Política

Alianza: los juicios serán anulados y no quedará ningún preso político

Ortega acepta liberar a todos los presos políticos en 90 días

Gobierno intenta librarse de sanciones y aprueban agenda que incluye reformar sistema electoral



Después de negar durante meses la existencia de presos políticos en Nicaragua, y asegurar que los detenidos son “delincuentes comunes”, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aceptó liberar a los 760 reos de conciencia once meses después de iniciada la crisis sociopolítica. El gobierno los “liberará” en un plazo no mayor a 90 días como parte del acuerdo suscrito con la Alianza Cívica, con la OEA y el Vaticano como testigos, para volver a reactivar el diálogo en el INCAE.

De acuerdo a un comunicado emitido la noche de este miércoles por el mismo régimen, el gobierno aceptó liberar a los presos políticos gracias a la intermediación del nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag y Luis Angel Rosadilla de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Gracias a las gestiones del señor nuncio apostólico, como testigo y acompañante y el delegado especial de la OEA, y dado el acercamiento de posiciones alcanzado, se logró retomar el proceso de negociación”, reza un comunicado.

Fue el delegado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, quien leyó el comunicado en una conferencia de prensa en el INCAE anunciando el retorno a la mesa de negociación. La secretaria general del organismo interamericano, representada por Luis Almagro, al igual que la Alianza Cívica habían condicionado la participación en el diálogo a la liberación de los presos políticos.

“La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de noventa días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, de conformidad al ordenamiento jurídico del país”, afirma el comunicado.

Alianza: anulación de juicios

José Adán Aguerri, titular negociador de la Alianza Cívica y presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, explicó en otra conferencia de prensa que “trabajarán simultáneamente en la liberación de los presos políticos y el aseguramiento de que todos los presos van a salir”, así como la anulación de los juicios y condenas políticas.

“Queremos aclarar que será en un plazo no mayor de noventa días. Es decir, no van a salir hasta en noventa días, es un plazo máximo. Al iniciar negociaciones trabajaremos (por la) anulación de sus respectivos juicios”, insistió Aguerri.

Haber aceptado la liberación de todos los presos políticos es un duro revés político para Daniel Ortega frente a sus bases partidarias y simpatizantes, ya que durante la crisis tildó a los detenidos como “delincuentes comunes”, quienes supuestamente cometieron delitos de “terrorismo, asesinato, crimen organizado”, entre otros.

Invitarán a Cruz Roja Internacional

El comunicado informa también que la mesa de negociación “hace una invitación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que acompañe a la mesa en el proceso de liberación de todas las personas presas o detenidas”.

Aguerri dijo mañana jueves se comunicarán con la Cruz Roja para iniciar el censo de los presos políticos, y establecer un calendario de liberación.

“Ahora que ya tenemos una agenda, esperamos que ahora empecemos la negociación. Esperamos que inicie con el censo e inventario de los detenidos y la calendarización de su salida con la Cruz Roja”, detalló el presidente de las cámaras del sector privado.

José Pallais, titular negociador de la Alianza Cívica, aseguró que esta vez no se habla de “excarcelación” de presos como ha sucedido con los primeros 160, quienes siguen privados de libertad bajo el régimen de casa por cárcel y convivencia familiar.

“La palabra clave es liberación y pasa por el cierre de sus archivos y expedientes judiciales”, dijo Pallais.

Invitan a la Secretaría de la OEA

En el mismo comunicado anunciando la liberación de los presos políticos, se informó que “la mesa de negociación ha decidido hacer una invitación formal a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para retomar el trabajo en el tema de reformas electorales”.

Seguidamente, se dio a conocer la “agenda de la negociación” “y sus temas generales”, los cuales serán “desarrollados con amplitud en la mesa de negociación”. Según la Alianza Cívica  con todas fuerzas

Aparte de la liberación de los presos políticos en un plazo no mayor de 90 días, se plasmó en la agenda “fortalecer la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales”.

En segunda instancia, “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, sin especificar si esto se refiere al cese de la represión policial y paramilitar.

También abordarán “la verdad, justicia, reparación y no repetición”, y mecanismos de implementación de los acuerdos”.

“Una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación, ésta realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos”, reza la agenda delineada. Y, a renglón seguido, se aboga a que “en su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.

Temor de sanciones

Con la mención del levantamiento de sanciones internacionales se evidencia el temor del régimen sandinista a la imposición de más castigos y aislamiento de la comunidad internacional.

La decisión del régimen de Daniel Ortega de liberar a los presos políticos y destrabar la negociación del INCAE sucede el mismo día que al Departamento de Estado norteamericano se le vence el plazo para presentar un informe al Congreso sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua tras la aprobación de la ley Nica Act, normativa que entró en vigencia en diciembre pasado, cuando fue firmada por el presidente Donald Trump.

La presentación de este informe del Departamento de Estado acarrearía más sanciones al régimen de Daniel Ortega, ya sea de forma especifica a ciertos funcionarios o en general, incidiendo en la no aprobación de préstamos para el país en organismos internacionales.

Esta misma tarde, previo a conocerse el acuerdo en el INCAE, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, criticó el “doble rasero de Ortega” en el diálogo.

“Quiere evitar las sanciones en contra de sus hijos y sus funcionarios, pero no quiere hacer concesiones en las negociaciones, como liberar a los presos políticos y cesar la represión contra las protestas civiles”, mencionó Bolton.

Horas después, Bolton volvió a la carga en su cuenta de Twitter y escribió: ”La duplicidad de Ortega debe detenerse. Estados Unidos denuncia la represión del régimen nicaragüense contra los manifestantes pacíficos, la violencia contra los medios de comunicación independientes y la renuencia a ceder a las demandas del pueblo nicaragüense. Estas acciones no van a salir sin respuesta”, mientras adjuntaba el informe de derechos humanos sobre Nicaragua publicado la semana pasada por el Departamento de Estado.

En el ambiente también flotan las posibles sanciones que la Unión Europea podría infligir al régimen sandinista, luego de que el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando la represión en Nicaragua.