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CPJ: Régimen debe restituir equipos confiscados a periodistas y medios

Ortega intenta imponer autocensura con “represión desvergonzada”

100Noticias

"Un gobierno autoritario siempre se empecinará por buscar el silencio y coartar el disenso", alerta director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti



Las acciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en contra de los medios de comunicación independientes, pretende crear en Nicaragua un clima de temor para imponer la autocensura, estiman ejecutivos y defensores internacionales de la libertad de prensa y expresión, entre ellos miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ).

En las últimas semanas, el régimen de Ortega y Murillo ordenó el asalto y confiscación de las redacciones de Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, y el cierre y confiscación de las instalaciones de 100% Noticias, incluyendo la detención ilegal y aislamiento de su director Miguel Mora, y la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, ahora presos políticos de la dictadura. Además, las órdenes de captura, persecución y amenazas contra periodistas ha provocado que decenas de reporteros abandonen el país. Mientras, las ediciones impresas de los dos principales diarios de circulación nacional dejarían de circular en menos de dos meses, si persisten las trabas oficiales para la importación de papel y otras materias primas.

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Agentes antimotines armados en la Redacción de Confidencial que mantienen tomada desde la noche del viernes 14 de diciembre. Carlos Herrera | Confidencial

El director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, considera que el Gobierno de Ortega y Murillo “ha actuado con saña y en total omisión de las garantías procesales y los derechos humanos”, y asegura que “es evidente que la represión desvergonzada de parte del Gobierno pretende generar autocensura”.

“El Gobierno de Daniel Ortega claramente está intimidando a la prensa independiente de Nicaragua y también la amenaza con su extinción.  El arresto y encarcelamiento de Mora y Pineda fue presidido de una campaña de hostigamiento y amenazas contra ellos y otros periodistas y medios de comunicación”, recuerda Trotti.

El director ejecutivo de la SIP estima que “esto no sorprende, ya que son los métodos que siempre utilizan los gobiernos autoritarios, similares a los que emplean los grupos del crimen organizado”.

Ricardo Trotti (primero a la izquierda) con una delegación de la SIP, durante una visita a Nicaragua, a mediados de agosto de 2018. Carlos Herrera | Confidencial

“La diferencia entre estos grupos, es que el Gobierno de una nación, como representante de un Estado y del pueblo, debe respetar las leyes y la Constitución; ese es el agravante, en comparación a la violencia que practican los grupos ilegales”, advierte.

Trotti sostiene que este modelo de represión hacia los medios de comunicación ya se ha visto en Venezuela, Cuba, Ecuador y Argentina. En dichos países, explica Trotti, “se valían de supuestas figuras jurídicas o fabricaban las propias, para legitimar medidas de represión y coerción de las libertades de prensa y de expresión”.

Fábrica de excusas y delitos para hostigar y callar

El director de Programas del Comité de Protección de Periodistas (CPJ), Carlos Martínez de la Serna, analiza que “los últimos ataques a la prensa, la detención y el acoso a periodistas, y el allanamiento de redacciones muestran el grave y progresivo deterioro de la campaña de intimidación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las organizaciones que han cubierto las protestas desde el inicio y denunciado los graves abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales y paramilitares”.

“La criminalización del periodismo es un hecho especialmente preocupante que implica la detención arbitraria de periodistas”, alerta Martínez de la Serna, para quien “el régimen Ortega-Murillo se excusa en figuras vagas y, como ha señalado la relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contrarias al Derecho Internacional para perseguir la actividad periodística y justificar el ataque sistemático a la libertad de prensa”.

Miguel Mora
Miguel Mora, director de 100% Noticias, presentado en los Juzgados de Managua, doce horas después de su secuestro. Foto: Cortesía

A finales de diciembre, tras la toma de 100% Noticias y el secuestro de Mora y Pineda, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, declaró a Confidencial que “los actos de esta noche (del viernes), el allanamiento, la salida del aire por orden del Gobierno, la prisión de su director y la periodista a cargo de la redacción Lucía Pineda, es una forma de censura aberrante y radical que adopta el Gobierno de Nicaragua”. A casi tres semanas de su detención ilegal, la periodista Lucía Pineda Ubau sigue sin ser presentada públicamente.

El director de Programas del CPJ estima que la situación que afrontan periodistas y directivos de medios “es excepcional”, pues a su juicio, “el periodismo en Nicaragua está en libertad condicional, y la responsabilidad es del régimen Ortega-Murillo, que debe restituir los materiales confiscados a los periodistas y proteger el periodismo independiente”, reclama.

