¿Reeditamos el Nafta mexicano?

Con los objetivos de promover condiciones para una competencia justa; incrementar oportunidades de inversión; proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual; establecer procedimientos eficaces para la aplicación y solución de controversias; eliminar barreras al comercio, estimulando el desarrollo económico y dando a cada país igual acceso a sus respectivos mercados, EE.UU, Canadá y México crearon una zona de libre comercio en América del Norte (NAFTA/TLC), vigente desde 1994.

Con el NAFTA/TLC el PIB de México logró un limitado crecimiento de 2.6% (promedio 1994-2013), y las exportaciones crecieron de US$60.000 millones en 1994 a US$400.000 millones en 2013. Sin embargo, los productos que se exportan tienen un bajo contenido de materiales nacionales, en 1994 el 73% de las exportaciones estaba compuesto por el 72% de artículos importados. En 2013 aumentó al 75%. La inversión extranjera directa se incrementó del 1.2% (1980-1993), al 2.5% del PIB en 2012. En 1993 México tenía un déficit en la balanza comercial con EEUU y Canadá, condición superada en 2012, cuando presentó un superávit moderado.

La apertura comercial de México fue uno de los logros más importantes. Pero, no transformó su parque industrial, pues su limitada competitividad le impidió alcanzar metas de calidad, precios y servicios, y sólo sobrevivieron algunas empresas nacionales. El sector agrícola fue de los más afectados. Algunos jefes de Estado indicaron que el Tratado ofrecía crecimiento económico, más empleos y mejores salarios. En 1993, el presidente Salinas de Gortari dijo que querían exportar bienes, no personas, pero en 1990 se estimaban 4.4 millones de mexicanos nacidos en México viviendo en EEUU, cifra que en 2014 aumentó a 14 millones. El salario promedio real de 2012 fue idéntico al que se tenía 30 años atrás; el crecimiento promedio anual fue de 0.34%, y el poder de compra de los mexicanos se había erosionado.

El aumento de las plazas de empleo, se transformó en un exceso de unidades de trabajo muy mal pagadas, con un déficit de trabajadores debidamente calificados. A pesar de existir una tasa “baja” de desempleo, la informalidad mexicana es una radiografía de la crueldad laboral.

¿Mejoró o se deterioró la condición de vida de los mexicanos después de 22 años del NAFTA/TLC? Se sabe que aumentó: el crimen organizado y el tráfico de seres humanos, drogas, armas y violencia; violaciones constitucionales, ineficiencia y corrupción en instituciones gubernamentales; pobreza, inseguridad y desigualdades; convulsiones sociales en Chiapas, desaparición de normalistas de Ayotzinapa; asesinato de periodistas en el país. Quizá esta situación hubiese sido diferente si México hubiese cambiado sus políticas petroleras; desarrollado políticas industriales coherentes con su economía; hecho competitiva la industria nacional; atendido más cerca la movilidad laboral; respetado la constitución, leyes y los derechos humanos; propiciado una auténtica democracia; ofrecido modalidades de financiamientos a las zonas rurales y pequeños negocios; aplicado más recursos a los sectores de educación, salud y vivienda, haciéndolos más eficientes.

En 2006, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América Central-República Dominicana y Estados Unidos (DR–CAFTA). Sus objetivos: eliminar obstáculos y estimular la expansión y diversificación del comercio; facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios; promover condiciones de competencia leal; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión; proteger de manera eficaz los derechos de propiedad intelectual; crear procedimientos eficaces para la aplicación, cumplimiento, administración conjunta y solución de controversias del Tratado; y establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral, dirigida a ampliar y mejorar los beneficios del Tratado.

En 2011, a cinco años del DR-CAFTA, la mayoría de evaluaciones económicas han sido favorables, pero las condiciones legales, institucionales, políticas, económicas y sociales no están operando bien en Nicaragua, y su naturaleza es tan crítica que podríamos convertirnos en un espejo de México. Nuestra economía ha sido asolada por terremotos financieros de alta intensidad. En la década del 70, el dictador de turno agregó a su poder la expansión de su cobertura empresarial. En la del 80, fueron nacionalizadas, expropiadas y confiscadas numerosas empresas (60% del PIB), muchas destruidas por ineficiencia o distribuidas a funcionarios de gobierno, más una inflación inédita de 33.548% (1988), y “la piñata sandinista”. En la del 90, fueron privatizadas empresas, constituidos bancos privados, y concesionados territorios. En la del 2000 hubo quiebras de bancos privados, continuaron las concesiones y se incrementaron las inversiones. En la de 2010, perdieron su independencia el Poder Judicial, el Legislativo, la Contraloría General de la República, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, y el Consejo Supremo Electoral.

La madeja que ha entretejido esta situación es la corrupción del sistema, violación sistemática de las leyes, decadencia y despilfarro en la gestión pública, violaciones constitucionales, inequidad social e injusticias. Ha sido habilitado un nuevo kupia kumi entre el partido de gobierno, empresarios privados y algunos sindicatos y la nueva maquinaria político/económica está operando. Se dictan leyes sin consenso, se otorgan concesiones fiscales y son acuñados nuevos conceptos: la macroeconomía se maneja con seriedad, el PIB crece, la inflación es reducida, ajustamos salarios cada año, nos graduamos del FMI, las inversiones aumentan. ¿Y qué sucede con el resto del país; en qué estado están la clase media y los pobres; por qué el 20% de nuestra población son migrantes, y de cada 10 jóvenes 7 desean emigrar?

México lindo y querido y Nicaragua Nicaragüita son dos canciones que reviven el amor a la patria, el patriotismo y el orgullo nacional, y contienen elementos singulares a los que debemos remitirnos para evolucionar a nuestras naciones.