18 de enero 2021
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El viernes 8 de enero, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció planes de iniciarle juicio político al presidente Donald Trump (el segundo en un año) con la esperanza de destituirlo antes de que haga más daño al país. El primer intento, que empezó en diciembre de 2019 y concluyó el pasado febrero, fue inútil e imprudente, y terminó dando una ligera ventaja política a Trump. Ahora los demócratas tampoco la tendrán fácil, pero deben seguir adelante. El juicio político ofrece la posibilidad de impedir que Trump vuelva a ejercer un cargo público, y con eso es suficiente para justificar el riesgo de que no prospere.
Según la Constitución de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes debe en primer lugar aprobar el pedido de juicio político por mayoría de votos, algo que no supone problema para los demócratas, que son mayoría en la Cámara. Lo complicado es el Senado, donde 17 senadores republicanos tendrán que acompañar a los demócratas para obtener la mayoría de dos tercios necesaria para destituir e inhabilitar al presidente.
Mucha gente lleva años esperando que los republicanos admitan que Trump no tiene aptitud para ejercer cargos públicos y le suelten la mano. Pero a pesar de una retahíla de escándalos, políticas erradas y mentiras flagrantes, Trump ha conservado su base de seguidores, lo que le dio poder sobre los políticos republicanos que tuvieran que presentarse a reelección. Ese simple hecho explica por qué casi todos los republicanos con cargo electivo se han mantenido fieles al presidente.
El primer juicio político a Trump se basó en sus presiones al gobierno ucraniano para que investigara a Joe Biden y Hunter Biden, y en la obstrucción de la investigación que llevaba adelante el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en la elección de 2016. Ningún miembro republicano de la Cámara de Representantes votó a favor del juicio político, y un solo senador republicano (Mitt Romney, de Utah) votó por destituirlo.
De hecho, la absolución de Trump era predecible. Los dos escándalos ya eran bien conocidos antes del juicio político, y no habían dañado la reputación de Trump entre los republicanos. El caso de Ucrania era demasiado complicado y alejado del día a día como para tener efecto sobre los votantes; y la acusación de obstrucción de la justicia era excesivamente legalista. Como no había pruebas de que Trump hubiera pedido ayuda a los rusos para la elección, la investigación podría describirse como una operación política para dañar su imagen.
Pero el segundo pedido de juicio político se da a continuación de dos hechos mucho más significativos: las presiones de Trump al secretario de Estado de Georgia, en una conversación telefónica del 2 de enero, para obligarlo a anular la victoria del presidente electo Joe Biden en ese estado; y la incitación a la turba que invadió el Capitolio el 6 de enero. Los representantes demócratas ya habían redactado un pedido de juicio político por «incitación a la insurrección», pero hubiera sido mejor decir «subversión de la elección presidencial». Las acciones de Trump contra el resultado (denuncias infundadas de fraude electoral, presiones a funcionarios electorales y el intento de impedir la certificación de la votación del Colegio Electoral) son de una dimensión claramente constitucional.
De todos modos, una condena en el Senado no está garantizada. Aunque la Constitución habla, con tono legalista, de «delitos y faltas graves», los senadores pueden votar como quieran. No están obligados a condenar a Trump aunque haya cometido delitos; y con la información disponible hasta ahora, tampoco está claro que la llamada del 2 de enero o el discurso del 6 de enero hayan sido actos ilegales según los requisitos técnicos del derecho penal estadounidense. Los senadores republicanos son políticos ante todo, y priorizarán las consecuencias políticas de lo que voten. A menos que Trump pierda una proporción sustancial de su base de seguidores, necesitarán algún otro motivo para condenarlo.
Una pérdida acelerada de simpatizantes parece improbable, ya que muchos votantes republicanos no creen que haya alentado los disturbios o están felices de que lo haya hecho. Pero la manifiesta repulsa del empresariado estadounidense a Trump puede ser un llamado de atención. La Asociación Nacional de Fabricantes (un importante lobby empresarial) pidió la destitución del presidente, y las principales empresas de redes sociales lo expulsaron de sus plataformas. Los republicanos con cargo electivo no pueden darse el lujo de malquistarse con los seguidores de Trump, pero tampoco con el empresariado estadounidense.
Además, privado de su megáfono de Twitter, el poder de Trump sobre su base está en duda. Ahora que los republicanos perdieron en una misma elección la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, algunos políticos republicanos se estarán preguntando qué bien le habrá hecho Trump al partido.
Pero que los demócratas no se hagan ilusiones de que la enorme gravedad de los acontecimientos recientes bastará para obtener suficientes votos republicanos contra Trump en el Senado. Los republicanos temerosos de enfrentar a los votantes en las primarias pueden sostener que en la llamada del 2 de enero, Trump no ofreció sobornos ni lanzó amenazas explícitas. En cuanto al 6 de enero, podrían señalar que Trump no hizo un llamamiento declarado a la violencia, y que no podía prever que la policía del Capitolio se vería desbordada. Aunque sean argumentos fríamente formalistas y fuera de contexto, pueden servir de excusa a votantes republicanos contrarios a la violencia política a los que se les hace difícil racionalizar el apoyo que dieron a Trump todo este tiempo.
Un obstáculo más serio es que los senadores republicanos pueden dejar correr el reloj. Controlan el Senado hasta el 20 de enero, y pueden negarse a sesionar y juzgar a Trump hasta que haya dejado el cargo (algo que ya insinuó el líder de la mayoría, Mitch McConnell). Y en caso de sesionar, pueden insistir en celebrar audiencias, con el argumento de que el presidente tiene derecho a contar con tiempo suficiente para preparar su defensa.
Pero si la opinión pública se volcara claramente contra Trump, tal vez McConnell convoque a una sesión de emergencia. Incluso un juicio político después de que Trump deje el cargo serviría para algo, ya que tal vez le impida candidatearse a la presidencia en 2024.
Pero aun expulsando a Trump de la política estadounidense, el trumpismo va para largo. De modo que al analizar las alternativas, los demócratas deben sopesar el riesgo de reacciones. Un juicio político fallido (o incluso exitoso) puede movilizar a la base de Trump; y si tuviera visos de ser injusto, también puede enfurecer a los votantes independientes. Y muchos podrían tomar revancha en la elección intermedia dentro de dos años.
*Artículo publicado originalmente en Project Syndicate.
