Confidencial

“Ningún indicio de golpe, sino una protesta cívica”

Guillermo Fernández Maldonado, Coordinador de la Misión en Nicaragua para América Central del ACNUDH. Carlos Herrera | Confidencial

Veinticuatro horas  antes de salir de Nicaragua expulsado por el Gobierno, junto al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el jefe de la misión Guillermo Fernández Maldonado, expresó su preocupación por el desamparo de las víctimas de la represión, que tienen derecho a la “verdad, justicia y reparación”.

Fernández se va del país convencido de que el demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos preparado por su equipo, tendrá ahora mayor resonancia y aumentará la atención mundial sobre Nicaragua, después de que el régimen de Ortega canceló de forma abrupta la presencia de la misión.

En Nicaragua, afirma de manera categórica, “no encontramos ningún indicio de un golpe de Estado, sino de una protesta cívica”, y responsabiliza “a una escalada del Estado y sus fuerzas” por las víctimas de la represión

El Gobierno decretó finalizada la  misión del Alto Comisionado de la ONU en Nicaragua,  pero todos los organismos de derechos humanos lo interpretan como una expulsión, como represalia por el informe que presentaron sobre violaciones a los derechos humanos ¿Por qué se da esta salida abrupta de la misión?

Nosotros somos invitados por el Gobierno para el acompañamiento de la Comisión de verificación y seguridad, eso no significa que nuestro mandato venga del Gobierno, venimos monitoreando la situación desde la oficina regional de Panamá, es mejor hacerlo si estamos dentro del país, pero el origen tiene que ver directamente con el estado que había de diálogo en medio de la crisis, digamos, de acompañamiento a esta comisión.

Nunca hubo un plazo, no se nos dijo “acompañen uno, dos meses, o hasta tal fecha”, ni siquiera se estableció con claridad que supone el acompañamiento.  Lo  que sí es cierto es que no es solo para los tranques, es decir, lo que aparece ahí es “el contribuir para la paz y seguridad”, en ese momento lo urgente era lo de los tranques, pero no como único objetivo,  que es el argumento del Gobierno en este momento.

¿Cuando le presentaron al Gobierno el informe hace unos días, el Gobierno les adelantó: -miren, ya va terminar su misión porque ya se levantaron los tranques?

No, eso no fue materia de dialogo. Sí avisamos al Gobierno que íbamos a sacar  el informe, como es el procedimiento usual, le entregamos el informe para sus observaciones, publicamos conjuntamente el informe al cual le incluimos varias de las sugerencias que ellos tenían, junto con el documento completo del Gobierno donde planteaban las sugerencias; pero  lo que es evidente, que mucha gente identifica, el impacto del informe con la salida dos días después.

¿En el intercambio que tuvieron con el Gobierno sobre esos hallazgos, conocieron sus alegatos sobre el supuesto golpe de Estado que dice el Gobierno que se dio en Nicaragua?

De hecho, desde la primera reunión,  el ministro de Relaciones Exteriores dijo que la visión del Gobierno era de que esto no era una protesta social sino que era un intento de golpe de Estado. Lo que dijimos  nosotros es lo que venimos a verificar hechos y obligaciones internacionales, si el Gobierno nos da el acceso a la información que sustenta esa visión y nos permite circular por el país para obtener testimonios y verificar lo que había sucedido y encontramos que eso es cierto, lo íbamos a decir, pero no nos fue proporcionada una información y no nos dejaron salir fuera de Managua.

Este informe se discutirá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo miércoles. La oficina del Alto Comisionado estará presente en esta sesión ¿qué reacciones internacionales se pueden esperar?

El informe no está hecho expresamente para una posible discusión en el Consejo de Seguridad, pero evidentemente va a ser una referencia, si se habla en este momento de Nicaragua uno de los aspectos centrales es la vigencia de los derechos humanos como tal, va a tener un impacto también en el caso del Consejo de Derechos Humanos;  en este momento no está seguro, porque necesitan nueve votos, el mismo cinco, si se va a discutir el tema, y en su caso cómo va a ser la presentación que se decida. Nosotros, por supuesto estamos dispuestos, nos interesa que podamos hacer una presentación el Consejo de Seguridad si se discute la situación de Nicaragua.

Usted ha dicho que la Oficina del Alto Comisionado continuará monitoreando la situación de derechos humanos del país desde Panamá, ¿puede ser esto efectivo a la distancia? La gente tenía bastante expectativa por la presencia de ustedes y de la CIDH, a pesar de todos los impedimentos oficiales, la gente decía: “bueno hay organismos internacionales que están presentes hoy en Nicaragua”. 

