Opinión

No puede haber paz sin justicia

Madres de Abril

No hay Estado de Derecho en Nicaragua, por tanto, difícilmente se puede (ni se debe) confiar en los procesos que lleva a cabo el Poder Judicial



“Que para avanzar hacia la nación que todos queremos, merecemos y necesitamos, es necesario que la construyamos sobre los pilares basados en la Verdad, la Justicia, la Libertad y la Democracia.”
(Asociación Madres de Abril, 2018)

“Pensaba que la corrupción estaba focalizada y que se trataba solo de ‘manzanas podridas’ pero nunca pensé que fuera de estas proporciones ni el nivel de apoderamiento del aparato del Estado”.
Iván Velásquez (CICIG)

 

Nadie tiene más legitimidad para exigir justicia que los familiares de las personas asesinadas por el régimen Ortega-Murillo. Dichos familiares están conscientes que el sistema actual de justicia del país está incapacitado para cumplir con sus demandas.

En el manifiesto de la AMA,  publicado en noviembre del 2018, la exigencia de justicia se acompaña de una demanda para implementar procedimientos especiales, ajustados y adaptados al contexto social de conflicto que vive el país y que se base en los siguientes pilares: derecho de conocer la verdad; reparación integral y construcción de la memoria.

Comparto su punto de partida pero, para que haya una nueva sociedad más justa e inclusiva  se necesita un esfuerzo aún mayor. Para eso tenemos que interesarnos en las causas profundas que se han carcomido desde adentro y desde afuera al sistema judicial del país y lo han transformado en un poder del Estado al servicio de unos cuantos, que hoy ha devenido en un sistema autoritario y represivo. Estas causas son la corrupción y la impunidad.

La falta de autonomía e independencia, la corrupción y la cooptación por algunos sectores poderosos (políticos y empresarios) hacen que nuestro sistema de justicia, en lugar de brindar justicia de forma ciega a todos los nicaragüenses, otorgue impunidad a unos pocos. No hay Estado de Derecho en Nicaragua, por tanto, difícilmente se puede (ni se debe) confiar en los procesos que llevan a cabo el poder Judicial, el Ministerio Público y las otras instituciones encargadas de investigar crímenes, hacer y administrar la justicia. Actualmente, estas instituciones no tienen la capacidad técnica, ni la legitimidad y credibilidad para llevar a cabo estos procesos tan complejos y delicados como la lucha contra el crimen, la impunidad y la justicia transicional.

Como muestra de la poca fiabilidad que tienen nuestras instituciones para dar justicia a la ciudadanía, el indicador de Estado de Derecho desarrollado por el World Justice Project (WJP) calificaba a Nicaragua en el 2018 con un valor de 40 puntos sobre 100, es decir, estamos claramente reprobados. Esta puntuación de Nicaragua se compara solamente con la de Zimbabwe y nos separa únicamente 10 puntos de diferencia con Venezuela quien tiene la calificación más baja en todo el mundo. En suma, WJP nos ubica en el puesto 114 de 126.

Este indicador de Estado de Derecho lo podemos complementar con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI). TI nos ubica en el puesto número 152/180 y nos da una calificación de 25 sobre 100 en el IPC. Dicho lo cual, significa que no solamente somos uno de los países con la peor calificación en respeto al Estado de Derecho, pero además según la percepción de TI somos de los países más corruptos del mundo.

Por ello, cambiar estas causas profundas implican mirar más allá que lo sucedido desde abril y enmarcar los procesos de Justicia transicional dentro de un esfuerzo más amplio para cambiar el sistema de justicia de Nicaragua en su conjunto. ¿Quién no recuerda el caso de la familia asesinada por la Policía Nacional en Las Jagüitas? ¿O a los hijos y esposo de Elea Valle asesinados y tirados en una fosa común por el Ejército Nacional en la Cruz de Río Grande en el 2017? ¿O los 34 comunitarios indígenas asesinados entre 2011 y 2018 por colonos?

Por esas razones, debemos abogar por la asistencia de un cuerpo internacional experto e independiente, con suficientes recursos económicos, con capacidad de maniobra flexible y un mandato específico que le permitan no solo investigar la temporalidad en la que se cometieron los crímenes de lesa humanidad (abril 2018- 2019), juzgar caso por caso a los culpables y cómplices, sino que también, ir atrás en el tiempo para investigar las redes de corrupción política y económica que dinamitaron la incipiente institucionalidad del país.

Este cuerpo internacional, además, debería tener la capacidad de recomendar al Estado las modificaciones que debe hacer en el marco jurídico y por tanto a las Instituciones Públicas en aras de garantizar la no repetición de las violaciones de Derechos Humanos.

Existen ya varios países con experiencias similares de los cuales podemos retomar elementos que nos ayuden a consolidar nuestro sistema judicial, más específicamente me refiero a la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG).

Una vez firmados los acuerdos de paz en 1996, Guatemala debía desaparecer los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad que tenían fuertes vínculos entre el Estado y Ejército. No obstante, Guatemala tuvo claro que eso solo era posible si se fortalecía el Sistema Judicial. Es por ello que por medio de un acuerdo entre el Estado y el Secretario General de Naciones Unidas se creó la CICIG en el 2006.

En su lucha contra la impunidad la CICIG ha tenido resultados enormes. Prueba de ellos es que fue capaz de descubrir que el ex presidente Otto Pérez Molina junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti eran líderes de la red de corrupción llamada “La Línea”. Por supuesto, esto generó una gran ola de movilizaciones sociales que fueron determinantes para que Molina dimitiera. La CICIG también ha descubierto los vínculos de corrupción entre un sector de la empresa privada y funcionarios públicos o partidos políticos.

Del mismo modo, la CICIG ha tenido un impacto positivo en la reducción de la impunidad. Esto se ve reflejado en la eficiencia de imputación de sus casos. Mientras la eficiencia de imputación de los casos llevados por la Fiscalía es de 32%, los casos investigados por la CICIG tienen un grado de eficiencia del 85 al 93%. Es decir 8 de cada 10 casos que lleva la CICIG terminan imputados, por el contrario 7 de cada diez casos que lleva el Estado quedan impunes.

Por lo antes descrito, en Nicaragua la sociedad civil debemos impulsar una Comisión Internacional que nos permita fortalecer nuestro sistema judicial, cuyo mandato esté basado en el Derecho a saber, Derecho a la justicia y Derecho a obtener reparación y garantías de no repetición, en aras de que “abril” no se vuelva a repetir.

Para que esto suceda, oficialmente debe existir una solicitud de parte del Estado de Nicaragua para la Secretaría General de Naciones Unidas. En nosotros está la tarea de presionar para que una Comisión de este carácter sea un resultado de las negociaciones, o para que haya un compromiso de llamársele una vez que asuma un nuevo gobierno. Lo que sí es claro, es que de momento las instituciones del Estado y, mucho menos, el sistema judicial actual bajo el mando de Ortega tienen credibilidad como para llevar a cabo esta tarea.

Si nuestro interés es la Justicia, la Verdad, la Reparación y no Repetición, pero además la lucha contra el crimen y la impunidad, esta Comisión Internacional podría no necesariamente ser la panacea, pero sí un medio efectivo y transparente para cambios profundos. Solo la justicia nos garantiza un cambio real, porque no puede haber paz sin justicia, y una transición sin justicia no es una transición.

* Politólogo, miembro de la Articulación de Movimientos Sociales, productor y presentador de Hora Cero.