Política

Alianza Cívica demanda presencia de CIDH en el proceso de liberación

Negociación trabada por presos políticos

Ortega prometió liberarlos a todos, pero bloquea el proceso y alega que un grupo cometió “delitos comunes”



La negociación política en el Incae se ha trabado de nueva cuenta. Esta vez, la falta de acuerdo sobre el mecanismo para la liberación de los presos políticos ha entorpecido el diálogo. La Cruz Roja Internacional se ha instalado en el país para acompañar este proceso, pero su mandato no les permite deliberar sobre los mecanismos legales que permitan la liberación total y la anulación de los juicios políticos de los 760 reos de conciencia.

La Alianza Cívica solicitó la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llenar “ese vacío” de la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, la dictadura Ortega-Murillo se opone al retorno de este organismo internacional, que ha documentado las violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018. Al vetar la presencia de la CIDH, Ortega esta violando un convenio de Estado que suscribió con el secretario general de la OEA Luis Almagro, otorgándole a la CIDH una presencia permanente en el país.

“No ha habido acuerdo porque hemos pasado los tres días prácticamente discutiendo procedimientos y los actores en el acompañamiento de liberación de los presos políticos”, dijo Ernesto Medina, catedrático y miembro de la comitiva negociadora de la Alianza Cívica. “Pasamos dos días discutiendo nuestra demanda de la participación de la CIDH, a lo que el gobierno hasta ahora se había opuesto. Pero hoy dejaron un espacio abierto”, agregó.

La tarde de este miércoles las partes terminaron de aclarar el papel de la Cruz Roja Internacional en el proceso de liberación de los presos políticos, pero encontraron que el mandato de la organización les impedía involucrarse en el diseño de propuestas legales para garantizar las liberaciones.

Medina aclaró en el programa Esta Noche que para la Alianza Cívica  resulta indispensable la liberación de los presos políticos para discutir los otros temas de fondo del diálogo. Aunque el lunes las partes comenzaron a abordar la restitución de las libertades constitucionales, no se avanzó nada en ese particular, y la negociación está estancada.

Sin embargo, un comunicado enviado por régimen sandinista la noche de este miércoles asegura que “se avanzó en el contenido del Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas establecidas en la Constitución Política que contemplan las libertades individuales y sociales, y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses”.

“Se aprobó por las partes, el Acuerdo para el seguimiento del proceso de liberación de personas privadas de libertad en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país”, añade el comunicado de prensa.

Gobierno quiere vincular a reos con delitos comunes

Aparte del cotejo de las listas de los presos políticos, una de las mayores diferencias en la negociación sobre la liberación ha sido que la dictadura pretende vincular a los reos de conciencia con delitos comunes.

“No han mencionado como causa de la crisis que estamos viviendo el intento fallido del golpe de Estado. Más bien la estrategia del gobierno es querer vincular  a los presos políticos con delitos comunes”, dijo Medina. “El gobierno reconoce a un grupo que sí son presos políticos, pero hay otro grupo que dicen no deberían ser objeto de las discusiones en esta mesa, porque son causas que corresponden a la justicia común. Esa será otra gran discusión”, auguró el catedrático.

Claudia Schneeberger, representante del Comité de Cruz Roja Internacional, visitó a los presos políticos en los penales, pero no dio información sobre el estado de ellos alegando que se trata de “información confidencial”.

“Esto es parte de un diálogo confidencial con las autoridades competentes y no podemos comentar sobre lo que observamos con reos políticos en las cárceles. El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja de manera confidencial y no comparte sus observaciones”, insistió  Schneeberger.

Solís: 10 causales de nulidad de juicios

El exmagistrado y otrora operador político de Daniel Ortega en el sistema judicial, Rafael Solís, también opinó que la CIDH debería acompañar en el proceso a la Cruz Roja Internacional.

“En el caso de la liberación de los presos políticos, el plazo de 90 días es muy largo y se debería de reducir a 30 días, aunque me parece muy buena la intervención de la Cruz Roja que debería ser garante junto con la CIDH”, expresó Solís. “Yo he insistido en que todos los juicios sean declarados nulos porque son nulos”.

Solís enumeró 10 causales de nulidad de los juicios, como el derecho al debido proceso, detenciones sin un mandato judicial efectuadas por policías y paramilitares, la violación de la presunción de inocencia, que jueces sin competencia asuman los procesos penales, entre otras causas.

“Los artículos 33 y 34 de la Constitución señalan 16 derechos de los detenidos y procesados, los cuales sin excepción han sido violados en estos procesos, aunque solo haya mencionado 10 de ellos, razón suficiente para declarar nulos todos estos juicios por violaciones a la Constitución Política”, dijo Solís.

El exmagistrado recomendó que no se “pueden aceptar indultos”, porque esa figura legal implicaría que los presos políticos cometieron delitos y luego fueron perdonados. “ O una ley de Amnistía General que llevaría a la total impunidad al país y que se ha hecho tantas veces en Nicaragua sin que nunca antes haya funcionado”, aseguró Solís.

El catedrático Medina aseguró por su parte que la Alianza Cívica aseguró que cabildearán para que no se siga aplicando la ley de financiamiento al terrorismo, aprobada por el régimen para criminalizar la protesta cívica.

Aunque las partes habían prometido un acuerdo final de diálogo para este viernes, con este nuevo estancamiento será muy difícil conseguirlo. “En la práctica los temas son muy complejos. Esa fecha (28 de marzo) sigue siendo un elemento de presión para las dos delegaciones, pero no es una fecha fatal. Vamos a tomar el tiempo que sea necesario para buscar una solución”, aseguró Medina.