Migrantes

Migrantes nicas en España trabajan en precariedad para mantener a sus familias en Nicaragua

De empleadas domésticas “internas” o temporeros en el campo, los nicas en España son víctimas de explotación, mientras el Estado ve hacia otro lado

A las 4:40 de la tarde del 27 de agosto bajo un cielo nublado aterrizó un avión procedente de Madrid, España, en la pista del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua. En él, regresaba el cuerpo de Eleazar Blandón, tras varias semanas de coordinación para repatriarlo tras su trágica muerte. 

Un año atrás en ese misma pista había despegado un vuelo en el que iba Eleazar decidido a “cruzar el charco” para buscar trabajo y enviarle dinero a su familia en Jinotega.

Recién llegado a España, empezó a trabajar en Almería como repartidor de agua embotellada, pero llegó la pandemia del coronavirus y le despidieron, así que tomó un empleo como “temporero”, en el campo recolectando sandías en el sur del país, en la ciudad de Murcia. Trabajaba jornadas extenuantes bajo intensas temperaturas, recibiendo humillaciones y sin acceso a agua potable, hasta que un día se desmayó, sufrió un “golpe de calor” y horas más tarde fue abandonado en la entrada de un centro de salud donde lo declararon fallecido. 

La historia consternó a España y a Nicaragua, pero sobre todo a su ciudad natal. Sus seres queridos le prepararon una despedida con grandes honores. La banda musical a la que perteneció preparó un concierto, después su féretro desfiló en medio de la noche por las calles hasta llegar al cementerio. 

Tras la repatriación, el homenaje a Eleazar Blandón en Jinotega incluyó una serenata de sus compañeros de la escuela de música a la que perteneció. // Foto: Cortesía.

Los nicas en España siguieron la noticia en los medios y en las redes, algunos, inclusive sintieron temor al pensar “pude haber sido yo”. 

57 000 nicaragüenses viven en ese país, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de España. La mayoría, más de 40 000, son mujeres. La migración de nicas hacia España empezó a crecer en 2007 hasta convertirse en el tercer principal destino después de Costa Rica y Estados Unidos. 

Al principio, la razón principal que llevaba a las mujeres, muchas de ciudades del norte de Nicaragua, a migrar tan lejos, era la falta de empleo y oportunidades. Vieron el trabajo doméstico y el cuido de adultos mayores y niños como fuente de empleo para ganar euros que enviar a sus familias; pero tras la represión estatal de las protestas ciudadanas de abril de 2018 empezaron a llegar más hombres. 

De julio de 2018 en adelante llegaron más de 25 000 nicaragüenses escapando de la persecución política del actual Gobierno, y de la crisis política económica y social. De ellos, casi 6000 han solicitado asilo, según la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior de España, siendo Nicaragua el cuarto país con mayor número de solicitudes.

La mayoría trabaja en cuidado de personas mayores, como “canguro” (es decir, de niñeras), como empleadas domésticas, en agricultura, construcción y limpieza, registró un censo levantado recientemente por la Asociación Nicaragüita, que recogió en abril pasado la información de más de 3000 migrantes nicas. 

Hace un par de semanas se presentó un estudio realizado por Cáritas Española y el Instituto de Migraciones de la Universidad P. Comillas que revela que el 75% de los migrantes en España desempeña trabajos elementales y precarios, reportó el diario El País.

Se fueron de su país, por falta de trabajo, falta de derechos. En el extranjero, aunque logran encontrar empleo, sufren también porque no se respetan sus derechos. Tras la muerte de Eleazar, cuatro nicaragüenses en España decidieron compartir con CONFIDENCIAL vía videoconferencia sus testimonios sobre la explotación que han vivido. 

El trabajo de las internas: “esclavismo en el Siglo XXI”

Frania Barboza, nica en España, llegó hace 14 años. Es originaria de San Miguelito, Río San Juan. //Foto: Cortesía

Frania Barboza llegó hace 14 años a Barcelona a trabajar como empleada interna para una pareja de adultos mayores, pero renunció luego de que el nieto de sus empleadores intentara agredirla físicamente. Ese fue el detonante; pero, además, sentía que no tenía vida propia.

Residir en la casa en la que trabajaba implicaba que debía estar disponible las 24 horas, los siete días de la semana. No podía ni salir, a menos que fuese para hacer mandados. “En el momento que iba a comprar el pan, aprovechaba para depositar, enviar el dinero a Nicaragua o llamar a mi hija. Esta es esclavitud en el mero siglo XXI, decía yo”. 

