Opinion

No es negligencia en manejo del covid-19, es mala fe, dolo, contra la población

En vez de sálvese quien pueda, han optado porque muera quien tenga que morir… incluso sus más fieles guardianes.

Según algunas voces la actitud de la dictadura ante el coronavirus es un acto de negligencia por haber permitido, a pesar de todas las advertencias del mundo, que la pandemia azotara con todas sus fuerzas a la población nicaragüense. Pero a juzgar por los argumentos del propio gobierno no hay huellas de ninguna negligencia; más bien se deduce mala fe, dolo, un comportamiento deliberado de quienes en vez de mostrar un poco de empatía con el sufrimiento de los demás, se han comportado con la crueldad de los psicópatas.

La negligencia alude al descuido, ligereza en el cumplimiento de las obligaciones que alguien tiene asignadas por las leyes o la costumbre. En cualquiera de los casos ronda el error involuntario que lleva a la mala praxis. Es justamente esto último, el acto involuntario, lo que no se observa en los comportamientos del Gobierno de Nicaragua frente a la primera emergencia planetaria que asola la humanidad en un siglo.  Más bien ha reaccionado con chulería de matón de barrio (“festival del amor en tiempos del COVID 19”), con menosprecio a las evidencias (“es una peste de los ricos y de los blancos) y con la obcecación de los irresponsables (las campañas de visitas de casa por casa). 

Estos actos deliberados destilan la mala fe, la actuación dolosa de quien a sabiendas del mal que causaba la ha seguido practicando. Hay dolo en la ocultación de la información en circunstancias que la población necesitaba la más veraz posible de parte de las autoridades para preservar sus vidas, para autogestionar comportamientos responsables en sus casas y en los espacios públicos. Hay mala fe, y en cantidades calculadas, en la prohibición de que el personal sanitario lleve mascarillas en los hospitales, y más aún cuando se expulsa de los mismos a médicos especialistas indispensables para luchar contra la pandemia.

Las pruebas de la mala fe están en el “libro blanco” elaborado por el régimen, concretamente entre las páginas 27 y 32, en las que enumera las medidas que tomó para enfrentar la emergencia: capacitación a casi 160 mil brigadistas y 4 millones y medio de visitas casa por casa, como si se tratara de hacer propaganda y de tapar charcas en los barrios. Pero en ninguna de las 75 páginas del panfleto se dan argumentos para justificar la irresponsabilidad de organizar manifestaciones y celebraciones masivas en las etapas de incubación del virus, justo cuando el resto del mundo ponía en práctica el confinamiento y la distancia social. Estas demostraciones, como se está viendo en la actualidad, fueron actos suicidas obligatorios de los que los miembros de la dinastía se cuidaron de no asistir. Entre otras razones porque sabían muy bien que el peor vector del contagio somos los seres humanos y las aglomeraciones el mejor caldo de cultivo. 

La mala fe de poner en peligro de muerte a los suyos y, por extensión, a los demás, esconde la misma lógica de mandar a matar utilizada con mayor crudeza a partir de abril de 2018. La diferencia es que hace dos años unos disparaban y otros morían; en los primeros estaban ellos detrás de los fusiles y amparados por la impunidad; en los segundos estaban los demás, detrás de las barricadas, la mejor de las veces con morteros artesanales. Pero esta vez la mala fe pone a moros y cristianos en las mismas condiciones. No hay fusiles ni leyes que garanticen la inmunidad frente a un virus tan complejo como desconocido por mucho que los propagandistas de los asesinos aseguraran contar con un antídoto caribeño milagroso. 

El goteo mortal de cada día no puede ser ocultado por secretismos ni censuras. Los hospitales colapsados y los entierros clandestinos están a la vista de todos aunque inventen malabares para maquillar las cifras. En Nicaragua se ha llegado al extremo de que los ciudadanos, ni siquiera muertos, tienen el derecho de ser considerados al menos como una cifra. Esta penalización no es banal; borra sus vidas y borra sus muertes por haber cometido el pecado de morirse contradiciendo el discurso oficial.

Las razones aparentes del negacionismo oficial hay que buscarlas en invocaciones esotéricas o en cálculos políticos. Lo esotérico correspondería a una especie de protección sobrenatural de la que gozaría el país, en virtud de la cual el virus pasaría por encima de Nicaragua; o a un escudo invisible que atajaría las arremetidas. En lo estrictamente político se trataría de un cálculo para mantener a salvo el “prestigio imbatible” del gobierno de reconciliación y unidad nacional: asumiendo que el modelo de salud familiar y comunitaria vale para conjurar todas las amenazas sanitarias, si se acepta que la epidemia está contagiando y matando a miles de nicaragüenses, se reconocería que el modelo socio-sanitario, y por ende el Gobierno, han fracasado. 

Ambos enfoques han terminado chocando -como debía ser- con la ciencia, en particular con los médicos que han alzado su voz ante el evidente manejo inhumano de la crisis. En los pronunciamientos del 7 y 27 de mayo, el gremio médico aportó razones contundentes para cambiar la política en contra de la epidemia, pero la respuesta de la dictadura fue la de siempre cada vez que la realidad contraría sus planes: la mala fe, la saña, el acoso y el fanatismo ciego. 

Las últimas medidas (la destitución de médicos altamente calificados, el sabotaje del entierro del doctor Adán Alonso) confirman que la dictadura ha optado por el aniquilamiento consciente de la población; no por descuido, abandono ni desatención, sino más bien con esmero, empeño y prolijidad. En palabras de una amiga, en vez de sálvese quien pueda, ha optado porque muera quien tenga que morir…incluso sus más fieles guardianes.

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