Política

Obispos dicen no y la negociación entra en impase

Alianza Cívica reconsidera su participación. Gobierno se rehúsa a incluir en agenda “adelanto de elecciones”, y aboga por el “fallido golpe de Estado”

La segunda versión del diálogo nacional está, como la primera, a punto de fracasar por falta de voluntad política del régimen Ortega Murillo. Los obispos de la Conferencia Episcopal rechazaron la invitación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la dictadura de Daniel Ortega para fungir como “testigos, acompañantes y asesores” de las negociaciones instaladas en el INCAE desde el pasado miércoles 27 de febrero. Para sorpresa de Nicaragua, los religiosos se desmarcaron del proceso y, tras ocho sesiones, las negociaciones fueron suspendidas. En palabras de la comitiva opositora: el diálogo entró en “un impase”.

“Reiteramos nuestro agradecimiento porque en algún momento de este proceso se nos haya tomado en cuenta. Sentimos que deben ser los laicos que asuman directamente la responsabilidad de gestionar en este momento las cosas temporales de la nación”, reza la carta firmada por el pleno de la Conferencia Episcopal, la principal autoridad moral y la institución más creíble del país. “Acompañaremos como pastores en estos momentos cruciales de nuestra patria”, agregaron.

Los obispos no brindaron mayores detalles sobre la decisión tomada este viernes, pero la ausencia de la institución más creíble del país como “testigos” del diálogo, ha puesto en evidencia que no hay condiciones para dialogar, mientras existan 600 presos políticos en las cárceles de la dictadura y no se restablezcan plenamente las libertades de prensa, expresión y movilización.

La respuesta de la Conferencia Episcopal, hasta ahora ignorada por el Gobierno, causó desconcierto en la Alianza Cívica, cuya comitiva ha enarbolado en todo momento la importancia de la presencia de los obispos como testigos de las negociaciones.

“Siempre hemos insistido que es de suma trascendencia la presencia de la Conferencia Episcopal en esta negociación. Desde un principio insistimos en este punto”, remarcó el doctor Carlos Tünnermann, representante de la Alianza Cívica. “Creemos que la Conferencia Episcopal es el organismo más creíble. El más respetado del país. Ellos contribuyen a darle más confianza a lo que ocurra en el proceso de negociación”, sostuvo.

Reducción de su rol

Durante la primera edición del diálogo en 2018, durante los albores de la rebelión cívica y la represión gubernamental en mayo, la Conferencia Episcopal sirvió como “mediadora y testigo”, es decir como rectora absoluta del acercamiento entre la dictadura y la ciudadanía, representada en la Alianza Cívica. El proceso se suspendió en julio ante la falta de voluntad política del Gobierno, cuya represión imparable también alcanzó a los obispos y el nuncio apostólico Waldemar Sommertag, agredidos durante en Diriamba, cuando intentaron asistir a un grupo de ciudadanos acorralados por paramilitares en la Basílica Menor de San Sebastián. En los meses posteriores, la dictadura también enfiló una campaña de desprestigio y hostigamiento contra varios obispos y sacerdotes. Incluso Ortega acusó a los obispos de “golpistas”.

En esta ocasión, en las negociaciones del INCAE, los religiosos fueron invitados como “testigos, acompañantes y asesores”.

Dora María Téllez, historiadora y dirigente del MRS, aseguró que la negativa de los obispos responde al cambio de rol de “mediadores a testigos”. La exguerrillera sandinista aseguró que el dictador Daniel Ortega “ha tratado en todo momento” de hacer “inviable” la participación de los obispos en las negociaciones.

“Son dos cosas. Primero, Ortega torpedeó a la Conferencia Episcopal para que no fueran mediadores; y limitó la capacidad de los obispos con el Cardenal Brenes solo como testigo”, afirmó Téllez. “Y la segunda cosa es que el régimen no ha mostrado voluntad en liberar a los presos políticos y restablecer las libertades. Los obispos no quieren entrar en eso… además ponerlos como testigos y con dos acompañantes es una falta de seriedad”, valoró.

Desde el 27 de febrero a la fecha, la Alianza Cívica y la comitiva de la dictadura sostuvieron ocho sesiones en el INCAE. De acuerdo a fuentes allegadas a la negociación, el proceso de aprobación de la llamada “hoja de ruta” demoró tanto tiempo porque el Gobierno se oponía a la participación de ciertos obispos en las negociaciones, en especial la del titular de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.

“Fue una negociación compleja en los términos de testigos, garantes y asesores. Fue un proceso difícil porque hubo mucha resistencia de la otra parte”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la comitiva opositora.

La Alianza Cívica consiguió en la negociación que la dictadura levantara el veto de participación al obispo Álvarez, uno de los más críticos con el régimen sandinista junto al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el obispo de Estelí, Abelardo Mata. Al finalizar la quinta jornada de reuniones este seis de marzo, la Alianza Cívica celebró que el “cardenal Brenes” podría llegar con “los obispos que quisiera” en calidad de asesores a la mesa del INCAE.

