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Nicavisión rechaza embargo “ilegal y arbitrario” ante CSJ

Periodistas de Canal 12 siguen informando: “Vamos a morir con las botas puestas”, dice coordinador de prensa Marcos Medina

Nicavisión, la empresa dueña del Canal 12, respondió en las cortes, el ataque fiscal emprendido por la Dirección General de Ingresos (DGI), en nombre del Gobierno de Daniel Ortega. “Canal 12 está ejerciendo su derecho a la defensa”, aseguró a los medios de comunicación, el abogado Tony López, representante legal de la televisora.

Al final de la tarde del viernes 11 de septiembre, en vísperas de un largo descanso de cuatro días (sábado y domingo, más los feriados nacionales del 14 y 15 de septiembre), ampliados a nueve días de descanso para los trabajadores del Estado, la administración del canal conoció la noticia del reparo por 21 millones de córdobas, interpuesto por la DGI, a lo que le siguió el embargo de los bienes de la empresa, así como de los del dueño, Mariano Valle.

Marcos Medina, periodista de Canal 12, relató en el programa Esta Noche, que solo se transmite en línea por causa de la censura televisiva impuesta por el régimen de Daniel Ortega, que “la semana pasada al final de la tarde, antes del inicio del fin de semana largo, se presentó un juez a nuestras instalaciones, y notificó la situación”, en referencia al reparo y embargo.

“No hubo manera de defenderse de inmediato, sino que se tuvo que esperar hasta que pasaran las vacaciones patrias, para poder recurrir ante la autoridad, buscando una solución”, añadió.

Presentan escrito

El encargado de efectuar esas gestiones legales es el abogado López, quien presentó un escrito de oposición al juicio ejecutivo que la DGI entabló en contra de Nicavisión. “Se trata de un reparo fiscal completamente arbitrario e ilegal”, aseguró.

Explicó que el documento presentado ante la autoridad judicial “presenta lo que se denomina excepciones procesales, de fondo y de forma… impugnando los documentos de la DGI”.

Lo siguiente es que la jueza le dé audiencia a la DGI, para que se pronuncie sobre las excepciones y el escrito de oposición, y luego señale una fecha para efectuar la audiencia inicial.

“A Canal 12, y a la familia de Mariano Valle se le han embargado bienes cuantiosos, muy por encima de lo que reclama la DGI, de manera que se le está pidiendo a la juez que reconsidere la medida y que se ajuste la reducción del embargo. Que no haya un ataque económico que destruya a una familia y a un empresario”, declaró.

Los bienes embargados superan los 50 millones de córdobas, de modo que a Valle “le están embargando 30 millones más. Es una medida lesiva, una agresión económica”, dijo el abogado, detallando que la acción afecta al canal en sí, los vehículos, las cuentas bancarias, lo que lo tiene paralizado, y sin recursos para pagar los salarios del personal, o pagar los servicios básicos.

Control precario

A pesar del asedio fiscal, Valle continúa al frente de la embargada empresa, “pero con las manos atadas. No puede pagar planilla, no puede hacer gestiones en los bancos, no puede vender un vehículo, porque el embargo está efectivo”, dijo Medina.

El periodista relató que el equipo de prensa recibió el embargo de las propiedades, y el congelamiento de las cuentas bancarias, como “un golpe bajo”, relatando la incertidumbre causada, ante la duda de si recibirán pago, si los van a despedir, si van a confiscar el canal.

“Continuamos trabajando y funcionando de la misma manera: de forma objetiva. Hoy salimos a las calles, a reportear como comúnmente lo hacemos. La política informativa de Canal 12 y de Noticias 12 no ha cambiado pese a esta situación que, sin duda, nos genera mucha preocupación”, dijo el comunicador.

“El equipo de prensa tomó la decisión que vamos a morir con las botas puestas”, reiteró recordando que “no es primera vez que ocurre algo similar contra los medios de comunicación. El hecho que hasta ahora se haya hecho público este embargo, y que sea una acción tan directa contra Canal 12, no significa que antes no sufriéramos amenazas, hostigamiento ni asedio, de parte de las autoridades policiales y paramilitares”, lo que empeoró a partir de abril de 2018.

Medina refirió que su audiencia les ha comunicado su preocupación a través de las redes sociales -o directamente, a través de las líneas telefónicas- “porque somos pocos los espacios que estamos transmitiendo noticias a diario en señal abierta”.

Lo hacen presentando “una noticia distinta a la versión oficial del Gobierno, aunque a veces hemos citado al presidente [Daniel] Ortega, la señora Rosario Murillo, a distintos funcionarios, pero siempre estamos buscando lo que interesa a la gente, criticando lo que la gente critica, y preguntando lo que la gente quiere saber”, prometió.

El periodista señaló que “hay mucha preocupación porque la ciudadanía asocia esto de cara a un eventual proceso electoral el año que viene, y esto indicaría que el Gobierno está tratando de cerrar los únicos espacios que están en señal abierta: nosotros y Canal 10, que también tiene una presión fiscal de parte de las autoridades”.

“Si afectan nuestra política informativa o el funcionamiento del medio de comunicación, solo quedaría la versión oficial de los canales del Gobierno, en un proceso electoral –si acaso se da- que sería trascendental para el país”, añadió.

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