Con 600 000 trabajadoras, España es el país europeo con mayor número de empleadas domésticas, el 42% son migrantes. Del total, más de la tercera parte no está inscrita ante la Seguridad Social, es decir trabajan “en negro”, como fue el caso de Frania cuando recién llegó, porque no poseía documentación. Ganaba por debajo del salario mínimo, sin ninguna prestación, ni vacaciones y trabajando sin el debido descanso de doce horas entre jornadas. 

Después del intento de agresión hacia ella, Frania prefirió irse y tuvo que dormir en un parque por un par de días. Siguió buscando trabajo, en varias ocasiones los abusos se repitieron, incluso hoy día que ya posee la nacionalidad española, su jefa la despidió de su último trabajo sin notificarle y sin pagarle sus prestaciones.

“Somos el sector más vulnerable. Por seguridad social pagamos 200 euros y aún así no tenemos derecho a paro si nos quedamos sin empleo”, ejemplifica. El paro es una ayuda económica que entrega el Gobierno a las personas desempleadas, pero no incluye a las trabajadoras del hogar. Esa exclusión les ha afectado sobre todo en el actual contexto de la pandemia, cuando muchas han sido despedidas debido al confinamiento, se han quedado sin ingresos y no cuentan con este apoyo estatal. 

Frania salió de San Miguelito, Río San Juan, previo a las elecciones presidenciales de 2007. Trabajaba con el Partido Liberal Constitucionalista, que en ese momento gobernaba, como supervisora de proyectos, pero temió perdería su trabajo con el cambio de Gobierno, así que renunció y emigró para darle una mejor vida a su familia. 

Sabe que con ese mismo anhelo salen miles de nicas como ella, por eso les ayuda a ubicarse en empleos cuando recién llegan a España y les aconseja, para que no permitan abusos ni violaciones a sus derechos, pero muchas de ellas aceptan, por la necesidad, aceptan ganar 700 euros cuando el salario mínimo es de 950.

La precarización del empleo doméstico en España tiene raíces profundas. Para la española Kary Jerez, presidenta de la Asociación de Empleadas de Hogar de Navarra, al Estado le conviene la falta de regularización del sector. “Nosotras en España somos muy baratas. Sale baratísimo que las migrantes cuiden a personas mayores. Por 900 euros una persona está interna con esa persona mayor, cuando en una residencia le cuesta a la familia o a esa persona mayor unos 2500 euros”, expone. Para ella, además, hay un trasfondo machista, se subvalora el trabajo doméstico por ser históricamente un trabajo “de mujeres”. 

También existe un componente de racismo, porque muchas domésticas migrantes sufren rechazo, insultos y maltrato de sus empleadores que les tratan desde un sentido de superioridad, considera Frania. “A una conocida su empleadora la trataba de ‘mona'”, recuerda.

La nicaragüense sigue hoy día trabajando como empleada doméstica, también como cuidadora, pero exige se cumplan sus derechos. Pertenece a sindicatos y se asesora para denunciar si hace falta. Lo ha hecho en tres ocasiones y ha ganado. Además ha tomado cursos de repostería y acaba de empezar un negocio de repostería nica. Ya está vendiendo picos y tiene listo el logotipo del negocio que espera ver crecer. 

Su plan es volver un día a Nicaragua, quizá dentro de unos cinco años, calcula, una vez que el país cambie de Gobierno, esté en democracia y recuperado económicamente, tras la crisis sociopolítica que vive actualmente. Por ahora piensa ahorrar, para regresar y poner un negocio, asegura. 

De uno y “mil anuncios”

Darwin Pérez, salió de Nicaragua debido a la crisis que estalló en abril de 2018. Sufrió maltrato, explotación y lesiones en sus manos cuando trabajaba en una escuela de equitación. // Foto: Cortesía

Darwin Pérez, su esposa Jeimy y su hija de siete años salieron de Nicaragua en abril de 2018 en medio del caos de las masivas protestas ciudadanas contra el Gobierno y la respuesta represiva ejecutada por policías y civiles armados sandinistas. 

Tanto él como Jeimy trabajaban en sus profesiones. Él, en el área Comercial de una empresa y ella como socióloga ejecutando proyectos de organizaciones de sociedad civil en comunidades rurales. 

Ambos estaban en desacuerdo con la represión gubernamental y tenían mucho temor por lo que se venía en el país. “No queríamos estar en un lugar con muchas inseguridades, no solo económicas, sino también sociales”, explica Darwin. 