(Nicaragua) ya se venía cubriendo (desde Panamá) no es por la crisis última de que hay un interés, esto se venía haciendo desde antes, y se va a seguir haciendo después. Pero somos absolutamente conscientes, esto lo dijo el Alto Comisionado, que la mejor forma de colaborar, con los gobiernos y con la sociedad,  es dentro del país, y en las situaciones de crisis la sola presencia es percibida como una mayor protección por las víctimas y los afectados.

El informe es autónomo del de la CIDH pero coincide en muchos de los hallazgos y en las conclusiones sobre la represión estatal. Como dicen los pacientes,  “Nicaragua pidió una segunda opinión médica”,  y la segunda  opinión ha venido a ratificar el diagnóstico, pero el Gobierno de Nicaragua lo sigue negando ¿por qué?

Bueno, si se trata de una protesta social,  como es lo que nosotros hemos hallado, es mucho más evidente que el estándar internacional del buen manejo de manifestaciones no se aplicó. Uno no manda a elementos con armas de guerra a reprimir una protesta social, incluso cuando hay situaciones de brote de violencia se trata de un uso progresivo de la fuerza, que es la última instancia, además, utiliza a personal entrenado, debidamente identificado, y eso no ha pasado aquí.

Si uno habla de un golpe de Estado da una sensación de que es una alteración del estado del derecho, y que el Estado tiene que protegerse por todos los medios como si fuera  un intento de toma del poder por la vía armada. Nosotros no hemos encontrado indicios ni que fuera así,  ni siquiera que fuera algo orquestado, que hubiera un plan premeditado, si no ha sido una escalada provocada sobre todo a iniciativa del Estado y sus fuerzas.

El informe habla  de más de 300 muertos, de varios miles de heridos en un corto tiempo, en un país donde no hay una guerra civil y tampoco hay dos bandos armados. ¿Se pueden determinar las responsabilidades principales sobre esa matanza?

Esa es una de las obligaciones del Estado; la segunda etapa son las responsabilidades individuales. En este caso, y como aparece en el informe, lo que vemos es responsabilidad en el Estado de no haber cumplido con los estándares internacionales, con el derecho internacional respecto a la protesta pública, y hemos dicho que el uso excesivo de esta fuerza, tanto por agentes del Estado como grupos y personas progubernamentales, pero haciendo uso de estas armas, ha tenido como resultado en algunas ocasiones ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de tortura, detenciones arbitrarias de manera extensiva, todo esto es un conjunto de violaciones a los derechos humanos.

Pero además hemos puesto el énfasis en que lo central aquí son las víctimas. Tienen derecho a la verdad, acá tenemos dos visiones completamente diferentes de lo que pasó, todas  las víctimas,  de un lado y del otro, no interesa, no interesa el perpetrador, lo importante es la víctima, tiene que saber qué pasó, por qué pasó; (tienen derecho) a la justicia, y esto tiene que darse en un estándar internacional, un juez independiente, una acusación que sea sustentada, la debida defensa, audiencias públicas, etc.; el tema de la reparación; y  el tema, que no es poco y es muy importante, de no repetición, esto jamás debería ocurrir de nuevo en Nicaragua.

¿A quién le correspondería investigar las responsabilidades de la cadena de mando del Estado? Es decir, quién da una orden, quién ejecuta una orden en las diferentes instancias del poder.

La idea no es hacer un informe, sino tener una información y utilizar nuestra experticia y experiencias comparadas para que no haya impunidad y la atención del derecho de las víctimas,  pero como decimos en el informe, sigue sucediendo; utilizar la información para detener lo que está pasando en este momento, o sea, eso  es absolutamente fundamental, pero la responsabilidad es  del Estado, el Estado tiene que tener la capacidad, y por eso la enorme importancia que tiene la independencia de Poderes.  Si  no tenemos poderes independientes, si no tenemos un poder judicial independiente del Gobierno, pues,  no se podrá investigar ni la autoría material y la cadena de mando porque no hay esta independencia, se sigue una instrucción desde arriba. Ahí vemos retos muy importantes en Nicaragua.

Ustedes vinieron a Nicaragua en la tercera etapa de la represión, que la gente llama de la persecución o de la criminalización de la protesta cívica, de los juicios que ya produjeron las primeras condenas ¿Qué concluyeron?

Lastimosamente,  no han sido excepciones sino patrones, es decir, las detenciones han sido,  en su enorme mayoría, detenciones sin ninguna orden del juez,  en muchos de los casos no han sido por los agentes del Estado encargados de hacer cumplir la ley, no ha sido la Policía, han sido personas encapuchadas y con armas, que hasta el día de hoy no sabemos bien quiénes son.

Ha habido  desapariciones forzosas temporales, la persona es detenida  sin orden de captura, y de repente no se sabe su destino , por varios días, mucho más allá de lo que establece la ley, y eso es una desaparición forzada porque se sabe que está en manos del Estado, pero no donde.

