22 de abril 2020
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Desde inicios de 2020, Nicaragua se ha estancado ante un vacío de poder que se ha agravado por la crisis de la pandemia, acompañado de un empate político prolongado entre el régimen y los actores del movimiento opositor de la Coalición Nacional. Entre el vacío de poder y el empate político hay más de cien mil empleados públicos secuestrados por la cúpula política del orteguismo, éstos no renuncian por temor a perder su empleo en medio de la crisis, y tampoco denuncian por temor a la represión, sobre lo cual han sido advertidos.
El vacío de poder
Después del período navideño 2019, el Gobierno ha estado trabajando en función de medidas de corto plazo, buscando como ampliar su base tributaria, o acomodar sus menguadas rentas frente a las sanciones internacionales. La capacidad de generar mas ingresos en 2020 ya estaba limitada de sobremanera porque a pesar de haber exprimido al sector privado con una carga tributaria represiva, no pudo superar sustancialmente los niveles de renta del 2018, los cuales estaban 500 millones de dólares por debajo del 2017.
Dado el desgaste que pesa sobre los pequeños empresarios, el Gobierno ha estado buscando formas de extraer más recursos, porque le resulta insuficiente operar a un 80% de capacidad y ante la proyección preliminar de otra caída, están abocados a una estrategia cortoplacista.
Con la crisis económica que resulta de la pandemia, la reducción en la capacidad de consumo de los hogares (jefeados por trabajadores formales e informales) y la caída de ingresos del sector externo (exportación, turismo y remesas) el Estado reducirá drásticamente su capacidad de captar impuestos en un porcentaje estimado 25% menor que en el año 2019.
A esta limitante se agrega la ausencia real del Presidente de la República como gobernante. Sea por razones de sus enfermedades crónicas de salud o por otros motivos asociados al equilibrio político de la pareja presidencial, la ausencia permanente del mandatario muestra la pérdida de liderazgo del orteguismo en el país. Daniel Ortega no tiene capacidad, ni propuestas, o estrategias para gobernar, y generar consensos. Desde su posición dictatorial, ejecutando la fuerza y forzando la ley para reprimir, su espacio de acción se había limitado a mantener el estado policial, y esquivar el impacto de las sanciones internacionales. Sin embargo, de forma tácita, no legalmente, le otorgó la autoridad a Rosario Murillo para administrar el Gobierno.
Murillo tampoco tiene capacidad para dirigir las políticas públicas, porque ha perdido totalmente cualquier legitimidad política por su papel preponderante en la represión. La vicepresidenta es la figura que concita mayores niveles de rechazo y desconfianza en el país, incluso entre los empleados públicos y simpatizantes del FSLN.
En ningún ámbito del sector público, sea educación, infraestructura, o economía, hay gobernabilidad, o políticas públicas. Se trabaja por inercia, no bajo una estrategia que permita sumar apoyos y voluntades. Todos los días a la una y media de la tarde, Murillo se limita a declamar consignas en clave de símbolos religiosos en la televisión oficial. Con una mano predica que su política de salud consiste en visitar “hogares para orar, acompañarlos y darles ánimo y promoviendo medidas de precaución ante el COVID-19”, mientras con la otra promueve la propagación del virus, facilitando contactos masivos entre la población. En las actividades de cualquier ministerio o Poder del Estado, sobresale la ausencia de dirección para lograr metas que permitan mejorar del rendimiento académico, reducir la pobreza, aumentar riqueza, crédito e inversión, resolver la inclusión social y abordar la crisis política.
A la par de esta inercia en el Gobierno y de falta de liderazgo del Ejecutivo, existe un sector público secuestrado por el orteguismo. Los servidores públicos, civiles y militares, sufren una presión constante en tanto tienen que demostrar su lealtad al régimen o aceptar las consecuencias de perder su trabajo si critican, o ser reprimidos si denuncian la corrupción del sistema. El trabajo de estos funcionarios y empleados públicos, y la actividad del sector privado, es lo que permite al país mantenerse en un estado de inercia, sin caer en el caos.
El empate político
En medio del vacío de poder, la oposición nicaragüense que prometió agruparse en una Coalición Nacional para ofrecer una salida política, se encuentra en un empate con el régimen. Este empate ocurre a dos niveles. Por un lado, el liderazgo dentro de UNAB y ACJD ha desgastado sus esfuerzos políticos, sin identificar una estrategia de conducción frente a la nación. Le ha costado adoptar sus propias reglas del juego internas, para hacer funcionar y ampliar la Coalición.