Sin embargo, a Trotti, la situación de la prensa independiente en Nicaragua no le sorprende. “Causa pesar, tristeza, preocupación y frustración, pero no sorpresa –dice–, ya que toda la estrategia gubernamental de represión a medios y periodistas es parte del manual de los regímenes autoritarios”.

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Un miembro de la Juventud Sandinista golpea y asalta al fotógrafo de AP, Alfredo Zúñiga, el 18 de abril. EFE / Jorge Torres / Confidencial

“La crisis de abril pasado potenció y agravó lo que ya era evidente en Nicaragua; el Gobierno ya acaparaba medios a través de la familia del Presidente, el acceso a la información era casi nula para los medios y periodistas independientes; toda crítica u opinión de medios y periodistas independientes era perseguida con mecanismos discriminatorios a nivel administrativo, legales o judicial”, recuerda.

Según Trotti, “la criminalización se agravó desde la crisis de abril de 2018 y el Gobierno parece destinado a reforzar su lucha contra las libertades de expresión y de prensa”.

“Un gobierno democrático entiende que la tarea de la prensa es fiscalizar a los grupos de poder, ya sean gubernamentales, institucionales o privados, pese a la tensión natural que siempre existirá entre medios, periodistas, gobierno y funcionarios… Cuando este precepto no se cumple casi siempre entre las primeras víctimas están las libertades de prensa y de expresión. En ese contexto, un gobierno autoritario siempre se empecinará por buscar el silencio y coartar el disenso”, alerta.

Represión obliga a periodistas a exiliarse

Un día después que Miguel Mora fue presentando en los juzgados de Managua, en donde se le acusa de “fomentar el odio y la violencia”, la Policía ordenó la captura del periodista y exreportero de 100% Noticias, Jackson Orozco; el periodista y presentador del programa de debates Café con Voz, Luis Galeano; y el comentarista Jaime Arellano.

Los periodistas Lucía Pineda Ubau, Miguel Mora, Luis Galeano y Jackson Orozco, y el comentarista Jaime Arellano, de 100% Noticias. Foto: Confidencial

Esto provocó que debido a amenazas similares, otros periodistas también abandonaran el país, entre ellos la presentadora y periodista de 100% Noticias, Leticia Gaitán, y el periodista y presentador de Canal 10, Yelsin Espinoza, ambos destacados por su cobertura en vivo a la represión oficial que desde abril suma 325 muertos confirmados, más de 3000 heridos, decenas de desaparecidos, alrededor de 600 presos políticos y más de 60 000 nicaragüenses exiliados o en busca de asilo y refugio en el extranjero.

También se han tenido que marchar los periodistas de Vos TV, Héctor Rosales y Gerall Chávez, y el excorresponsal de La Prensa en la ciudad de Masaya, Noel Gallegos.

Según datos de la recién integrada Unidad de Periodistas Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica, los tres destinos principales de los periodistas son Costa Rica, Estados Unidos y España. Solo en el vecino país del sur se contabilizan al menos 21 periodistas, que incluyen a periodistas que trabajaron para medios oficialistas y huyeron tras renunicar y ser amenazados de muerte. Otros cálculos estiman un total de 35 periodistas que han salido del país por temores o amenazas a raíz de la crisis sociopolítica.

Cierre “arbitrario” de canal de TV en Pantasma

El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció también el “cierre arbitrario” del canal local de televisión independiente, Notimav, cuya transmisión abarcaba al municipio de Santa María de Pantasma, al norte de Nicaragua.

Los representantes de Notimav no han emitido opinión sobre la suspensión de sus servicios a través de la señal de cable, pero compartieron en sus redes sociales la queja de una seguidora que acusa al Gobierno de estar detrás de la decisión, ejecutada el pasado 28 de diciembre.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enmarca los ataques a periodistas y medios independientes en una “cuarta etapa de la represión gubernamental” contra la población de Nicaragua.

Las tres etapas previas consistieron en agresiones contra protestas callejeras pacíficas, ataques armados a ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas estas acciones con muertos.

Entre abril y noviembre pasados la Fundación Violeta Barrios de Chamorro registró al menos 420 casos de violación a la libertad de prensa, incluido el asesinato del periodista de Bluefields, Ángel Gahona, agresiones, censura, amenazas y muerte, entre otros hechos.

(Con colaboración de Maynor Salazar)