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Ortega cierra espacio electoral

El fallo de la Sala Constitucional, que este miércoles arrebató a la opositora Coalición Nacional por la Democracia la bandera y casilla para participar en los comicios generales del próximo 6 de noviembre, cierra el espacio electoral en Nicaragua y formaliza el totalitarismo y sistema de partido único (como el que funciona en Cuba o Corea del Norte), estiman el experto constitucional, Gabriel Álvarez, y representantes de la oposición nicaragüense.

Después de casi seis años y a menos de cinco meses del día de la votación, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron ayer una disputa por la representación legal y sellos del Partido Liberal Independiente (PLI), despojando de esta a la organización liderada por el diputado Eduardo Montealegre, bajo la cual competiría la Coalición, integrada por nueve movimientos y partidos políticos.

La sentencia presenta varias “ilegalidades” y contradicciones con la Constitución Política y la Ley Electoral, según análisis del abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez. Además, esta fue rechazada por Montealegre y la Coalición, que ayer mismo anunció la convocatoria a movilizaciones masivas para desconocer la misma.

“La ley establece que la sentencia de los recursos de amparo se emiten en un máximo de 45 días y esta ha tomado más de seis años. Es decir que esta es exorbitante y groseramente extemporánea y desde ahí cabría cuestionar la validez de la misma, y aún hay más detalles”, afirma Álvarez.

Miembros de la Coalición han comentado que el fallo en pleno desarrollo del proceso, convocado el pasado 6 de mayo, no les parece casualidad, sino parte de una estrategia del comandante Daniel Ortega, para anular competencias en su búsqueda de un tercer período presidencial consecutivo.

Magistrado Solís justifica tardanza

El Poder Judicial resolvió reconocer la representación legal al jurista Pedro Reyes Vallejos, miembro de una de las cuatro “facciones” que reclamaba ser el grupo legítimo, aunque fue bajo la dirección de Montealegre que el PLI participó en las elecciones nacionales de 2011, conservando su personalidad jurídica y colocándose como segunda fuerza política del país.

El magistrado Rafael Solís justificó la tardanza para dilucidar el caso. Según el funcionario leal al comandante Daniel Ortega, hubo durante estos años una serie de escritos, controversias y esfuerzos unitarios por parte de las facciones del PLI. “También hubo solicitudes de abstención de parte de ellos, porque estaban en conversaciones, en pláticas”, aseguró Solís.

Los magistrados también declararon nula la convención que el PLI, representado por Montealegre, realizó el pasado 5 de junio, en Managua. Con esto, la Corte también invalida la ratificación de la fórmula presidencial de la Coalición, integrada por Luis Callejas y Violeta Granera, votada en el evento.

En entrevista con el programa de televisión Esta Noche, el candidato presidencial Luis Callejas estimó que la sentencia judicial “es una ordenanza de Ortega para demostrar poder ante el miedo de tener unas elecciones competitivas que podrían poner en peligro su presidencia”.

La candidata a vicepresidenta Violeta Granera añadió que “sin elecciones libres y competitivas, lo que se va a venir en Nicaragua es un caos”.

Corte ordena a CSE “violar Ley Electoral”

Carlos Herrera | Confidencial

En la sentencia, el tribunal de justicia también “insta” al Consejo Supremo Electoral (CSE) a “adecuar” el calendario actual de los comicios para que el nuevo comité ejecutivo del PLI convoque a otra convención “a la mayor brevedad posible”.

Según el presidente de la Sala, el magistrado Francisco Rosales (también del FSLN), la “readecuación” del calendario electoral “cae por su propio peso”.

“¿Cuál ha sido la reacción de los medios de comunicación? Que estábamos afectando el proceso electoral. La sentencia tiene que mandatar al CSE adecuar para que la representación del PLI sea acogida correctamente. Asimismo, le decimos al PLI que haga la convención nacional”, instó el magistrado.

Sin embargo, el constitucionalista Gabriel Álvarez, explica que con esto la CSJ está “instando” al CSE a violar la Ley Electoral, que tiene carácter constitucional.

“Las fechas del calendario electoral, como el nombramiento de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales del pasado 3 de junio, están establecidas en la Ley Electoral, es decir, no es algo que define el CSE porque sí y eso no se puede cambiar sin una reforma porque está escrito en la Ley”, cuestionó Álvarez.

Según la orden de la CSJ, el PLI reconocido a Reyes Vallejos debería presentar toda una estructura electoral para participar en el proceso. Hasta ahora no se conoce que el mismo haya presentado alguna composición partidaria.

En febrero de 2011, el CSE otorgó a Indalecio Rodríguez la representación legal y los sellos del PLI, y bajo la Casilla 13 el partido compitió en las elecciones presidenciales de 2011 y también en las municipales de 2012. En abril de 2014, Montealegre sucedió a Rodríguez como representante legal y presidente nacional.

Álvarez: “precariedad jurídica impresionante”

Las facciones de Reyes Vallejos, Valmore Valladares García y Rolando Prado Sequeira (en representación del exvicepresidente de la República, Virgilio Godoy Reyes) introdujeron entre febrero y marzo de 2011 sus recursos de amparo contra el CSE ante el Poder Judicial. El cuarto reclamante fue el político José Venancio Berríos.

La sentencia reconoce como “único consejo ejecutivo nacional del PLI” a Rolin Belmar Tobie Forbes (q.e.p.d.), quien por haber fallecido le hereda la representación legal a Reyes Vallejos”, dijo la Sala Constitucional.

Álvarez comentó que según la lectura de la sentencia los magistrados argumentan su fallo citando artículos de la Reforma Constitucional del 2014 para referirse a procesos de tres años antes, “mostrando una precariedad jurídica impresionante”.