Fuentes vinculadas a la negociación revelaron que las pláticas se estancaron este viernes cuando el Gobierno se rehusó a aceptar como tema de agenda “el adelanto de eleccoines”, y pretendió incluir como tema “el fallido golpe de Estado”. Sin embargo, para la Alianza el impase se impuso cuando los obispos a anunciaron su no participación como ¨testigos¨, despojando al diálogo de credibilidad

Alianza intentó aclarar el rol

La Alianza Cívica reveló que, además de la carta de invitación enviada a la Conferencia Episcopal, ellos enviaron otra misiva la mañana de este viernes aclarando el “rol” de “testigos, acompañantes y asesores”, lo que deja entrever la incomodidad de los religiosos con el papel que les habían ofrecido para esta negociación.

“Como Alianza Cívica hemos hecho todo lo posible para asegurar la presencia de la Conferencia Episcopal. Insistimos en que su participación sería una presencia activa”, explicó Tünnermann. “Les explicamos que el hecho de que fuesen testigos y acompañantes no era para limitar sus participación activa”.

De acuerdo a la Alianza, la explicación sobre el rol ofrecido se le hizo llegar de forma personal al cardenal Brenes. En la comunicación resaltaban que el rol de “testigos, acompañantes y asesores” suponía que los obispos podían “intervenir cuando creyera conveniente el Cardenal y sus dos asesores”. “La calidad de testigo iba más allá a lo que dice la letra de la hoja de ruta”, remarcó Tünnermann.

Sin embargo, los obispos sorprendieron al negarse a participar en la mesa negociadora. “Nuestro mayor aporte como pastores de esta Iglesia que peregrina en Nicaragua, seguirá siendo acompañar al pueblo en sus sufrimientos y dolores, en sus esperanzas y alegrías, y elevando nuestras plegarias de intercesión para que Nicaragua encuentre caminos civilizados y justos para una solución pacífica en vistas al bien común”, afirma el documento de la CEN.

“Desconfían de Ortega”

Más allá del nuevo rol conferido a los obispos en las negociaciones, el exdiputado liberal y analista político, Eliseo Núñez, sostuvo que detrás del no de la Conferencia Episcopal está la desconfianza que los religiosos le tendrían al régimen Ortega-Murillo.

“Hay que ponerse en los zapatos de los obispos”, recomendó Núñez. “Durante el primer diálogo el Gobierno les tendió una alfombra roja al principio, luego los maltrató a un grado extremo. Con esta nueva negociación, los aceptó a regañadientes y puso una serie de peros a su participación. Eso les generó una desconfianza mayor en el régimen”, afirmó el exlegislador.

En la hoja de ruta aprobada se acordó que también se invitara como “testigos, acompañantes y asesores” a la Iglesia evangélica, en específico a la organización Pastores Interdenominacionales Unidos por la Nación, representada por el pastor Jorge Ulises Rivera. Esta organización nació después de abril de 2018, y su presencia en la negociación fue aupada por la comitiva gubernamental. Los principales líderes evangélicos han sido señalados de callar o actuar como cómplices de la masacre oficial, perpetrada por policías y paramilitares.

El exdiputado Núñez y la dirigente del MRS Dora María Téllez coincidieron que los únicos que le darían credibilidad nacional e internacional a la negociación del INCAE son los obispos de la Conferencia Episcopal.

“Son los únicos mediadores que pueden generar confianza. Si el Gobierno quiere solucionar la crisis, debe tener una interlocución directa con los obispos y demostrar que en realidad están interesados en el diálogo”, recomendó Núñez. “Además, el régimen debe darle a los obispos acciones de buena fe, como la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades básicas. Eso abriría una gran posibilidad a que los obispos regresen”, aseguró el exlegislador.

Faltan gestos positivos del Gobierno

La Alianza Cívica se rehúsa a creer que las negociaciones fracasarán tras la respuesta negativa de los obispos. Más bien aseguró que este fin de semana “reflexionarán” para “reconsiderar su participación” en la mesa.

José Pallais, integrante de la comitiva opositora, aseguró que en “la reflexión” sostendrán reuniones con “todos los sectores sociales y las fuerzas que han apoyado el establecimiento de este diálogo”.

“Es necesario una reflexión profunda del Gobierno”, recomendó también Pallais. “Es necesario ver gestos positivos del Gobierno sobre su voluntad de encontrarle solución de la crisis por el camino correcto. En ambiente de libertad, reconocimiento de derechos y sin presos políticos. Insistimos en la necesidad de que ellos reflexionen profundamente”.

Hasta ahora, el régimen no se ha pronunciado sobre este impase y la suspensión del mismo anunciado por la Alianza Cívica.

“Vamos a replantear nuestra posición en la negociación. Nuestro mandato es libertad de los presos políticos, elecciones libres, justicia y reparación”, afirmó el doctor Carlos Türnneman, tras añadir que trabajarán “para que (el impase) se pueda superar este fin de semana, para retomar las negociaciones lo más pronto posible”. En la hoja de ruta, alcanzada tras cinco de las ocho sesiones realizadas, la Alianza Cívica y el Gobierno se propusieron concluir la negociación para el próximo 28 de marzo, un plazo que a menos de 20 días luce aún más difícil hasta para la previsión más optimista.

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