Confidencial

Ortega amenaza con 20 años de cárcel por “terrorismo”

La bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional aprobó dos leyes que, a juicio de expertos en derecho consultados por CONFIDENCIAL, serán usadas como un arma para perseguir y criminalizar a ciudadanos, opositores, empresarios, y organizaciones sin fines de lucro que apoyen o realicen donaciones a alguna campaña cívica para defenderse del régimen autoritario de Daniel Ortega.

El nuevo texto legal define que comete “terrorismo” quien mate o lesione a personas que no participan en hostilidades durante un conflicto armado, o dañe bienes públicos o privados si lo hace para intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, y lo sanciona con 15 a 20 años de cárcel.

Aunque la nueva Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en teoría son necesarias para cumplir compromisos internacionales contraídos por el Estado de Nicaragua, los expertos considera que han sido redactadas con ‘nombre y apellido’, y fueron diseñadas y aprobada para castigar a los ciudadanos que  protestan en las calles y a quienes los respaldan.

Prueba de ello es la definición del ‘financiamiento al terrorismo’, al castigar con 15 a 20 años de prisión a quien recolecte y entregue activos, lícitos o no, para cometer o intentar cometer terrorismo… incluso si los fondos no se usaran para eso, ni estén vinculados a un acto terrorista específico. La pena se incrementará en un tercio si el delito se comete a través del sistema financiero, o por el director o empleado de una entidad pública.

La propuesta de ambas leyes antecedió a inicios de abril el ‘divorcio’ entre el sector privado y el sector público, pocos días antes que el Gobierno presentara su desafortunada propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social, que fue motivo de desencuentro entre los actores del ‘Modelo de Diálogo y Consenso’, y detonante del descontento de la sociedad, que ahora amenazan con llevar a los tribunales por ejercer su derecho a protestar.

Uno de los que sospechan de las ‘razones’ para aprobar esta ley en este momento, es el ex diputado José Pallais, directivo del Frente Amplio por la Democracia, a cuyo juicio “pretenden crear un sistema de espionaje financiero. Dotar al Estado de la capacidad de conocer, dar seguimiento y enterarse de todas las transacciones que se celebren en Nicaragua, tanto las de capital y financieras, como cualquier tipo de contratación”.

El abogado leonés se mostró alarmado porque esta ley involucra no solo a todos los estratos de la sociedad, al considerarlos sospechosos a priori, sino que también los convierte a todos en informantes potenciales. “Con esta ley, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”, aseveró.

“Nicaragua está obligada a tener una ley de este tipo que permita investigar las operaciones sospechosas, y la lógica del sistema debería ser la presunción de que la operación es legítima, pero aquí, la sospecha es la constante, no la excepción. Todos, nacionales o extranjeros, somos sospechosos”, reclamó.

Del otro lado, hace notar que “abogados y notarios pasan al servicio del sistema, porque se les exige informar todo tipo de transacciones, y se presentan exigencias para todos los sujetos obligados, lo que va más allá de un sano interés en la prevención y persecución de los delitos de lavado y terrorismo”.

Giovanny Rodríguez, experto en temas contables, amplió el señalamiento de Pallais, al enfatizar en el hecho que se incluyera “a los profesionales del Derecho y los contadores públicos, como nuevos sujetos obligados a generar reportes de operaciones sospechosas ante la UAF”.

Crisis de desconfianza

Según Wálmaro Gutiérrez, diputado por el FSLN, la UAF “no es un órgano de investigación, sino de inteligencia”. Su tesis es que la UAF analiza las transacciones, genera un informe, y lo traslada a las autoridades competentes que después judicializan -o no- esa causa.

“La intención es cumplir con los compromisos internacionales del país contra el lavado de dinero”, porque no hacerlo “nos llevaría al ostracismo financiero; porque nadie negociaría con nuestro sistema financiero, y nadie haría transacciones con nuestros bancos”, dijo el legislador, asegurando que “los procesos aquí incorporados respetan el debido proceso”.

