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“No fuimos consultados, no nos tomaron en cuenta”

“Ni siquiera sabemos qué fue exactamente lo que se firmó”, alegan. Informan que recurrirán de amparo contra el acuerdo

Líderes indígenas del Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTR-K) desconocieron este viernes, en conferencia de prensa, el acuerdo firmado el miércoles entre el presidente de esa organización, Héctor Thomas, y el presidente de la autoridad del Gran Canal interoceánico de Nicaragua, Manuel Coronel Kautz. Ocho representantes comunitarios denunciaron que Thomas violentó los estatutos del gobierno indígena, firmando un documento cuyo contenido es desconocido por las comunidades, pero que medios oficialistas difundieron como un permiso para arrendar las tierras originarias de forma indefinida, para la realización del proyecto canalero.

“Thomas no está facultado. No hemos visto ese documento, ni siquiera sabemos qué fue exactamente lo que se firmó. Si fue un consentimiento, un convenio o un contrato con la empresa. No hubo una consulta en las comunidades, en las convocatorias que hacían nunca dieron suficiente información. Nunca dijeron que seríamos desplazados y no vamos a permitir que entren a las comunidades”, manifestó Allen Clair Duncan, presidente de Monkey Point y segundo vocal en la junta directiva del GTR-K.

Las comunidades que componen el GTR-K son nueve: Sumu Kaat, Tiktik Kaanu, Rama Cay, Wiring Cay, Monkey Point, Bangkukuk, Corn River, Indian River, y Graytown. Las tierras del pueblo indígena Rama y el pueblo afrodescendiente kriol están situadas en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) y Río San Juan, comprenden un área de 276 kilómetros cuadrados del sureste de Nicaragua, incluyendo territorio continental y marítimo.

Los representantes de Bangkukuk, Monkey Point y Wiring Cay, tres comunidades afectadas directamente por la virtual construcción del canal, denuncian que Thomas violó los reglamentos internos del GTR-K y que empujó a los líderes de las otras comunidades a firmar el documento sin suficiente información. De los 18 delegados en la junta directiva de la organización, 11 firmaron el acuerdo. Sin embargo, según los estatutos, el mecanismo para la toma de decisiones establece que el consentimiento no se da por mayoría de votos, sino por el aval de todas las comunidades. Los líderes planean recurrir de amparo contra el acuerdo, para hacer frente a los planes de construcción en la zona.

“No tenemos mucha fe en el sistema de justicia actual. El sistema judicial no es un sistema profesional ni independiente, pero este es el camino para poder llevar el caso a instancias internacionales”, manifestó María Luisa Acosta, directora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).

Desde que se presentó, en 2013, la ley de concesión del canal interoceánico (840) el GTR-K introdujo un recurso de inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó los 31 recursos que se introdujeron en contra de esa legislación, que cede la soberanía nacional a la empresa de capital chino, HKND Group, propiedad del magnate Wang Jing. Científicos nacionales e internacionales han advertido sobre los daños ambientales y social que conllevaría la obra.

Gobiernos paralelos

 Hace dos semanas, los 18 representantes del GTR-K se reunieron en Bluefields. Clair Duncan dijo que en esa reunión acordaron por consenso que no habrían más firmas hasta que obtuvieran asesoría legal. El sorpresivo acuerdo entre Thomas y el gobierno de Nicaragua fue celebrado en Managua, en un acto en el que participaron algunos de los miembros de la organización indígena. También estuvieron como testigos diputados sandinistas, medios oficialistas y Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial y asesor de inversiones del Gobierno de Nicaragua.

“No nos tomaron en cuenta para venir a firmar. Tenemos que revisar qué es realmente ese acuerdo. Algunas personas piensan que los indígenas Rama no tienen derecho, pero sí tenemos derechos. Yo soy fundador del proceso de demarcación y no me tomaron en cuenta”, aseguró Abelardo McCrea, presidente de Wiring Cay.

Los denunciantes también señalan a los funcionarios públicos Johnny Hodgson, delegado de la Presidencia de la República en la RACS, Michael Campbell, funcionario de ProCaribe y Danilo Chang, delegado del megaproyecto en la zona, de no dar información suficiente en sus visitas a las comunidades y de bloquear cualquier tipo de asesoría legal u observación internacional.

Wendy Queen, lideresa de Monkey Point, aseguró que fue convocada engañosamente a Bluefields a una reunión por los funcionarios estatales y que al llegar fue presionada para firmar el acuerdo. “Me dijeron que Allen (el presidente de Monkey Point) ya sabía de este documento. Johnny Hodgson me estaba esperando, pero yo no firmé, porque ya había hablado con Allen y me dijo que en ningún momento el sabía de ese acuerdo”, relató Queen.

Los líderes territoriales también denuncian las instauración de estructuras paralelas que sirven a los intereses del gobierno de Daniel Ortega, y que se atribuyen funciones y decisiones que afectan a las comunidades.

“El gobierno emitió otra certificación de territorio a líderes que firman todo lo que ellos piden sin el consentimiento de las comunidades. El gobierno dice que en la costa no tenemos derechos, pero sí los tenemos, porque donde se piensa construir este Canal Interoceánico es donde estamos nosotros, las personas que todavía hablamos la lengua Rama. Tenemos título territorial, pero el gobierno no está respetando eso”, manifestó Carlos Bilis, presidente de la comunidad Bangkukuk taik.

La consulta previa e informada

 Para la doctora Acosta, asesora legal de los pueblos indígenas, la firma del acuerdo no solo violenta los estatutos del gobierno territorial, sino también la ley 445, ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 “Los básico es que hubiera una consulta previa e informada, como ellos mismos lo exigieron. En principio necesitaban conocimiento pleno de los efectos directos de la construcción del canal en las comunidades y asesoría técnica y legal, y la presencia de un observador internacional. Pero cuando los funcionarios públicos iban a las comunidades, se reunían con algunas personas, decían algunas cosas, pero no trataban como ciudadanos de Nicaragua a estas personas. Ahora con este acuerdo lo más grave es que la gente no sabe ni lo que se firmó”, dijo la abogada.

Por su parte, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, aseguró que el acuerdo entre Thomas y la autoridad del Gran Canal interoceánico se trata de un fraude. “Se está cometiendo un fraude en contra de la opinión pública de Nicaragua. Dividen a la dirigencia de las comunidades indígenas y los hace firmar un convenio de arriendo indefinido con el que pretenden asegurar que fueron consultados, lo que es mentira, no ha habido ninguna consulta”, manifestó Núñez.

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