Nación

Gobierno no cumple debidamente con la Ley de Transferencias Municipales

Ortega castiga a alcaldías opositoras

Alcaldías

Alcaldes de Pantasma y Waslala se "ahogan" a falta del flujo completo de las transferencias que les corresponden



Alcaldes liberales de los municipios de Pantasma y Waslala denunciaron la reducción de las transferencias municipales, partida presupuestaria a la cual tienen derecho por la Ley 466, como un método de “castigo” por parte del gobierno del comandante Daniel Ortega, que los considera opositores.

Oscar Gadea Tinoco, edil de Pantasma, y Luis Ramírez Gutiérrez, de Waslala, coincidieron en que el gobierno central utiliza un “método de premio y castigo”, en el que municipalidades sandinistas han tenido aumentos considerables en sus transferencias en comparación a las trece alcaldías opositoras.

Carlos Villagra, responsable de planificación de la Alcaldía de Pantasma, dijo en el programa Esta Noche que entre 2015 y 2016 todos los municipios de Jinotega vieron aumentadas sus transferencias entre el 20% y 31%, mientras que a Pantasma se la redujeron en menos 2%. Pantasma es un municipio golpeado en la guerra civil entre la Contra y el Ejército Popular Sandinista. Actualmente, es un bastión opositor y desde ese territorio usualmente salen noticias de enfrentamientos por razones políticas entre grupos armados y el Ejército y la Policía.

“En septiembre de 2016 se modificó el Presupuesto General de la República y a todos los municipios les aumentaron cantidades millonarias, a algunos cinco millones de córdobas. Pero a nosotros únicamente nos aumentaron cien mil córdobas”, comparó.

La entrega de la transferencia municipales depende de cuatro factores: equidad fiscal, eficiencia en la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), población y ejecución de la transferencia, según la ley.

Villagra comparó a Pantasma con el municipio de El Cuá, gobernado por el Frente Sandinista, que tiene casi el mismo número de población que su municipio, pero la transferencia ha sido aumentada casi en un 99%. Es decir, el criterio per capita establece que en el Cuá  la trasferencia se divide entre 877 córdobas por ciudadano, mientras que en Pantasma es de 643.

“Es una política equivocada y no es democrática, porque es una situación incomoda; un retroceso a la autonomía municipal”, se quejó el alcalde de Waslala, quien también describió una situación parecida a la de Pantasma.

Ramírez Gutiérrez dijo que las instituciones encargadas de repartir las transferencias municipales “no atienden” sus reclamos. Denunció que el Fondo de Inversión Social para Emergencias (FISE) ya no asesora ni ayuda a los ediles, sino que se ha convertido en una “casa de campaña” del Frente Sandinista.

Igualmente, se quejó de Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) y de Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). Ahora, los alcaldes no pueden gestionar fondos en la cooperación internacional porque son controlados por el gobierno. Según Ramírez Gutiérrez, si consiguen un proyecto por seis millones de córdobas, como hicieron con la cooperación japonesa, cuando pasa por Cancillería y estos entes oficiales, se pierde la mitad del dinero en “gastos administrativos”.

Gadea Tinoco dijo que la disminución de la transferencia municipal impacta de forma directa en la vida de los ciudadanos, porque no pueden realizar obras públicas con los limitados recursos de la municipalidad.

“Hay una gran necesidad de centros escolares, centros de salud, caminos, puentes colgantes, de agua potables, de letrinas… somos municipios pobres y las autoridades deberían gobernar sin distingo partidario, porque de esas obras necesitan todos”, dijo Ramírez Gutiérrez.

A Pantasma le correspondería recibir en concepto de transferencia municipal 60 millones de córdobas, pero en los últimos cuatro años solo ha recibido 30 millones, lo que impacta seriamente en su presupuesto.

“Mientras otros municipios que no hacen nada por mejorar y menos cumplir los criterios con los que se entregan las transferencia, se les premia asignándole más recursos, y eso en términos sencillos se llama discriminación e injusticia”, se lee en una carta de reclamo enviada por el alcalde Gadea a Ivania Portocarrero, Directora General de Inversiones Públicas (DGIP).