1 de marzo 2021
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A lo largo de la historia de Nicaragua los periodistas hemos estado subordinados a vínculos con los grupos de poder, pero en este momento estamos viviendo una situación extraordinariamente diferente, con un gremio de periodistas y comunicadores sociales independientes de la dictadura y de empresarios, iglesias, así como organizaciones sociales y de todo tipo.
Paradójicamente, aunque bajo fuego constante de la dictadura orteguista, las mujeres y hombres de prensa organizados en Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), se han constituido en una fortaleza de la resistencia pacífica ciudadana que no se doblega ante la represión del régimen.
Quizá lo nuevo sea que unos 200 periodistas y comunicadores, incluyendo algunos que se encuentran en el exilio, han hecho una toma de conciencia sin precedentes sobre su función social y la necesidad, para realizarla, de no subordinarse a ningún grupo de poder, para ser independientes y realizar con autonomía su labor de recolectar información, procesarla y servirla a las audiencias.
Son periodistas indoblegables porque no dan marcha atrás en el cumplimiento de su misión de informar a la ciudadanía sobre los principales acontecimientos locales e internacionales, pese a la injusta, cruel e implacable represión recibida de parte de la dictadura, que les ha confiscado e incendiado medios de comunicación, los ha golpeado, herido y encarcelado, les ha robado sus equipos, los ha amenazado incluso poniéndoles en la sien el cañón de fusiles AK, los ha asediado y hostigado e incluso asesinó a uno, el colega de Bluefields, Ángel Gahona.
Este gremio recién organizado en diciembre del 2018 rápidamente se ha convertido en la más pujante organización nacional de periodistas, probablemente porque promueve un empoderamiento de sus miembros y proclama que no es neutral debido a que se opone con firmeza a los regímenes autoritarios, a la violación a los derechos humanos, a la corrupción y el narcotráfico y a toda forma de violencia, en particular contra la mujer. Y su trabajo se basa en la veracidad.
Dentro de una oleada de aprobación de leyes extremistas que solo se explica por el grado de descomposición de la declinante dictadura orteguista y su aproximación a su fase última, la obediente aplanadora de diputados aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos (“Ley Mordaza”), que contiene una tipificación de delitos sumamente ambigua, abierta, flexible y nebulosa para que los jueces al servicio del poder absolutista se sirvan con la cuchara grande y repriman a los periodistas y comunicadores condenándolos por cualquier cosa, incluso por una mala mirada o por bostezar. Muchas de esas tipificaciones son totalmente anticonstitucionales.
La “Ley Mordaza” es un mamotreto jurídico terrorista que persigue infundir el más fuerte miedo a los periodistas para que no continuemos informando a la población, para que no digamos lo que está ocurriendo, para que la gente no se informe, no sepa lo que pasa, no tenga criterios, no pueda tomar decisiones y por tanto no ejercite sus derechos ciudadanos y renuncie a ser protagonista en la transformación de su entorno.
La dictadura le teme al periodismo precisamente por su conexión natural con el proceso de toma de conciencia de la población y con su protagonismos en la resistencia pacífica ciudadana, independientemente de que en los últimos meses haya pocas acciones y actividades, aunque las redes sociales están saturadas de mensajes subversivos, cuestionadores, de rebeldía, que le dicen a la pareja de dictadores que no los quiere, que la ruptura principalmente causada por los asesinatos del 2018 ya no se puede cerrar si no es con la separación de ellos del poder y el advenimiento de un sistema político de libertad, democracia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos.
Nada ha logrado detener la labor informativa del periodismo nacional independiente. La dictadura también está ensayando con enjuiciamientos en sus tribunales políticos destinados a sentenciar solo culpabilidad, como hicieron con Kalúa Salazar, directora de prensa de radio “La Costeñísima”, en Bluefields; y más recientemente con David Quintana, director del “Boletín Ecológico”. Ambos fueron condenados a pagar multas onerosas, como hacía la dictadura somocista. Pero las mujeres y hombres de prensa no se han amilanado y continúan ejerciendo con responsabilidad su oficio y profesión.
Es formidable esta resistencia pacífica que el periodismo le opone a la dictadura. Alguien me preguntaba recientemente si ya hemos visto lo peor o estamos en vísperas de encarcelamientos de muchos periodistas bajo la guadaña de la “Ley Mordaza”, de lo cual es capaz este régimen cruel. Podría ocurrir, pero solo consolidará más la firmeza del gremio y el rechazo de la ciudadanía y de la comunidad internacional.
Cumplir con la labor periodística cada vez es más difícil en Nicaragua, es una tarea arriesgada, peligrosa y desafiante, sin embargo, este gremio continúa ejerciendo su loable labor informativa. Paradójicamente, otros periodistas, oficialistas y subordinados a la pareja dictadora, desde los micrófonos de radios y televisoras del régimen atacan como a enemigos a sus colegas independientes, los amenazan, les desean que los repriman, que los encarcelen, enjuicien y condenen.
Para finalizar, deseo recordar con emoción la fundación del primer diario en nuestro país, “El Diario de Nicaragua”, por parte de Anselmo Rivas y Rigoberto Cabezas el 1 de marzo de 1884, acontecimiento que dio la pauta para que en 1963 se decretara que cada año de una fecha como esta, se conmemoraría el "Día Nacional del Periodista”, lo cual estamos haciendo en lucha, con firmeza, honestidad y dignidad. Claro que tenemos algo que celebrar: la valiente resistencia pacífica ciudadana del gremio de periodistas independientes de Nicaragua.
