20 de febrero 2021
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El Gobierno de Daniel Ortega, señalado internacionalmente por imponer un estado policial de facto en Nicaragua, dejó de responder desde junio de 2020 a las solicitudes de información sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, hechas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), asegura el informe más reciente del organismo, presentado este viernes 19 de febrero, en Ginebra.
El informe titulado "Situación de los derechos humanos en Nicaragua" detalla que del primero de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2020, la Oficina del Alto Comisionado ha enviado 37 comunicaciones a la Cancillería de Nicaragua, pero las autoridades solamente han respondido a 17, incluyendo un cuestionario de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet. La OACNUDH asegura que "continuó solicitando acceso al país y reiteró su disponibilidad para brindar asistencia técnica, pero no recibió respuesta", puntualiza el documento.
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En su informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos también advierte que "la impunidad (en Nicaragua) ha provocado la repetición de violaciones de derechos humanos", que han sido recopiladas en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y otros países, verificados y evaluados, a su vez, con diferentes fuentes.
"Casi tres años después del estallido de las protestas sociales en Nicaragua, el Gobierno no ha reconocido la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril de 2018", se lee en el informe. En Nicaragua, sostienen, se continúan restringiendo los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación en la dirección de los asuntos públicos.
Además, añade que la falta de independencia entre los diferentes poderes del Estado "obstaculiza la transparencia y la rendición de cuentas, incluso en relación con la respuesta del Gobierno a la pandemia de la covid-19 y las elecciones de 2021".
Mencionan elecciones y leyes punitivas del orteguismo
El aplazamiento de las reformas electorales y la aprobación por la Asamblea Nacional de leyes que socavan el ejercicio de los derechos civiles y políticos "no conducirán a un proceso electoral representativo, pluralista, transparente y justo en 2021", agregan.
Un grupo de familiares de presos políticos se planta frente a varios agentes antidisturbios en el exterior de la cárcel La Modelo. EFE/Jorge Torres
La OACNUDH reconoce que el Gobierno de Nicaragua mostró "signos de apertura" y "colaboración" con algunos organismos especializados de las Naciones Unidas en la respuesta a la covid-19 y en las secuelas de los huracanes Eta e Iota, con un enfoque en la reconstrucción y la ayuda humanitaria. No obstante, advierte que es "urgente" que se aborden las numerosas dimensiones de la crisis que estalló en 2018, "en particular los derechos humanos, ya que la situación continúa deteriorándose".
"Los esfuerzos para recuperarse del impacto de a covid-19 y los huracanes son una oportunidad para que el Gobierno retome el diálogo político y sume esfuerzos con todos los sectores de la sociedad para reconstruir la confianza y asegurar que nadie se quede atrás. Esto es particularmente crítico en vista del ciclo electoral de 2021", dice el documento.
Preocupación en las Naciones Unidas
El informe de OACNUDH fue presentado un día después que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi, afirmó que existe preocupación en el organismo por la crisis de derechos humanos en Nicaragua que, según recordó, prevalece desde el estallido social de 2018.
“Tenemos preocupaciones, como el uso de la fuerza arbitraria contra aquellos que van a las calles a protestas, la criminalización y ataques contra la disidencia política y los medios de comunicación, y contra aquellos que participen en protestas pacíficas”, dijo Nyaletsossi, en un encuentro virtual con víctimas del Gobierno de Ortega, y con defensores de derechos humanos.
Durante el encuentro, la campesina Thelma Montenegro describió cómo las fuerzas del Gobierno y paramilitares han matado a más de 500 personas, 100 de estas en zonas rurales, entre ellas cuatro de sus familiares, incluyendo a su esposo y un hijo, robaron sus vehículos y algunas propiedades, y la atacaron junto a su hija menor de edad.
El propietario de Radio Darío, Aníbal Truño, denunció que “el régimen promedia una violación contra la libertad de expresión por día, más de 300 al año”, el cierre de más de 20 medios de comunicación y 10 programas de televisión, expropiaciones ilegales a dueños de medios, y 31 asedios a su casa, 18 de ellos en 2021.
La activista Lottie Cunningham, ganadora del Nobel alternativo de la fundación sueca Right Livelihood Award, por defender los derechos indígenas, agregó que 49 indígenas han sido asesinados, 52 lesionados, 46 secuestrados y 4 desaparecido, y 3000 desplazados de manera forzosa desde 2011, por los incentivos del Gobierno de Ortega para explotar las tierras de los nativos en el noreste de Nicaragua.
El Museo de la Memoria contra la Impunidad exhibe decenas de fotografías de las víctimas y sus familiares demandando justicia, reparación y no repetición. Carlos Herrera | Confidencial
Ninguno de los señalamientos anteriores han sido reconocidos por Ortega, quien sí ha admitido la muerte de 200 personas en el marco de la crisis, aunque las justifica con el argumento de que se defendía de un supuesto “golpe de Estado”, lo que no fue aceptado por Nyaletsossi, de origen togolés.
“Otra preocupación es la falta de información o información falsa usada contra estas personas (víctimas), a las que acusan como terroristas o narcotraficantes; contra mujeres, miembros de la comunidad LGBTI o ambientalistas, que han sido atacados, pero que a veces se ven como atacantes del Gobierno”, sostuvo el relator de Naciones Unidas.
Nyaletsossi destacó que el Gobierno de Ortega le ha negado reiteradamente el ingreso a Nicaragua desde 2018.
El relator también rechazó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que sanciona financiamientos o regalías del exterior salvo excepciones, y la Ley de Ciberdelitos, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a guardar datos y llamadas de todos sus clientes, además de encarcelar a cualquiera que maneje información que el Gobierno considere una amenaza.
Nyaletsossi pidió “a las autoridades de Nicaragua parar ese proceso”, pero, además, aceptar las visitas de su oficina, sacar de prisión a los presos políticos y permitir la vuelta de los que se encuentran en el exilio.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, advirtió que en Nicaragua se está utilizando el Poder Legislativo para “erosionar el Estado de Derecho y darle un manto de legalidad a las restricciones de los derechos humanos”, y resaltó que en el país el uso de la fuerza no cumple con el criterio de proporcionalidad.
“El miedo está presente en Nicaragua, lo estamos escuchando”, expresó Vaca, quien advirtió que en el país hay un “desmantelamiento del tejido social”, con lo cual existe el peligro de que se reduzca la posibilidad de “perder información” sobre las violaciones a los derechos humanos.
El encuentro, dirigido por la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se enmarcó en la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, prevista a comenzar el próximo día 22, y en el que se abordará el caso de Nicaragua.