Siempre habían considerado emigrar para darle mejores oportunidades a su hija, hoy de nueve años, y los hechos de 2018 les animaron a tomar la decisión. Hoy viven en Oropesa de Toledo, Darwin trabaja en el área de redes sociales de una empresa de mercadeo digital y Jeimy como cuidadora de una pareja de adultos mayores. 

Ambos tienen contratos, están inscritos ante la Seguridad Social, reciben todas sus prestaciones y salarios según la ley, gracias a que hoy día tienen permiso de trabajo. El día que les entregaron los documentos sintieron una alegría inmensa. “Sentíamos que con eso habíamos avanzado cinco años y saltado cualquier barrera”, dice Jeimy. Antes la habían pasado muy mal. 

Recién llegados, sin papeles era misión imposible buscar trabajos de calificación media o alta. Ser profesionales no les servía de mucho. Recurrieron a milanuncios.com, un sitio web famoso por hallarse allí toda clase de opciones laborales para migrantes con o sin documentos. 

Fue allí que encontraron un trabajo en una escuela de equitación. Junto a su hija se mudaron a la finca. Recibían el salario de una persona por el trabajo de ambos y Darwin fue sometido a jornadas largas y peligrosas. “Se hacía mantenimiento de la finca como tal, limpiar los patios o pintar, darle mantenimiento a los arbustos. Trabajaba fácilmente doce horas o más. Había momentos en que llegaba a las ocho de la mañana y llegaban las once y estaba ahí”, recuerda Darwin.

A medida que pasaba el tiempo era sometido a trabajos más pesados y riesgosos. “Actividades de altura sin ningún tipo de equipo, tenía que utilizar herramientas de cortes sin protección, manejar un tractor sin ningún entrenamiento. Estuve en verano trabajando muchísimas horas bajo el sol, excavando hoyos para sembrar plantas ornamentales”, describe. 

En ese proceso sufrió una lesión que le impedía mover las manos. “Tuve que ocultarlo para no perder el empleo. Tuve un latigazo cervical por un jalón de un caballo y luego la retracción de los tendones en las manos. Prácticamente las manos no podía moverlas. Una vez que comenzaba a trabajar las manos se calentaban y era un poco soportable, pero al llegar a la cama yo sentía que no podía más”. Al ser indocumentado y carecer de dinero para ir a un médico privado, Darwin no tenía más opción que automedicarse y soportar el dolor. 

El día que decidió irse fue cuando su empleador comparó su vida con la de un cerdo. “Me pusieron a sostener un jabalí que habían cazado. Era un animal de 200 libras y no podía sostenerlo con mis manos por mi lesión. El tipo se enfadó porque estaba atándolo para la matanza y el animal se me cayó. Fue entonces que me dijo ‘Vaya que, si has muerto, hubiéramos tenido que enterrar a dos cerdos’. En ese momento pensé que teníamos que buscar dónde irnos. Para él no valía ni como trabajador, ni como humano”.

Cuando Darwin leyó sobre la muerte de Eleazar se sintió muy mal. “Yo sé que es trabajar bajo el sol, lo que es trabajar muchas horas. Entendemos que tenés que hacer el trabajo porque es la opción que hay, no tenés otra. Se aprovechan de eso”. 

“Nos tratan como si no fuéramos humanos”

Ivonne Toledo, en su tiempo libre aprovecha para conocer un poco del país en el que se exilió. // Foto: Cortesía.

“Fui, como dicen allá, ‘sapo’, ‘perro fiel seguidor’”, comenta Ivonne Toledo, nicaragüense residiendo en el norte de España. Trabajó durante seis años en Canal 13, propiedad de la familia Ortega Murillo, primero como jefa de piso y luego como presentadora de farándula. 

En 2017 renunció, estaba en desacuerdo con las políticas del medio, incluyendo que debía asistir a actividades partidarias y publicar mensajes en sus redes obligadamente. “Cuando se comenzaron a levantar los muchachos a partir del 18 de abril, ese fue el día que yo estallé y dije ‘no más’”.

Toledo se unió a las manifestaciones contra la represión gubernamental y pronto fue objeto de acoso en redes sociales, sobre todo de fanáticos sandinistas que le reclamaban “la traición”.

Las amenazas y el asedio fueron creciendo, la seguían motorizados hasta su casa para amedrentarla tras participar en marchas, publicaron su dirección, teléfono y datos personales en redes con instrucciones de hacerle daño. Estaba deprimida y vivía con el temor de ser apresada o asesinada, así que decidió irse del país. 

