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Estallido social cumple seis meses en medio de paro de consumo

Nuevas formas de protesta a seis del estallido social

Elecciones 2019 Nicaragua

Ante la persecución y detenciones arbitrarias, los nicaragüenses definen nuevas formas de expresar su descontento contra el régimen de Ortega y Murillo



El estallido social que mantiene a Nicaragua en crisis sociopolítica cumplió este jueves 18 de octubre seis meses en medio de un paro de consumo de tres días, un paro energético de una hora al día de forma indefinida y otras nuevas formas de protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El paro de consumo, un llamado por la Unidad Nacional Azul y Blanco que se inició el miércoles, consiste en no comprar artículos que más generan recursos por impuestos al Estado, como combustibles, bebidas alcohólicas, gaseosas y tabaco.

Hasta ahora la Unidad no ha brindado reportes sobre el efecto de la protesta, pero la misma tiene como objetivo evitar que el Gobierno utilice los ingresos del presupuesto general para “reprimir al pueblo”.

El paro de consumo es la última de múltiples manifestaciones pacíficas de los nicaragüenses contra Ortega, algunas de las cuales han consistido en marchar por las vías principales, paro nacional de actividades, lanzar globos con los colores azul y blanco de la bandera nacional de Nicaragua, o pintarse los labios de color rojo.

Organismos humanitarios afirman que desde el 18 de abril pasado al menos 325 personas han sido asesinadas y otras 459 han sido capturadas como “presos políticos”, debido a las acciones del Gobierno contra los manifestantes autoconvocados, es decir, que no siguen las órdenes de ningún líder.

Nuevas formas de protesta

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia llamó a la población de Nicaragua a vestirse de blanco para conmemorar seis meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega, que han dejando muertos, detenidos y el derrumbe de la economía este año.

“A seis meses del levantamiento cívico nicaragüense, vistamos de blanco en honor a todo este país que, con valentía, honra y sabiduría, hemos continuado enfrentando al tirano de forma pacífica y cívica”, comunicó la Alianza, en sus redes sociales.

Hace exactamente seis meses, un pequeño grupo de personas fue agredido por grupos oficialistas en un centro comercial el sureste de Managua cuando manifestaban contra reformas a la Ley de Seguridad Social, lo que desató indignación y más protestas, que se convirtieron en la exigencia de la renuncia de Ortega debido a la represión.

Diversas organizaciones humanitarias señalan más de 3000 heridos, cientos de lisiados, y que más 25 000 personas han salido del país huyendo de la violencia.

Entre las víctimas, tanto muertas, como heridas, arrestadas y exiliadas, se cuentan niños, ancianos, estudiantes, y exguerrilleros que lucharon contra la dictadura de los Somoza hace 40 años.

“Aunque el régimen nos ha asesinado, desaparecido, secuestrado, torturado, encarcelado, Nicaragua sigue y seguirá luchando por la justicia, la democracia y la libertad”, agregó la Alianza, que aglutina a empresarios, estudiantes, campesinos, académicos y sociedad civil.

A pesar de que la Policía de Nicaragua prohibió manifestaciones sin su permiso, pese al reclamo de expertos que dicen que se trata de una medida que viola la Constitución, los autoconvocados han anunciado que no dejarán de protestar “pacífica y cívicamente”, hasta que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, renuncien al poder.

Sin Diálogo Nacional

Las autoridades reconocen 199 muertos y más de 200 reos, a los que califica como “terroristas” y “golpistas”.

El Gobierno de Nicaragua ha sido señalado, por organismos defensores de los derechos humanos locales e internacionales, como responsable de “más de 300 muertos”, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Entre los organismos que han responsabilizado de forma directa al Gobierno nicaragüense están la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Amnistía Internacional (AI).

El presidente Ortega hasta ahora no reconoce la responsabilidad y mantiene su versión de que su Gobierno es víctima de un intento de “golpe de Estado”.

Un Diálogo Nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, que representa a diversos sectores de la población nicaragüense, se mantiene congelado desde julio pasado, cuando grupos oficialistas agredieron al Episcopado, que actúa como mediador.

Tanto la Alianza como el Episcopado han dicho públicamente que quieren continuar con el Diálogo, cuyo objetivo es que Nicaragua “vuelva” a la democracia, lo que significa adelantar las elecciones de 2021, y que se haga justicia con las víctimas, sin que hasta ahora haya una respuesta positiva de Ortega.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad, y se convirtieron en una exigencia de renuncia tras las muertes registradas durante las manifestaciones.

Con información de EFE