“Esto es algo muy grave y realmente pone en seria tela de juicio la validez y rigor con que la Sala dictó su fallo”, valoró el abogado.

En conferencia de prensa horas después de la lectura de la sentencia, Montealegre consideró que esta “fue sacada de la manga” y que el Poder Judicial está abriendo las puertas de la inestabilidad por cerrar totalmente el cauce institucional.

“Genera una situación grave para Nicaragua. Se le niega al pueblo la posibilidad siquiera de ir a votar por una fuerza de oposición en las próximas elecciones. Es empujar a este país a la violencia y retroceder el carro de la historia”, advirtió el diputado y también excandidato presidencial en las elecciones de 2006, tras las cuales Ortega regresó al poder, dieciséis años después de la derrota electoral de 1990.

El MRS también emitió un comunicado en el cual valora la decisión de la Sala como “un grave precedente”, porque esta sugiere que “en cualquier momento un grupo ad hoc puede hacer reclamación de los sellos de un partido político, dejando a la organización que posee su personalidad jurídica en condición de una facción más”.

Cosep reacciona: “Esto es realmente grave”

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, opinó tras el fallo de la Sala Constitucional contra la representación legal que tenía Eduardo Montealegre que “si esto es así, esto no abona a la estabilidad ni al clima de negocios que requiere el país”.

“Vamos a esperar, vamos a averiguar, pero sí efectivamente esto es así es una situación realmente grave”, dijo Aguerri sobre el fallo, que explicó aún no conocer en detalle en ese momento, porque durante su lectura se encontraba en la reunión semanal del Cosep.

Sin embargo, el líder empresarial agregó que el fallo tal como se le había mencionado provocaría una situación de inestabilidad. “Esto pone en una situación totalmente precaria, débil al sistema”, valoró Aguerri tras recordar que el PLI, liderado por Montealegre, estaba reconocido como la segunda fuerza política del país.

“Aquí tendríamos que sopesar cuál es esa situación que está llevando adelante la Corte, pero de que va a tener un impacto, va a tener un impacto”, estimó el empresario.

El martes, en su posición editorial semanal, el Cosep había solicitado a la CSJ que fallara pronto sobre la disputa del PLI, debido a que la falta de sentencia sirvió antes para que la misma ordenara al CSE que se abstuviera de nombrar a representantes del PLI en los Consejos Electorales Departamentales y Regionales (CED y CER), juramentados el 3 de junio.

Exhortan a movilización masiva

El candidato presidencial de la Coalición Nacional por la Democracia, Luis Callejas, aseguró en la edición de este miércoles del programa Esta Noche, que ya han hecho un llamado a la movilización a las estructuras departamentales y municipales de todos los movimientos políticos que integran la Coalición.

Estos movimientos son, además del PLI y el MRS, la Unión Demócrata Cristiana (UDC), el Movimiento Liberal Constitucionalista “Ramiro Sacasa Guerrero”, la Cruzada Liberal por la Unidad, la Resistencia Nicaragüense, el Partido Nueva Alianza Cristiana, el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc) y el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Callejas anunció que este viernes 10 de junio las estructuras electorales se reunirán en Managua para definir los lineamientos de lo que adelantó será “una resistencia cívica en todo el territorio nacional”.

Granera opinó que el nuevo escenario político se puede revertir si el CSE reconoce que hay un conflicto de poder con la CSJ, que forzaría a la Corte a revisar su resolución.

“No sabemos si en realidad lo hará, pero el pueblo lo va a exigir. Tenemos que dar una salida a esta situación que no sea la violencia”, demandó Granera.

“Aquí no nos queda más remedio: O aceptamos la dictadura, el sometimiento y la situación en la que está el país, que se va a poner peor en el futuro, o el pueblo de Nicaragua levanta el valor que siempre ha tenido para dar esta lucha de manera cívica. No estamos a favor de la violencia, pero debemos hacer que Ortega entienda que no es dueño de Nicaragua”, reclamó la candidata a vicepresidenta tras valorar que con el fallo judicial de este miércoles Ortega ha confirmado que existe un régimen de partido único.

Además de las consideraciones jurídicas, el abogado Gabriel Álvarez observó que con la sentencia reciente de la CSJ se está provocando que se termine el proceso electoral comprendido como la vía cívica para garantizar la democracia y alternabilidad en el poder, para reducirlo a un simulacro al servicio de los intereses del Ejecutivo.

“Tendremos elecciones con Ortega como candidato del partido de gobierno, contra Ortega como partido de oposición (representado en partidos satélites), con Ortega de árbitro, contando los votos, porque controla el Poder Electoral”, criticó el abogado.

Álvarez agregó que siguiendo la lógica de este escenario, “para el 2017 lo que tendremos es a Ortega como partido de gobierno y partido de oposición, controlando por completo la Asamblea Nacional y nombrando desde ahí a los miembros de todos los demás Poderes del Estado, es decir, se le estaría entregando el 100% del espacio institucional de Nicaragua”, advirtió.

El experto en Derecho Constitucional también comentó que esta realidad amenaza la paz y la estabilidad del país y evidencia que a pesar de un aparente pluralismo político, lo que en realidad funciona es un sistema de partido único, como el que funciona en Cuba y Corea del Norte.

A juicio del jurista, Ortega empieza así a “dejar de ser un activo para un sector del país (con los cuales mantiene “alianzas estratégicas”, como el gran capital) y empieza a ser una carga y lastre para toda la nación”, por lo mismo, el experto sugirió que es “urgente” que desde todos los sectores se advierta que el mensaje del mandatario es la instalación del “totalitarismo vitalicio y dinástico”.


Wilfredo Miranda y Cinthia Membreño colaboraron en la elaboración de este reporte.