Estado ausente y ciudadanía activa en Nicaragua

Brasil y Nicaragua son los dos países latinoamericanos que todavía se resisten a implementar medidas para prevenir y contener el contagio del coronavirus y sus efectos. Los presidentes, Jair Bolsonaro en Brasil y Daniel Ortega en Nicaragua, se han negado reiteradamente a adoptar políticas sanitarias según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a pesar de que el virus se ha propagado de manera alarmante en los dos países.

La lógica de los Ortega-Murillo

Las decisiones que ha tomado el Gobierno de Ortega en Nicaragua respecto a la pandemia sorprenden a muchos. Algunos piensan que son irracionales o sin sentido, pero en realidad responden a la visión que el presidente y su círculo cercano tienen respecto al país, la crisis que arrastra desde abril de 2018 y esta nueva emergencia: una lógica de omisión y negligencia premeditadas.

El Gobierno ha insistido en negar de manera recurrente la presencia del virus en el país y sus efectos con diferentes argumentos que van desde justificaciones religiosas (como, por ejemplo, la afirmación de la vicepresidenta y vocera Rosario Murillo, de que las fronteras del país estaban “blindadas” por la protección divina) hasta el argumento del propio Ortega de que no iban a establecer la cuarentena para no perjudicar la economía. En esa línea, desde que se produjeron las primeras alertas en Centroamérica el Gobierno nicaragüense convocó a numerosas actividades que implicaban aglomeración de personas como ferias, marchas políticas, actividades deportivas y culturales. Llegó incluso a organizar un carnaval llamado Amor en tiempos del Covid, donde los trabajadores de la salud desfilaron con carrozas junto a simpatizantes gubernamentales con carteles que daban la bienvenida al virus.

Se ha negado a suspender las clases en los centros educativos públicos, realizar campañas informativas y de prevención entre la población, así como realizar pruebas masivas de contagio a pesar de que dispone de 26 000 kits donados por un organismo financiero regional. También se ha negado a suspender las jornadas de trabajo en las instituciones públicas, o establecer una cuarentena. Al contrario, ha promovido visitas casa a casa con empleados públicos.

Uno de los aspectos que más controla el Gobierno es la información sobre la evolución de los contagios y sus efectos. Desde que se anunció el primer caso el 18 de marzo, la información ofrecida es poco transparente, confusa e imprecisa sobre la cifra de casos activos, recuperados, los decesos y el número de pruebas realizadas. Durante varias semanas, y aun cuando los reportes periodísticos indicaban que los hospitales ya estaban saturados de pacientes, el Ejecutivo seguía sosteniendo que solamente había 27 casos positivos y se negaba a reconocer el contagio comunitario. Cuando la curva de casos comenzó a crecer exponencialmente, no tuvo más alternativa que reconocerlo, cambiando el registro de 279 casos a inicios de mayo hasta los 759 en un lapso de dos semanas.

Una de las decisiones más graves y contradictorias del Gobierno Ortega-Murillo ha sido impedir al personal médico que usara equipos de protección, incluyendo a quienes atendían personas enfermas de Covid-19, provocando que más de 40 médicos y personal de salud se infectaran del virus y algunos de ellos murieran. Luego de una fuerte protesta pública de más de 700 profesionales sanitarios, y ya cuando la curva de contagio había comenzado a ascender, el Ejecutivo les permitió utilizar mascarillas y otros equipos de protección adquiridos por su propia cuenta.

Una de las consecuencias más dramáticas de la política seguida es la disposición de equipos policiales y simpatizantes civiles armados en las entradas de los hospitales para evitar reclamaciones de los familiares de las personas internadas, además de controlar al personal de salud para que no filtre información no autorizada. Estos grupos de policías y civiles armados asisten a los sepelios de las personas fallecidas para evitar que sus familiares denuncien irregularidades. En otras ocasiones, son los encargados de efectuar los llamados entierros exprés, que consisten en sepultar a los muertos por el virus bien entrada la noche, muchas veces sin presencia de familiares, para que el resto de la gente no se entere.

Como ha quedado demostrado, la acción del Estado es clave para combatir esta pandemia global y puede hacer una diferencia sustantiva en la expansión del contagio, así como en sus consecuencias. En el caso de Nicaragua, el Gobierno de Ortega y Murillo son el ejemplo más claro de un Estado ausente que, de manera premeditada, ha optado por afrontar la emergencia desde una política necrófila y autoritaria.

La contracara de la moneda: una ciudadanía activa

La ausencia voluntaria del Estado ha dejado a la población expuesta y desprotegida frente a la pandemia. Por ello, la gente ha optado por tomar sus propias medidas de prevención, tanto de manera individual como colectiva. Muchos están realizando cuarentena y distancia física voluntaria, utilizan mascarillas para salir a la calle y otras medidas de protección. Pero también hay muchas y muy valiosas iniciativas de grupos organizados.

Una de las primeras y más destacadas es la conformación de un Comité Científico Multidisciplinario, integrado por profesionales de diferentes especialidades que, frente a la ausencia del Estado y la falta de información, se han convertido en la principal referencia para la población. Desde antes del primer caso positivo en el país, se han encargado de emitir alertas, analizar la evolución del contagio, recomendar medidas de prevención y facilitar la información a su alcance para aminorar los efectos de la pandemia entre la población. La Unidad Médica Nicaragüense, un grupo importante de médicos organizados de manera independiente, se han sumado a este esfuerzo y se han dispuesto a atender pacientes que son rechazados por el precario sistema de salud del país, que prefieren quedarse en sus casas porque temen contagiarse en los hospitales o sus síntomas son leves o bien porque no pueden costear servicios médicos privados.

Otro grupo de profesionales organizó el Observatorio Ciudadano Covid-19, que recopila información y da seguimiento a los casos sospechosos que se presentan. La recolección de datos se realiza mediante una vasta red de voluntarios y líderes locales que identifican los casos. Cada uno reportado es verificado e incorporado a las estadísticas una vez que se constata. El enfoque que utilizan es el de vigilancia epidemiológica comunitaria, y quienes participan lo definen como un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario en conjunto con organizaciones, redes sociales y ciudadanos individuales que, de manera voluntaria, contribuyen a llenar el vacío de información sobre la pandemia. Elaboran informes semanales con información detallada de los casos recopilados en distintos lugares del país, aunque no constituye un informe oficial ni completo. Los informes se dan a conocer a través de las cuentas en las redes sociales que el mismo Observatorio ha creado.

Dos iniciativas más se han efectuado de manera masiva: a) campañas informativas y de prevención promovidas por diferentes organizaciones sociales y políticas y que circulan a través de las redes sociales; y b) cadenas de apoyo y solidaridad local, organizadas por personas vinculadas con el movimiento cívico que está activo desde abril de 2018, y que llevan ayuda a personas y familias contagiadas o bien a personas en condición de vulnerabilidad.

Frente a un Estado premeditadamente ausente, la existencia de una ciudadanía activa se convierte en un inmenso capital social sobre el que descansan las acciones más importantes que se realizan en Nicaragua para prevenir, contener y paliar los efectos más críticos de la pandemia, tanto en términos sanitarios y humanos como económicos y sociales.

*Este artículo fue publicado originalmente en Agenda_Pública