estatales no brinden información, revela estudio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).

La investigación “Estado Situacional de la Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública 2010-2020” indica que pese a que 58 de 65 instituciones públicas tienen página web, la “práctica oficial ha sido denegar la información, borrar, desactualizar y tornar inútiles los portales web de las instituciones”.

“No se ha asignado presupuesto suficiente, ni personal adecuadamente capacitado, tampoco se han creado las oficinas de acceso a la información en cada entidad implicada por la Ley de Acceso a la Información Pública en Nicaragua. Además no se suben los archivos necesarios en cada una de las instituciones”, valoró Guillermo Medrano, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la FVBCh.

Sin páginas web

El estudio señala que cuatro instituciones “todavía tienen Facebook como único mecanismo de información” y lamentó que la Presidencia de la República, Vicepresidencia, el Consejo Supremo Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) no tengan portales web para brindar información sobre su quehacer.

“Es algo único en la región, que áreas tan sensibles de la función pública no tengan sitios web. En el caso del Consejo Supremo Electoral hace poco el portal fue reactivado, luego de pasar dos años en construcción”, lamentó Medrano.

Tampoco poseen portales el Instituto Nicaragüense de Cultura y el Consejo Regional Autónomo del Caribe Norte, indica el informe.

En el caso de las alcaldías de Nicaragua, 136 (88%) de los 154 municipios no tienen página web y se limitan a tener cuentas en Facebook para informar a la población.

Las únicas 18 alcaldías con sitios web: Chinandega, Bonanza, Nandaime, Corn Island, Bluefields, San Miguelito, Telpaneca, Managua, Ciudad Sandino, Matagalpa, Murra, La Paz Centro, Ocotal, Tipitapa, Juigalpa, Jinotega, Sébaco y Nueva Guinea.

“Es lamentable que instituciones que tienen una gran responsabilidad y gastan grandes partes del presupuesto (estatal) no tengan un sitio web”, manifestó Medrano.

Los ataques y la censura

De acuerdo a la investigación el Gobierno de Ortega ha cerrado y confiscado 20 medios de comunicación en Nicaragua, aunque también han surgido al menos 27 nuevos portales digitales dentro y fuera del país “como una forma de burlar la censura y el control estatal”.

Medrano afirmó que la política oficial ha sido la de “castigar a los medios que no se someten a la narrativa oficial”, pero pese a que más de 70 periodistas se fueron al exilio y al menos 40 siguen en el exterior muchos fundaron nuevos medios “con la convicción de seguir documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua”.

Un ataque cada 30 horas

Además, explicó que durante 2020 la FVBCh documentó 360 violaciones a la libertad de prensa, entre ellos la confiscación del edificio del canal 100% Noticias, CONFIDENCIAL y la radio Comunitaria La Voz Juvenil de la Fundación del Río.

“Cada 30 horas en Nicaragua durante 2020 se cometió un agresión a la prensa independiente”, indicó Medrano.

La FVBCh lamenta la aprobación de leyes punitivas como la Ley Ciberdelitos y la Ley de Agentes Extranjeros, que “contravienen”  convenios internacionales en materia de libertad de expresión, prensa y acceso a la información pública de los que Nicaragua forma parte.

“El año pasado al menos seis periodistas fueron llevados a los tribunales por mentiras, simplemente por ejercer su derecho a informar. En el 2018, dos periodistas estuvieron presos simplemente por ejercer su derecho a informar”, manifestó Medrano.

Durante la última década “el ejercicio de la práctica periodística se ha convertido en una profesión de alto riesgo”, insistió.

La investigación documenta que desde el inicio de las protestas ciudadanas en abril de 2018, más de 61 periodistas y seis medios de comunicación han recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “sin que el Estado las haya acatado”.

En ese sentido, indican que es el país de la región “con más medidas cautelares lo que indica que algo no anda bien en la democracia del país”.

“El Estado ha implementado una estrategia por etapas para imponer la narrativa oficial, debilitar desarticular volver inefectivos y destruir la credibilidad y presencia física de los medios y periodistas independientes”, remarcó Medrano.

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