Y  luego, el tema de los juicios, hemos querido entrar, el estándar mundial es que deben ser públicos, salvo excepciones, que en este caso todos han sido privados, y hemos estado,  no solo nosotros, queriendo entrar sino los familiares de los detenidos, y nadie ha podido entrar. Entonces eso lo hemos dicho, es una situación de sistemática violación de las garantías del debido proceso, de manera que ahí hay un reto enorme, en una situación donde todo el mundo y las víctimas quieren la verdad y la justicia pero independiente.

¿Las denuncias de tortura y atrocidades a las que hacen alusión en el informe son casos aislados o reflejan un patrón sistemático?

Lo que hemos visto como un patrón más o menos sistemático son: los casos de utilización de la violencia o malos tratos en las detenciones, por ejemplo;  ahí también lo que llaman “tratos degradantes”, por ejemplo, de llevarse a las personas desnudas, o mantenerlas semidesnudas en centros de detención;  sabemos de casos de tortura,  que también ha denunciado el Gobierno respecto de miembros de la policía y sandinistas, no estamos negando que eso ha ocurrido, que es parte del escalamiento, y decimos que eso nunca debería ocurrir; y volvemos al tema central de las víctimas, todas las torturas deben ser investigadas, todas las víctimas deben acceder a la justicia independiente.  Pero  de que ha habido casos, por supuesto que ha habido casos.

Estamos más limitados precisamente por no haber tenido acceso a los centros de detención,  ni nosotros, tampoco lo ha tenido la Comisión Interamericana, o la ONG de derechos humanos, pero tampoco la Comisión de la verdad de la Asamblea, ninguna ha podido entrar, entonces eso no abona a la transparencia, si no abona a la sospecha de lo que puede estar sucediendo adentro, y abona a las denuncias que hacen los familiares respecto de que sí están sometidos a torturas.

Cualquiera podría concluir que con este sistema de ocultamiento el propio Gobierno se está incriminando, porque no permite que haya ninguna clase de investigación independiente.

Bueno, es un marco que se está incumpliendo estándares, no solo internacionales sino constitucionales. Nuestra base más fuerte es el internacional, pero eso está alineado con la Constitución de Nicaragua.

¿Este informe, a los nicaragüenses les da alguna esperanza en el futuro de establecer lo que usted ha dicho “verdad, justicia, reparación”,  en un contexto actual donde lo que prevalece es la impunidad? ¿Naciones Unidas podría apoyar a Nicaragua en el futuro para desmantelar a los paramilitares, para establecer justicia y verdad? Porque  hoy  pareciera que no se puede…

Bueno, para eso está tanto el  Sistema Interamericano, como Naciones Unidas,  el Consejo de Seguridad,  el Consejo de Derechos Humanos. Nosotros como Alto Comisionado (llegamos a) colaborar para llegar a una situación que se supere la crisis, una reflexión colectiva no polarizada sobre cuál es la Nicaragua que se quiere hacia adelante, porque definitivamente hay  muchas heridas que curar, esto no va a ser una solución en el corto plazo, pero tiene que haber unas voluntades iniciales sobre las cuales construir. Lo que hay en este momento, sin la menor duda, es un enorme interés de la comunidad internacional que contribuir con eso, y eso se va a expresar en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos, ya lo ha hecho la OEA, y era  lo que justificaba la presencia tanto la Comisión Interamericana como la de nosotros. No estaremos en el país pero seguiremos monitoreando muy de cerca, y estaremos con las víctimas y con la información para ser compartida.

¿Y las víctimas tienen alguna esperanza? ¿Creen que habrá justicia, o tienen esperanza en un cambio político? ¿A qué apuestan las víctimas?

Nosotros decimos en el informe que hay un enorme clima de temor, que hay campañas desde los más altos niveles de Gobierno,  de estigmatización, de intimidación en realidad con los epítetos que se utilizan, la gente tiene temor; y también nos han dicho efectivamente que la presencia nuestra, aunque no salgamos de Managua, para ellos significaba los ojos de la comunidad internacional y les proyectaba una sensación de mayor protección.

Con el anuncio (la salida) hay una doble sensación, hemos sentido enormes expresiones de aprecio, de cariño, pero también hay una sensación de desamparo, por eso yo he tratado siempre de poner énfasis de que vamos a seguir aquí, digamos, vamos hacer el trabajo desde Panamá, pero no hay país en el cual tengamos más interés, en este momento, en la región, que Nicaragua. Entonces, las llamadas que hemos recibido ha sido de la gente en general, pero también de la comunidad internacional, con mucha preocupación.

*La entrevista se transmite esta noche, en el programa Esta Semana, con Carlos F. Chamorro, que puede sintonizar por Canal 12, a las 8:00 p.m. y por YouTube, en el canal ConfidencialNica