Toledo tuvo que dormir a la intemperie y soportar frío para solicitar asilo en dos ocasiones: primero, cuando llegó en julio de 2018 a Costa Rica y tuvo que hacer fila junto a centenares de nicaragüenses que se aglomeraban afuera de las oficinas de Migración en San José. Estuvo unas semanas en el país vecino, pero conseguir empleo fue imposible, así que por recomendación de una amiga se fue a Europa. Llegó a Madrid, España, donde nuevamente le tocó esperar su turno durante dos días en la calle, bajo un frío de cinco grados centígrados, para lograr una cita de solicitud de asilo. 

Toledo cuenta que durmió en estaciones de metro, a veces en casas de conocidos, luego sobrevivió gracias al apoyo de organizaciones humanitarias. Hasta septiembre del año pasado logró obtener su permiso de trabajo, pero no fue fácil conseguir empleo. 

Trabajó un tiempo como “temporera” recolectando arándanos. Las altas temperaturas y las largas jornadas le provocaron un desmayo en una ocasión. “Nos íbamos desde las siete de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. “Hubo un momento en el que yo primero sentí como una cosquilla en la nariz y era que tenía sangre, y yo me asusté. Me desvanecí totalmente, se me bajó la presión y me tuvieron que agarrar porque estaba helada, helada, fatal. No tuve ninguna asistencia médica para nada, descansé un rato y seguí cortando”, recuerda. 

Al tiempo a Toledo la despidieron. No le pagaron todos los días que había trabajado. El empleador le dijo que no quería quería trabajar con mujeres, “que para eso tenía hombres trabajando, hombres rápidos”, cuenta. 

Luego trabajó de camarera en un restaurante por las noches, por una jornada de ocho horas le pagaban 30 euros, es decir unos 600 euros mensuales, 350 menos que el salario base. 

En medio de la pandemia, ha sido difícil encontrar trabajo, pero la joven nicaragüense es optimista, a pesar de su experiencia como refugiada en España. “Me ha tocado ver mucho infierno, pero no me siento triste. Me siento victoriosa, me siento fuerte. Aunque ahora no tengo una casa, aunque no tengo un trabajo todavía”. 

Sí le gustaría volver a Nicaragua. “Cuando el Gobierno de Ortega no esté. Mientras esté Daniel Ortega gobernando no, me da miedo”, asegura rotunda.

El esquema de los “piratas”

Santos González, fue diácono y profesor en Nicaragua. Ahora se encuentra en Madrid, España. // Foto: Cortesía.

Santos González trabajó también como temporero. Este nicaragüense originario de Jalapa, Nueva Segovia, llegó a España en febrero de 2019. 

Antes de partir era diácono en una parroquia de Wiwilí y era maestro de Historia, Filosofía y Religión. Cuando estalló la rebelión cívica de abril de 2018 y con ella la represión estatal que buscaba aplastarla, en su comunidad decidieron realizar peregrinaciones pidiendo por la paz y el cese de la violencia. El gesto no fue del agrado de simpatizantes del Gobierno que llegaron a amenazarlo. “Yo vi que la situación en Nicaragua era terrible y que yo no me iba a quedar callado tampoco. La situación personal, más situación social, política, toda esa presión abonó a mi decisión de partir”, detalla.

Primero estuvo en Madrid, allí su primer trabajo fue entregando paquetería a pie. Caminaba hasta 40 kilómetros al día recorriendo las calles de la capital, subiendo y bajando del metro, para recibir apenas 15 euros por día como pago. 

Una conocida hondureña le comentó que al sureste del país, en la zona de Castilla- La Mancha, se hallaba trabajo para migrantes en el campo “en negro”, es decir, de forma irregular. “En un pueblo llamado Bolaños de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, me encontré a muchos paisanos de Estelí, Condega, de Nueva Segovia, de Managua, hasta de mi propia ciudad de Jalapa”, cuenta. Allí aprendió a sembrar la cebolla, el melón “a un ritmo descomunal, bajo una presión increíble”. 

También se encontró a varios nicas, algunos estudiantes que se sumaron a las protestas contra el régimen Ortega Murillo y salieron al exilio producto de la persecución gubernamental. “Muchos de ellos se han acostumbrado a estar siendo explotados. Eso es lo que más me ha dolido, ver esa realidad denigrante”, agrega. 

La jornada de un temporero empieza a las cuatro de la mañana, que toca levantarse para ir a tomar una buseta que pone el intermediario, es decir, la persona que se encarga de reclutar y pagar a los jornaleros. El viaje para llegar hasta el lote donde deben recoger la cosecha a veces toma una hora y media o dos. El trabajo en el campo es de mínimo ocho horas seguidas, con brevísimos descansos para tomar el agua y comer lo que cada quien lleva. “Muchas veces se niega el derecho a tomar agua o vamos a tomar agua hasta que ya hemos hecho un gran avance en la producción y uno ya está deshidratado totalmente”.

