Noelia Esquivel Solano
8 de agosto 2020
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No me dejan salir. Dicen que les puedo traer el virus porque vivo en San José. Salía los sábados a medio día y regresaba el domingo, porque duermo en el trabajo. Me siento estresada, ella solo me dice que en mi día libre puedo salir a caminar cerca de la casa.
Pilar* escribió el texto anterior en redes sociales el pasado 30 de julio, cuando una organización alertó sobre la explotación laboral contra las trabajadoras domésticas en la conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas. No fue la única que hizo preguntas y dio su testimonio alrededor de la publicación.
“Tengo una amiga que tiene cuatro meses de estar encerrada y no la dejan salir porque dicen que si sale, los puede contagiar a ellos”, escribió otra mujer.
Pilar es nicaragüense y vive en Costa Rica desde hace nueve años. Vino aquí a buscar trabajo y actualmente se gana la vida limpiando, cocinando y haciendo las tareas de la casa de una familia en Escazú, una de las zonas más exclusivas de la capital tica.
En medio de la pandemia, sus jefes han limitado sus días libres y los lugares a los que puede ir fuera de horario laboral. No la dejan ir a visitar a su esposo en San José o a hacer mandados fuera de Santa Ana, porque “puede traer el virus”.
Ella podría estar siendo víctima de trata con fines de servidumbre doméstica, es decir, que la obligan a realizar el trabajo privándole de su libertad, sin pagarle un salario justo o en condiciones inhumanas e indignas.
La trata de personas ocurre cuando alguien capta o retiene a una persona y la explota para su beneficio o el de alguien más, engañándola, mintiéndole o abusando de su vulnerabilidad. Así lo explica la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). A nivel mundial, el delito es conocido como la esclavitud moderna.
Las personas migrantes, sobre todo aquellas en condición irregular, son el blanco fácil de la trata de personas porque tienen muchas vulnerabilidades: migran empujadas por la pobreza o la persecución política y, en el camino o lugares de destino, encuentran condiciones críticas para vivir y trabajar. A eso se ha sumado recientemente la emergencia por la COVID-19.
La Organización para las Naciones Unidas (ONU) asegura que la pandemia aumenta el riesgo de que las personas sean víctimas de trata porque las desigualdades sociales están incrementando, como el desempleo, la disminución de los ingresos, la necesidad de comer, de enviar remesas a familiares y de tener acceso a la salud. Y esos son algunos de los escenarios de los que se aprovechan las redes y tratantes para explotar a las víctimas, dice un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).
“[Si una persona] se quedó sin empleo, podría verse expuesta a que alguien le ofrezca opciones laborales muy tentadoras o muy positivas y, en ese contexto, termine en una situación de explotación”, explicó la fiscal contra el tráfico y la trata en Costa Rica, Eugenia Salazar, en un programa radial del Ministerio Público.
La directora del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) en Costa Rica, Karina Fonseca, también cree que las personas migrantes que conservan su trabajo durante la pandemia corren el riesgo de sufrir explotación o agravar su condición con el riesgo de contagio como excusa.
“La emergencia sanitaria genera una justificación para que los patronos restrinjan la libertad de las empleadas domésticas en su día libre, porque si sale, puede exponerse y exponer a la familia a un contagio”, ejemplifica.
Las personas nicaragüenses ya de por sí suelen dedicarse a labores que representan un alto grado de informalidad: agricultura, construcción, comercio y labores domésticas. “Han estado en una situación de mayor vulnerabilidad a nivel social, económico y hasta político'', explica en su oficina en San José Sandra Chaves, la gestora de la Coalición Nacional de Trata y Tráfico de Personas (Conatt) de la Dirección General de Migración y Extranjería.
“(Esa vulnerabilidad) es la presa más fácil que tienen las redes de tratantes para obtener a seres humanos para ponerlos a explotar”, agrega.
Chaves enlista algunos de los tipos de trata: extracción ilícita de órganos, adopción irregular, explotación sexual, explotación laboral, servidumbre doméstica.
A partir de 2012, Costa Rica lleva un registro de las víctimas de trata, que incluye tanto las personas que son explotadas como las que son dependientes de esas víctimas, usualmente sus hijos. Es una labor que lidera la Conatt, en la que participan 21 instituciones estatales como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia y la Caja Costarricense del Seguro Social.
Desde entonces y hasta mayo de 2020, contabilizan un total de 250 víctimas de trata en Costa Rica. Después de los ticos (51.2%), la nacionalidad con más registros es la nicaragüense (25.6%).