Un experto de la UAF presente en el plenario de la Asamblea Nacional, declaró que si bien es cierto el país tiene sus propias leyes, también existe la obligación de cumplir los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “y si estos cambian, tenemos que cambiar nuestras leyes”.

Ese experto recordó que Nicaragua ya estuvo en la ‘Lista Gris’, del GAFI, y hubo que crear la UAF para no caer en la ‘Lista Negra’. “La UAF debe recabar información financiera, administrativa y de orden público para cumplir su misión, que es proteger la economía para su sano desarrollo”, aseguró.

Según los argumentos del oficialismo, no existe la intención de amenazar a los líderes de la protesta, ni a los miles de personas que de forma espontánea se han lanzado a protestar de cien maneras distintas.

Ninguno de esos argumentos convence a Giovanny Rodríguez, por cuanto “la aprobación se da en el marco de una crisis profunda que vive el país, crisis que genera desconfianza en los diferentes sectores económicos, sobre todo por los conceptos de financiamiento al terrorismo y terrorismo. En un entorno de incertidumbre extrema y desconfianza en las instituciones, es de esperarse ese tipo de reacción”, abogó.

Pallais por su parte, reconoce la pertinencia de ese tipo de leyes y obligaciones, “pero no pueden obligar a nadie a ir en contra de su Constitución, y deben hacerse con profesionalidad, sin contaminación política o partidaria”.

Sin embargo, “tenemos un gobierno autoritario, que ha demostrado que es capaz de todo, en donde no prevalece el estado de Derecho. Donde el interés político del gobierno para mantenerse en el poder es la principal razón de su existencia y actuación, el abuso será la constante”, sentenció.

“Todas esas competencias que se le están dando a la UAF -pese a que algunas chocan con la Constitución- serán empleadas para afectar a los enemigos políticos del gobierno; para golpear a la banca y a los empresarios. La Ley está diseñada para usarse como un arma política”, añadió.

Los artículos punitivos
Carlos Herrera | EFE

*Terrorismo, financiamiento e información financiera

Artículo 394. Terrorismo

“Quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión”.

Artículo 395. Financiamiento al Terrorismo

“Será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea, entregue activos, sean estos de fuente licita o ilícita, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer o intentar cometer terrorismo… incluso si los fondos no se usaron para ejecutar actos terroristas, ni estén vinculados a un acto terrorista específico.

La pena se incrementará en un tercio cuando el delito sea cometido a través del sistema financiero, o por el director o empleado de una entidad pública”.

Artículo 211. Información financiera

“En casos de urgencia, el o la Fiscal General de la República o el Director General de la Policía Nacional podrán inmovilizar activos, documentos y cuentas bancarias o suspender cualquier operación financiera… estas tendrán una duración de un año y serán prorrogables hasta por un año más… no existirá deber de informar de la solicitud y orden a la persona investigada…”

Iniciativa de Ley viola 16 artículos legales
Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

*PLC: afecta Ley de Amparo y Ley de Bancos

La bancada parlamentaria del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), presentó un voto razonado al dictamen de mayoría de la iniciativa de Ley UAF, que incluyó muchas razones para oponerse “en lo general y en lo particular”.

La más importante de ellas es que viola 16 artículos de distintas leyes vigentes, incluyendo cuatro constitucionales, dos de la Ley de Amparo, y varios más de las leyes orgánicas que dan origen a la Contraloría General de la República, a la Ley de Bancos, a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así como a la misma ley orgánica de la Asamblea Nacional.

El dictamen liberal también indica que no se consultó a los bancos privados, lo que debió ocurrir de forma “obligatoria, siendo causal para solicitar al plenario que se declare el dictamen como insuficiente”, porque “esta iniciativa, de ser aprobada, es susceptible de ser recurrida de inconstitucionalidad, lo que ocurriría en un estado de Derecho”.

A juicio de los diputados liberales, “la UAF sería la punta de lanza de una estrategia presidencial que involucra a la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia, para la persecución, control, y chantaje político de la oposición, los bancos, las instituciones sin fines de lucro, etc.”.