12 de junio 2020
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María Esperanza Sánchez García, una activa opositora al Gobierno de Daniel Ortega, estaba en una “casa de seguridad” en Managua, cuando un convoy de policías ingresó a aquella vivienda y la capturó el domingo 26 de enero de 2020. Los oficiales no presentaron ninguna orden de captura. Tampoco le notificaron cuál era su delito. La orden ejecutada fue allanar la vivienda, capturar a la activista y trasladarla a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote.
Este secuestro no es un hecho insólito en Nicaragua. Entre julio de 2018 a enero de 2020, se han registrado 8947 agresiones a opositores, según el Monitoreo Azul y Blanco, un grupo organizado para documentar las detenciones y agresiones a los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a raíz de la represión contra las protestas de abril de 2018.
Las detenciones se realizan con amenazas, hostigamiento, golpizas y persecución de parte de la Policía, y también de simpatizantes del régimen, que actúan al amparo de la represión contra la protesta cívica y el estado policial de facto, impuesto en septiembre de 2018. El objetivo es cualquier opositor que intente organizarse en contra del Gobierno, y los presos políticos excarcelados están expuestos en primera fila.
Una investigación de CONFIDENCIAL confirma que entre abril de 2018 y mayo de 2020, 853 nicaragüenses han sido encarcelados por su oposición al régimen, y 86 de ellos permanecen en las cárceles de la dictadura. Para decenas, la cárcel también se vive más allá de las rejas.
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Tres de cada cinco excarcelados obligados a desplazarse
El equipo del Monitoreo Azul y Blanco identifica un “cambio en el patrón represivo” del régimen y sus seguidores: “Cuando el régimen siente que se agota un modelo de represión, como fue el de los (325) asesinatos durante las protestas, cambia las estrategias. Entonces ahora trata de amedrentar y de contener futuros procesos organizativos”, asegura Ana Lucía Álvarez, integrante de la organización cívica.
En 2019, 147 excarcelados políticos fueron encuestados por el equipo de Monitoreo Azul y Blanco, para conocer cuántos habían tenido que desplazarse internamente: tres de cada cinco respondió que han tenido que dejar sus hogares debido al asedio, un 43% de ellos jóvenes entre 19 y 25 años de edad.
Otros también se ven obligados a dejar sus ciudades para proteger a sus familias: el 35% de los ataques reportados son dirigidos al núcleo inmediato de los excarcelados: padres, madres, parejas, hijos, hermanos.
Los departamentos donde más se reportan estas agresiones son Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, Estelí y León.
Gerson Suazo, de Chichigalpa; Ana Cecilia Hooker, de Somoto, y Nelly Roque Ordóñez, de Matagalpa, relatan a CONFIDENCIAL cómo intentan vivir después de su excarcelación.
“Mi casa en Chichigalpa está abandonada”
Gerson Suazo fue capturado y hostigado por oficiales de la Policía Nacional que antes comían en la mesa de su casa; la misma que tuvo que abandonar
Desde que Gerson Suazo se integró a las protestas cívicas de abril 2018, en su natal Chichigalpa, en el occidente del país, el gobernante Frente Sandinista lo tuvo en la mira. Lo amenazaron y hostigaron. No perdonaron que este muchacho integrante del Movimiento Guardabarranco, adscrito a la Juventud Sandinista, se integrara a los autoconvocados que se alzaron contra el régimen. El señalamiento de “traición” en su contra se agravó aún más por ser hijo de un comisionado de la Policía Nacional, fallecido en 2015.
“Cuando me apresaron, los mismos policías que antes eran subordinados de mi papá, y se sentaban en la mesa de mi casa, me decían que era un traidor”, recuerda Suazo. El joven fue capturado en octubre de 2018 y liberado en abril de 2019. Cuando celebraba con su familia que había salido de prisión, la Policía llegó a espiarlo. El hostigamiento fue en aumento, hasta que un día los oficiales patearon el portón y dispararon a la casa.
Suazo dejó Chichigalpa. “Mi casa está abandonada desde entonces”, lamenta.
Al joven de 26 años le consiguieron albergue en casas de seguridad en Managua. Cuando volvía a Chichigalpa, la persecución era recurrente, porque sabían que estaba involucrado abiertamente en la organización de los excarcelados políticos y piquetes o protestas. “Decidí no volver más a mi ciudad, porque me dije que no podía perder más tiempo en una cárcel, cuando no he cometido delitos”, relata el excarcelado.
La familia Suazo también tuvo que abandonar la casa, y desde entonces los problemas económicos han aflorado. “He logrado vivir gracias al apoyo de la gente, que te da comida y a veces dinero. Mi mamá a veces logra mandarme dinero. Es estresante porque a partir de la crisis yo perdí un negocio de comida rápida y un conjunto musical, así como mi cuarto año en la carrera de Psicología Clínica”, detalla.
Suazo fue uno de los organizadores de las protestas en la Universidad Centroamericana (UCA) a principios de 2020. Cuando la Policía comenzó a reprimirlas, el excarcelado político fue uno de los primeros señalados. “Al parecer alguien puso una denuncia de que le había robado 600 pesos, y aparecieron afiches con mi nombre y rostro que decían ‘Se Busca’. Luego, mi abogada confirmó que había una orden de captura en mi contra”, relata Suazo.
Cuando se enteró de la orden de captura, el universitario se exilió en Costa Rica. Lo movió una sencilla, pero poderosa razón: no volver a la cárcel. “Me vine en febrero a Costa Rica y ha sido duro. He desarrollado un trastorno de ansiedad entre tantas dificultades, pero para mí —valora—, es un orgullo ser excarcelado. Siento que algo le dejo a mi país”.