Pilar dice que su jefa la amenaza con despedirla si en sus días libres se va lejos de la casa donde trabaja. “Si le digo que me deje ir, solo me dice: ‘Si se va, aquí no vuelva’. Me siento chantajeada porque me pongo a pensar ‘pierdo el trabajo, ¿dónde hallo otro? Mejor me quedo’. ¿Eso es legal?”, se pregunta Pilar, confundida pero con un profundo miedo de quedarse sin trabajo y sin ingresos.
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Cuando empezó esto, estuve haciendo un trabajito pero en veces digo yo que se aprovechan de que uno es nicaragüense. Yo entraba a las 6:00 a. m. y me sacaban en veces a las 10:00 p. m. Pasaba todo el día de pie lavando trastes, haciendo frescos, atendiendo mesas. No me sentaba ni me daban tiempo para comer.
Carmen* vino a Costa Rica en medio de la crisis sociopolítica de 2018 en Nicaragua. Llegó con sus dos hijos y su esposo, solicitaron refugio y se los dieron. Sin embargo, siente que ha sido imposible conseguir empleo.
Al inicio de la pandemia, la contrataron en una soda en La Cruz de Guanacaste, pero poco a poco se fue dando cuenta de los malos tratos: no le daban tiempo para comer ni para sentarse, y trabajaba en jornadas de hasta 16 horas.
Decidió renunciar, aunque a veces siente una presión enorme porque ni ella ni su esposo tienen trabajo.
“Ahorita con esto todo está más duro, porque hay momentos en que mis hijos me dicen ‘quiero comida o quiero un helado o quiero algo’; uno trata de buscar dónde consigue y tal vez lo poco que uno consigue es para medio comer”, relata afuera de su chocita de madera cerca de la frontera de Peñas Blancas.
Chaves, de la Conatt, se pone en los zapatos de las personas con necesidad extrema y afirma que es lamentable, pero entendible, que terminen en situaciones de explotación en medio de contextos de crisis. “Si yo soy madre soltera (...) y no tengo con qué [mantener a los hijos], voy a aceptar cualquier trabajo”, dice.
También agrega que “entre mayor cantidad de migrantes en Costa Rica y en situación de pobreza extrema o de necesidad, vamos a ver posiblemente un incremento en las situaciones de trata”.
En el 2019, un año después de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la Conatt registró una duplicación en la cantidad de víctimas nicaragüenses con respecto al año anterior. Sin embargo, no es suficiente para afirmar que la crisis nicaragüense propició el aumento en el registro.
Primero porque, según Chaves, en algunos casos la identificación de víctimas no es inmediata, es decir, el evento o la situación de trata puede identificarse hasta mucho tiempo después, o incluso no identificarse nunca. Segundo, porque el registro de víctimas no es un reflejo cercano a la realidad, ni en el contexto de la crisis ni en una situación normal o cotidiana. Hay un subregistro de las personas que están siendo explotadas.
Ella llama a ese subregistro “la cifra negra”. Algunos organismos afirman que por cada víctima que se identifica, hay cinco o 20 no identificadas, dice ella. “Entonces, yo no me atrevería a decir cuántas víctimas hay de subregistro, pero lo que sí le puedo garantizar es que lo que hemos acreditado [o registrado] es la punta del iceberg”.
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Se encontraron baches [dormitorios] de 3x3 metros donde vivían hasta nueve trabajadores y otros de 6×6 donde habitan hasta 25 personas, que dormían en camas de formaletas y colchonetas en el suelo, además de dos baños para 100 personas, y largas jornadas laborales.
Se les indica que van a ganar 3000 colones por saco de naranjas recolectadas, además indican que el trabajo incluye la alimentación, sin embargo cuando son traídos al país esas condiciones cambian.
Así describió en 2013 el entonces director de la DGME, Freddy Montero, a una red que explotaba laboralmente a nicaragüenses en Santa Cecilia de La Cruz, en Guanacaste.
La empresa dedicada a la cosecha de naranjas aprovechó la cercanía con la frontera, la facilidad de cruzar por puntos ciegos y la mano de obra barata. Montero comentó que los migrantes eran contratados por cuatro empresas que prometían empleos en dos radioemisoras de Nicaragua.
En otra ocasión, en 2017, la Policía de Migración desarticuló una red que explotaba sexualmente a seis mujeres nicaragüenses en Upala, provincia de Alajuela, que también es una zona fronteriza con grandes terrenos dedicados a la agricultura.
El investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) especializado en temas migratorios, Carlos Sandoval, cree que el control policial en las fronteras propicia un escenario fértil para que incremente el delito de la trata de personas, “sobre todo considerando que las y los migrantes nicaragüenses mantienen la urgencia de venir a Costa Rica a trabajar en los campos agrícolas” y que, por otra parte, “la economía costarricense requiere a las personas nicaragüenses”.