Los líderes principales, provenientes de la Alianza Cívica y la UNAB, surgidos de la protesta del movimiento autoconvocado, y los partidos políticos, PLC, PRD, FDN, y Yatama, invitados a integrar la Coalición Nacional, aún no han sumado la fuerza para definir y promover una agenda nacional de cambio político.
Desde fuera de la Coalición, el partido CxL intenta condicionar los alcances de una alianza naconal, sin contar con el peso político territorial y menos aún con la capacidad de sumar otras fuerzas, mientras los líderes del movimiento estudiantil, campesino y el sector privado, gravitan en la indecisión sobre a quien apoyar o qué dirección tomar.
La situación ha producido un especie de empate en el que la lucha por el liderazgo al interior de la Coalición se encuentra en una encrucijada para reavivar el hilo conductor que le vio nacer, y reasumir la iniciativa para encarar la crisis nacional y la pandemia del coronavirus.
¿Cómo romper la inercia política y el empate?
Es imperativo definir una agenda política y un plan de acción desde la oposición, que le permita romper el empate con el régimen, rescatar al país de la inercia, y liberar a los servidores públicos del secuestro político, marcando el camino hacia la salida de la crisis de la dictadura
Esto demanda un nuevo curso de acción liderado por los tres actores que, como contrapeso del régimen, han tenido mayor indicencia en la crisis nacional que se ha prolongado durante dos años.
La Coalición
La agenda del cambio político requiere el reposicionamiento de la Coalición Nacional como representante de la nueva mayoría polìtica nicaragüense, visibilizar el vacío de poder existente, y asumir un liderazgo político que le ofrezca soluciones a la población, ante el agravamiento de la crisis económico-social y el coronavirus.
No se trata de crear un gobierno paralelo, sino de presentarle a los nicaragüenses un plan de acción, el contrato social con la oferta económica y política que demanda la población para enfrentar la pandemia --desde extender las notificaciones de cómo protegerse, a cómo buscar ayuda y servicios de salud en caso de estar enfermo, hasta la implementación del fondo de emergencia autoconvocado.
Adicionalmente, la Coalición debe posicionarse ante los empleados públicos, civiles y militares, como una alternativa política que está lista para gobernar, lo cual implica generar confianza a través de una propuesta inclusiva sobre el nuevo contrato social en el sector público, que se distancie del chantaje y el clientelismo que representa el orteguismo. Es de vital importancia establecer la preeminencia de la agenda nacional de justicia, desarrollo y democracia con rendición de cuentas. Ellos tienen que recordar a ciertos interlocutores sorbre el papel y responsabilidad que instituciones nacionales como el Ejército de Nicaragua pueden jugar, en el contexto de una reforma política, para hacer valer los acuerdos para respetar los resultados de una elecición libre, transparente y verificada.
El sector privado
El sector privado, es decir, tanto los gremios organizados y los consorcios empresariales, como los microempresarios, enfrentan el desafío de demostrar su liderazgo en el Grupo de Trabajo conformado por Cosep, Amcham, y Funides, incluyendo en el esfuerzo de conformar un Fondo de Emergencia, para realizar una gestión nacional e internacional de recursos, para general un plan de apoyo para mitigar el impacto de la crisis social.
Los empresarios están estratégicamente ubicados para continuar exigiendo que el gobierno adopte políticas públicas de alivio para la población como flexibilizar y extender moratorias de deudas, revisar políticas crediticias, y brindar alivio económico, posponiendo el pago de los servicios de energía, agua, y telecomunicaciones.
Sociedad civil
Ante el vacío de poder y el colapso de la gestión de gobierno, es también responsabilidad de la sociedad civil asumir su misión de solidaridad ante la crisis pandémica. Los médicos y científicos, las iglesias, las fundaciones privadas y organizaciones no gubernamentales, están en la posición de profundizar las orientaciones para evitar la propagación del contagio, y gestionar recursos para realizar de forma masiva pruebas de covid-19 en centros de salud privados.
Es de vital importancia el liderazgo social y moral de la Iglesia católica, promotora del primer diálogo nacional a petición del Gobierno, para lanzar una cruzada nacional de solidaridad. A contrapelo de las presiones del Estado, que pretende monopolizar la relación con los pobres, la Iglesia católica es la institución que tiene más credibilidad en la vida nacional y nunca ha podido ni podrá ser desplazada por el régimen en el ejercicio de su misión pastoral y su doctrina social. En consecuencia, le corresponde acompañar esta cruzada ciuadadana de solidaridad, con el apoyo de la gestión de recursos del sector privado, hasta que un nuevo Estado democrático, pueda llenar el vacío que ha dejado la crisis terminal de la dictadura Ortega Murillo.