“Uno vive con el estigma de ser excarcelada política”
Para evitar el hostigamiento, Ana Cecilia Hooker permanece recluida. “De cierta manera —reflexiona— es como que nunca ha dejado de estar presa”
Luego de tres meses detenida en las celdas de El Chipote, Ana Cecilia Hooker fue excarcelada el 27 de febrero de 2019. Desde el día que llegó a su natal Somoto, el hostigamiento en su casa de habitación comenzó para no cesar: policías rondan y vigilan la vivienda de esta activista social, en especial cuando la oposición llama a protestas. De forma regular, simpatizantes sandinistas y civiles armados fotografían a las personas que llegan a visitarla. También debe lidiar con amenazas en redes sociales, e incluso a amenazas de muerte contra su hija. Un estado de opresión que, confiesa, a veces la ahoga.
Hooker ha soportado todo esto desde que fue excarcelada. “No he podido estar tranquila en mi casa, aquí en Somoto”, lamenta la mujer. “Tuve que desplazarme a vivir a Managua para que dejen a mi familia en paz, porque era demasiada la necedad, el hostigamiento. Sobre todo el acoso dirigido a mi hija, que es una adolecente”.
Durante los primeros meses de desplazamiento, Hooker no viajó a Somoto. Se mantuvo en Managua, pero en la capital también tuvo problemas. No directamente con la Policía o parapolicías, sino con el “estigma de ser excarcelada política”.
Una noche estaba en la vivienda que alquilaba en Managua, cuando el propietario llegó a las 7:30 de la noche para desalojarla de inmediato. ¿La razón? Ese día una fotografía de Hooker salió en un diario nacional, ilustrando un artículo sobre presos políticos.
“El dueño me dijo que debía desalojar de inmediato, porque no quería problemas. Lo entendí, porque uno vive ahora con ese estigma de ser excarcelada política. Menos mal alguien me apoyó esa noche. Pero esta situación ha sido desgastante emocionalmente, y económicamente espantosa”, relata Hooker.
La excarcelada política ha buscado trabajo, pero por la misma razón se le ha dificultado. Lleva el “estigma” que tanto le molesta. Aunque las personas muestran empatía con ella, al final esta no se materializa en ayudas concretas.
“Más grave que la persecución, es que la gente te trata con pesar; te ven con lástima. Eso me ha afectado más emocionalmente”, asegura. “En Somoto somos un pueblo pequeño. Cuando salís a la calle a hacer una gestión, sea médica o al supermercado, la gente te pregunta que si puedo andar en la calle porque tengo casa por cárcel según la Ley de Amnistía. Todo eso me ha limitado laboralmente. La gente te apuntan sin saber por qué”, cuestiona.
Hooker tuvo que regresar a vivir a Somoto por problemas económicos. No solo ella ha sufrido el hostigamiento oficial, sino también su familia. Para evitarles molestias a sus seres queridos, trata de salir lo menos posible de la vivienda. No asoma ni la nariz. De cierta manera, asegura, es como que nunca ha dejado de estar presa por razones políticas.
“No tenés tranquilidad ni en tu casa ni en la calle”
La excarcelada política Nelly Roque aún no logra conseguir un empleo o retomar su vida. “Te cierran las puertas para no tener problemas”, lamenta
Ilustración: Juan García | Confidencial
Nelly Roque Ordóñez, fotógrafa de oficio y agrónoma de profesión, supo que el acoso sufrido por sumarse a las protestas contra el Gobierno no acabaría el 15 de marzo de 2019, cuando fue excarcelada.
Salió de la prisión de mujeres La Esperanza rumbo a Matagalpa y sintió miedo y estrés, porque allí estaban los policías y paramilitares que ya la habían acosado antes, y fueron los encargados de perseguirla hasta encarcelarla.
“Desde ese día, vivo con sentimiento de vulnerabilidad”, describe la joven de 29 años. “Por el acoso de los paramilitares en Matagalpa o porque la Policía me detenga en cualquier momento”, detalla.
Para sortear los temores, Roque alterna las casas de seguridad, porque siempre está involucrada en la organización política contra el régimen. Al igual que con otros líderes y excarcelados políticos, cuando hay fechas conmemorativas como el 18 de abril, por ejemplo, los policías se instalan en las afueras de su vivienda para intimidarla o impedirle salir.
“Es terrible vivir estresada. No podés hacer nada con libertad porque te sentís vigilada. Cuando salgo a la calle siento que alguien me mira, que me persiguen… No podés tener tranquilidad ni en tu casa ni en la calle”, reclama.
Roque, antes de la crisis de abril, trabajaba como fotógrafa independiente en Matagalpa. Pero ahora se le hace imposible concertar trabajos. “Te tachan de opositor y algunos negocios te cierran las puertas para no tener problemas”, afirma la joven. “La gente tiene medio de acercarse, y eso ha pasado hasta con mis amigos. Me ha afectado mucho”, agrega la excarcelada política, quien ante la falta de empleo vive del dinero que le da su mamá. “Estoy sin independencia, limitada”, lamenta.
La Fiscalía del régimen Ortega-Murillo le impuso a Roque dos causas penales, y le endilgaron varios supuestos delitos, como crimen organizado, robo, secuestro, tenencia ilegal de armas y hasta terrorismo. Una condena era por 71 años y la otra por 22. Toda una aberración para organismos nacionales e internacionales que velan por la defensa y el respeto de los derechos humanos.
“Eso te marca. Como excarcelados políticos no tenemos una vida normal. Sobrevivimos al régimen, y en esa sobrevivencia no podemos desarrollarnos como personas. Ni trabajar ni estudiar, menos en instituciones públicas. Estamos vetados. No tenemos acceso. En síntesis —denuncia—, no tengo una vida como tal”.
*Este reportaje es parte de la serie especial de CONFIDENCIAL: “Presos políticos de Nicaragua”