La población migrante en Costa Rica —en su mayoría nicaragüense— aporta 12% al Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo para Sandoval y para Chaves, de la Conatt, hay un problema en la estructura empresarial: “Seguimos creyendo que a nivel agrícola, de industria, de construcción, le estamos haciendo un favor a una persona migrante que vamos a contratar sin los derechos mínimos como trabajador”, dice Chaves.
De hecho, algunos de los “destinos de lujo” para las redes de trata son las que tienen grandes extensiones de tierras dedicadas al sector agropecuario. Pero otros sectores con bastante relevancia son las zonas fronterizas, las costeras y las que son turísticamente atractivas. Guanacaste, precisamente, reúne todas esas características y por eso es considerado como tierra fértil para el delito por las instituciones y organizaciones que trabajan en materia de migración y trata.
Según el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, con sede en Madrid, Costa Rica es el país más famoso para el turismo sexual, sobre todo con clientes de América del Norte.
Chaves coincide en que, lamentablemente, uno de los ganchos utilizados por las redes es que el país no es solo un paraíso natural, sino también un atractivo para el turismo sexual y que, por eso, las zonas costeras son también un foco de situaciones de explotación con fines sexuales. “Zonas como Jacó y Tamarindo”, ejemplifica ella.
Los datos de Costa Rica y el mundo, arrojan que las mujeres son las principales víctimas del delito de trata, sobre todo con fines de explotación sexual. De las 64 víctimas de trata nicaragüenses registradas en el país, al menos 44 fueron víctimas de explotación en situaciones sexuales.
Según la fiscal contra la trata y el tráfico, Eugenia Salazar, las redes y los tratantes con fines sexuales están adaptándose a la nueva normalidad pandémica. “Antes, de alguna manera, habían aspectos más visibles: en un bar equis, en una sala de masajes, que ponía su mampara de que era un bar y lo que funcionaba era un centro de explotación”, ejemplifica Salazar y agrega que por las restricciones actuales todos esos lugares están cerrados.
“Entonces la forma en la que este delito está operando es más privado y más clandestino de lo que teníamos antes. La mayor cantidad de esta actividad se está desarrollando a través de redes sociales. Por ejemplo, una chica que ofrece clientes a través de una red social”, agrega.
Fue traída de Nicaragua como de nueve años. A ella la abusaron, la explotaron sexual y laboralmente. En este momento oye, por ejemplo, un vidrio quebrándose y le dan unos flashbacks terribles porque lo relaciona a un momento en el que a ella la estaban torturando. Se arrancaba los dientes del estrés y perdió su dentadura. Esta persona puede andar rondando los 40 años y no sabe escribir ni usar un cajero.
Así recuerda la trabajadora social, Marcela Barrantes, uno de los casos de trata con fines de explotación sexual que más la impactó. Barrantes fue funcionaria de Rahab, una fundación que atiende víctimas de abuso, explotación y trata con fines sexuales y que realizó capacitaciones y atendió a víctimas durante más de un año en La Cruz de Guanacaste.
“Las secuelas que deja ese tipo de situaciones son graves y son muy difíciles de superar. A veces nunca se superan”, afirma, y suma a la lista de heridas las enfermedades de transmisión sexual y hasta el desprendimiento de órganos internos.
Para ella y para la gestora de la Conatt, Sandra Chaves, es fundamental que las comunidades enciendan todas sus alarmas para ver más allá de situaciones “normalizadas”. Por ejemplo, en La Cruz hay muchos casos de abuso sexual y de relaciones impropias que en ocasiones son la antesala de la explotación y la trata, dice Barrantes.
Chaves también cree que hay que “dejar de hacer como si no pasara nada” y que la población debe ser responsable y atreverse a denunciar ante cualquier tipo de violencia o situación inhumana. Añade que la denuncia es confidencial y que como ciudadanos, no tenemos que hacer una investigación previa para sustentar o justificar nuestra denuncia.
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*Pilar y Carmen son nombres ficticios. Nos reservamos sus nombres por motivos de seguridad. El periodista Maynor Salazar colaboró en el reporteo de esta publicación.
Este reportaje es una publicación simultánea de La Voz de Guanacaste y Confidencial, publicado también con el título: “Pandemia en esclavitud: el riesgo en aumento para los nicaragüenses en Costa Rica”
Usted puede denunciar situaciones de trata en Costa Rica a los teléfonos 2290-2703 / 2290-2723 / 2290-2734 o al correo [email protected]
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