Luego emprenden el viaje de regreso y al llegar a casa solo queda tiempo de preparar la comida del día siguiente, y, si acaso, llamar por teléfono a algún ser querido antes de acostarse para poder descansar unas cuantas horas. Durante el periodo de cosechas, este ajetreo es de domingo a domingo. Solo se vive para trabajar. Luego llega la temporada baja, en la que apenas se trabaja cinco días a la semana y se sufre por la falta de ingresos. 

González describe lo que él llama los eslabones de la explotación de migrantes indocumentados que se emplean como temporeros. “Hay un eslabón que parte del mismo Estado, que se hace de la vista gorda. El otro eslabón es el dueño de la finca que contrata a ‘autónomo’. El dueño de la finca lo contrata a él para levantar la producción de melón y le paga directo. Así, el dueño de la finca se lava las manos. El autónomo consigue a peones, con o sin documentos, y se queda una comisión por cada uno. Me han dicho que se quedan hasta 25 euros solo por llevar al jornalero. En cada furgoneta lleva a nueve personas, multipliquemos 25 euros por nueve personas. ¿Cuánto está ganando al día? Es una cadena de injusticias, una cadena de violación a los derechos de las personas”, detalla.

González tuvo la oportunidad de realizar estudios de Filosofía en Sevilla gracias a una beca. Sueña con regresar para aportar al país una vez salga de la crisis y trabajar como profesor. “Yo quiero ser parte de la reconstrucción de Nicaragua desde el campo de la enseñanza”, comenta. 

El caso de Eleazar

El caso judicial por la muerte de de Eleazar Blandón ya superó la fase de secreto sumario, pero aún falta que concluya el proceso de investigación para que empiece el juicio en que  se buscará establecer responsabilidades, sobre sus empleadores.

“La cuestión no es solo el centrarse en el chivo expiatorio, que es esta persona que le contrató indebidamente, la que sale en todos los sitios y la que sí ha estado en prisión. Hay detrás toda una estructura que es a la que realmente habría que, como decimos en España, meterla en el ruedo”, explica Íñigo Galicia, abogado especialista en derecho laboral y miembro del equipo a cargo del caso de Blandón. 

Mientras tanto, en Jinotega, su esposa Karen Altamirano quiere saber qué pasó y por qué Eleazar murió. “¿Por qué esa persona lo dejó ahí, como dicen que lo dejó tirado? Que nadie más pase por esa situación inhumana”, exclama.

“Su muerte no puede quedar en el aire, tiene que haber un cambio, por los que quedan aún trabajando en ese lugar. Una simple llamada de primeros auxilios y él estuviera vivo. Mi hijo tuviera a su padre y yo a mi esposo. ¿Quién me lo va reponer? Nunca, nadie. Nadie me lo va devolver, ni todo el dinero del mundo, nuestros sueños se quedaron ahí muertos, con él”. 

Un problema estructural

Organizaciones y activistas españoles y nicaragüenses se han organizado para denunciar y frenar estos abusos contra los migrantes. Pero en España el trabajo doméstico y las labores en el campo son poco valorados, sobre todo cuando lo hacen migrantes indocumentados.

En ese país, “no se legisla a favor de inmigrantes”, opina Glenda García, miembro de la Asociación Nicaragüita y migrante nicaragüense residiendo en Bilbao. “Los políticos saben perfectamente que hay una barbaridad de inmigrantes irregulares, saben que están sacando la cosecha, saben que están cuidando a las personas mayores. Están haciendo un trabajo que si no sería una carga estatal”.

La muerte de Eleazar le produce tristeza, pero a García también le preocupa lo que sucede con los temporeros nicas que siguen en el campo. Considera que la tragedia ocurrida ha servido para que la misma comunidad nica en España tenga mayor conciencia sobre estas situaciones. “Aquí algo tendrá que cambiar, primero entre nosotros. Es decirle al nicaragüense que está ahí que no permita que vuelva a pasar, porque si esperamos al político, no va a cambiar nada. Lo hemos visto”. 

Sabe que hay temor de denunciar entre los migrantes que trabajan en estas condiciones, por no tener papeles, pero les dice que si vuelve a suceder, si un compañero se desmaya o requiere asistencia médica, que llamen a los servicios de emergencia. “Pase lo que pase, es preferible prevenir que lamentar como estamos lamentando ahora. Hay una campaña para ayudar al vivo y no exportarlo, no exportar muertos”.

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