16 de mayo 2019
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Ginebra, Suiza. Para el régimen de Daniel Ortega, el Examen Periódico Universal (EPU), aplicado al Estado de Nicaragua este miércoles en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, era previsiblemente una derrota diplomática anunciada. Tanto así, que en sus dos únicas intervenciones el vicecanciller Valdrack Jaentschke, delegado de la dictadura en la actividad, leyó sendos documentos fabricados desde El Carmen, en los que justificaba las comprobadas violaciones de derechos humanos con el argumento, sin pruebas, de que derrotaron un intento de golpe de Estado.
Con la voz pausada, nerviosa y, por momentos, enojada, el funcionario público trató de defender a la dictadura Ortega-Murillo de la lluvia de demandas y recomendaciones realizadas por la mayoría de los 94 países que intervinieron durante la sesión.
Libertad de expresión y al derecho a la protesta, libertad inmediata para los presos políticos, apertura a la supervisión de misiones internacionales, investigaciones independientes sobre los crímenes cometidos, fueron las principales recomendaciones de las delegaciones diplomáticas.
De nada sirvió que el régimen se empeñara en mencionar los “logros” conseguidos en los últimos años, y el intento de limpiar la imagen de la Policía Nacional, denunciada ampliamente por su papel represivo durante las protestas, de la que dijeron “era comunitaria” y que sigue garantizando que Nicaragua siga siendo “el país más seguro de Centroamérica”.
Imparable lluvia de críticas
La delegación de Finlandia fue la primera en expresar su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, por lo que demandaron “respeto a la libertad de manifestación y que se ponga fin a la represión y los arrestos arbitrarios”. Además, exigieron “respeto a la libertad de expresión y que se vuelva a instalar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)”.
Vista general del salón en Ginebra, Suiza, donde se llevó a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Foto: Yader Luna.
Siguieron Francia, que recomendó “acceso a mecanismos internacionales, garantizar libertades públicas, libertad de prisioneros, reparación a víctimas con procesos judiciales independientes y elecciones libres”, y Georgia que señaló estar preocupada porque a la fecha “no hay nadie de los culpables de los asesinatos de manifestantes sentado en el banquillo de los acusados”.
Alemania, Ghana, Grecia, Islandia, Indonesia, entre otros, se sumaron también a las delegaciones que solicitaron al régimen de Ortega-Murillo que se continué con el proceso de diálogo para buscar una salida a la crisis iniciada el 18 de abril de 2018.
Sin embargo, la delegación española recordó que ese proceso de diálogo se encuentra suspendido en medio de “una difícil situación para los derechos humanos”.
Elecciones libres
En la revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos, representantes de países como Francia y Japón recomendaron que se inicie “un proceso que permita la celebración de elecciones libres”.
La delegación nicaragüense, encabezada por Jaentschke, sostuvo que cualquier cambio en el actual periodo electoral, programado para terminar en 2021, implicaría "violentar el orden constitucional y sentar un mal precedente".
“Definitivamente el Gobierno de Daniel Ortega sigue en una actitud de negación de las comprobadas violaciones de derechos humanos en el país y el hecho de que 94 países se pronunciaran evidencia el interés sobre lo que pasa en Nicaragua”, dijo Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).
Una buena cantidad de países recomendaron la reanudación de las relaciones entre el régimen y los organismos internacionales de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ambos expulsados de Nicaragua en 2018.
Nadie les cree
Varios países solicitaron que se inicien investigaciones independientes y que se garanticen medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición anta denuncias de desaparición forzada, torturas, asesinatos de manifestantes y del periodista Ángel Gahona.
La delegación nicaragüense respondió que “ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución por ejercer el derecho a informar”, y que los que han tenido que responder ante la justicia lo han hecho por la “comisión de conductas ilícitas”, como difundir noticias falsas o incitar a la violencia y el odio. Sin embargo, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda permanecen en prisión desde el pasado 21 de diciembre, cuando la Policía allanó y confiscó ilegalmente el canal 100% Noticias.
El embajador de Argentina ante Naciones Unidas en Ginebra, Carlos Foradori, expresó tras finalizar la sesión del EPU, que escucharon “con preocupación” el discurso del Gobierno de Ortega “que perciben realidades diferentes” a la que ven la mayoría de países.
“Nosotros hemos podido observar esta situación de desprotección de derechos humanos y es evidente que una gran cantidad de países se han pronunciado en ese sentido llamando al Gobierno a rectificar”, aseguró.
Otra fuente diplomática, presente en Ginebra, insistió que “no hay indiferencia” ante las comprobadas violaciones de derechos humanos en Nicaragua y que ya objetar el principio de “no interferencia es anticuado y quedó atrás porque las crisis de derechos humanos tienen consecuencias en otros países”.
Las delegaciones de Irán, Rusia, Venezuela y Cuba fueron las únicas que respaldaron al régimen Ortega-Murillo en el EPU, y llamaron a seguir defendiendo la paz y fortalecer “los logros para el beneficio de la población”.
La delegación de México pidió al régimen orteguista “abrirse al escrutinio internacional” en el respeto a los derechos humanos, y solicitó que se permita una investigación independiente sobre los hechos de violencia vividos desde el 2018.
Corea del Sur recomendó garantizar la independencia de poderes, mientras la delegación de Palestina solicitó se haga “un esfuerzo de garantizar imparcialidad de sistema judicial”.
Sancionar a responsables
La delegación de Estados Unidos recomendó al país castigar a los “funcionarios, agentes y parapolicías, que han sido responsables de abusos a los derechos humanos, incluyendo matanzas, asesinatos arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas”.
Además, alertó sobre el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde la última evaluación del EPU en 2014.
El pasado 21 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos ya adoptó una resolución en la que insta a detener la represión violenta de las protestas, pidió la liberación de los detenidos de forma arbitraria, y en la que solicitó reanudar la cooperación con la ONU.
El Grupo de Trabajo del EPU tiene previsto aprobar las recomendaciones de Nicaragua este 17 de mayo.
Represión policial a la marcha "Somos la voz de los presos políticos", el 23 de septiembre de 2018, en Managua. // Foto: Carlos Herrera
Contra la CIDH
Ante las denuncias de la brutal represión que ha causado 325 muertos y más de 700 presos políticos, la delegación del régimen señaló que se trata de cifras “exageradas a propósito, sesgadas, mal intencionadas y notoriamente parcializadas”.
También acusó a la CIDH, que condujo una investigación de los primeros incidentes violentos de 2018, de “no hacer ningún esfuerzo para comprobarlas” y de formar parte de las intenciones injerencistas contra el Gobierno de Ortega.
La CIDH respondió, a través de su cuenta de Twitter, que “nota con preocupación la intensificación del lenguaje estigmatizante, en contra de manifestantes opositores y personas defensoras, por las autoridades del Estado de Nicaragua”.
“Además, la CIDH toma nota de las permanentes declaraciones públicas de las autoridades del Estado en contra del trabajo de promoción y protección de los derechos humanos que realiza la Comisión en Nicaragua”, señalaron.
