Nación

Expulsión anómala por frontera norte y sur después de 48 horas desaparecidos

Ortega libera a los seis jóvenes ambientalistas

Misterio del Canal

Fiscalía desmintió al Presidente y a la Policía al confirmar que no manipularon ningún explosivo



Sin explicar el motivo de su detención por más de 48 horas, las autoridades de Migración expulsaron del país a los seis jóvenes que habían sido capturados el fin de semana en La Fonseca, Nueva Guinea. Los jóvenes, que integran la denominada “Caravana Mesoamericana”,  impartían a los campesinos del movimiento anti canal un taller de “tecnología alternativa” para construir hornos eficientes el pasado fin de semana. La Policía Nacional guarda silencio sobre la captura de los ambientalistas, pese a la insistencia de embajadas diplomáticas y defensores de derechos humanos para que explicaran el motivo de la detención.

 Ana Laura Rodríguez y Byron Ortiz en la frontera de Costa Rica tras ser expulsados de Nicaragua. Cortesía
Ana Laura Rodríguez y Byron Ortiz en la frontera de Costa Rica tras ser expulsados de Nicaragua. Cortesía

La noche del lunes fuentes diplomáticas informaron a Confidencial que los mexicanos de la caravana, junto a un español, habían sido expulsados del país hacia Honduras por la frontera de El Guasaule. Los otros dos fueron enviados hacia Costa Rica en el puesto fronterizo de las Tablillas.

Los activistas fueron expulsados a eso de las tres de la tarde. Liliana Osztreicher, madre de la joven Ana Laura Rodríguez, dijo desde Buenos Aires, Argentina, que el cónsul Diego Thames le informó que su hija junto Byron Ortiz fueron dejados en Las Tablillas únicamente con el pasaporte en la mano.

“Yo no he logrado hablar con ella, pero el embajador me contó que la Cruz Roja los recibió en Costa Rica y este martes los trasladarán hacia San José, donde les brindarán atención”, dijo Osztreicher.

Los activistas de la Caravana Mesoamericana no fueron golpeados, según sus familiares, pero sí fueron despojados de todas sus pertenencias, entre ellos sus celulares.

“Les quitaron el dinero que andaban y los chips de los celulares”, dijo Lucia Avila, familiar de Daniel Espinoza Jiménez.

Osztreicher lamentó que durante las 48 horas que los jóvenes estuvieron desaparecidos no tuvieron información. “Ni los embajadores tuvieron información claro y eso es gravísimo”, sostuvo la madre argentina.

Eugenio Pacelli Chávez, padre de Eugenio Pacelly Chávez Macedo, dijo que los jóvenes estuvieron detenidos en Migración y Extranjería, pero por el momento no ha podido mantener contactos con ellos. Los activistas fueron interrogados en repetidas ocasiones.

Campesinos exigieron liberación

Horas antes, un movimiento de protesta encabezado por Francisca Ramírez, líder campesina, había exigido frente a varias instituciones del Estado la liberación de los detenidos.

Ramírez, coordinadora del Consejo Nacional en Defensa Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, viajó desde Nueva Guinea hasta Managua este lunes para exigir a las autoridades respuestas sobre estos jóvenes. Sin embargo, en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, nadie atendió su demanda.

A Ramírez la acompañaban otros campesinos del movimiento canalero, entre ellos Pedro Mena y Migdonio López Chamorro, quienes fueron apresados junto a los activistas de la caravana, pero que fueron dejados en libertad el sábado por la tarde. Además, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) demandó conocer el estatus legal de los activistas, así como su derecho a tener asistencia legal.

En El Chipote decenas de Policías salieron del edificio a resguardar al portón. Ninguno pudo atender a los demandantes, y se mantuvieron impasibles ante el reclamo.

Tras eso, Ramírez y el CENIDH interpusieron un recurso de exhibición personal en favor de los seis detenidos: Daniel Espinoza Jiménez (nacionalidad Española), Emmanuel de la Luz Ruíz (nacionalidad Mexicana), Salvador Tenorio Pérez (nacionalidad Mexicana), Eugenio Pacelly Chávez Macedo (nacionalidad Mexicana), Ana Laura Rodríguez (nacionalidad Argentina), y Bayron Francisco Reyes Ortiz (nacionalidad Costarricense).

Los activistas de la Caravana Mesoamericana fueron acusados por el propio comandante Daniel Ortega y la Policía Nacional de manipular explosivos, razón por la que fueron apresados. El incidente se dio en el taller que impartían en la colonia La Fonseca, cuando el joven Alexander Marenco Ríos (25 años) resultó con quemaduras leves al prender fuego a un viejo barril que contenía residuos de combustible. Esta fue la excusa para que las autoridades invocaran la “Ley Especial para el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, número 510.

Según el relato de Francisca Ramírez, cuando fueron apresados por la policía de Nueva Guinea los interrogaron por más de dos horas en un pequeño cuarto. “Nos decían que estábamos metidos en algo grande, que andábamos explosivos de los Zetas”, dijo la productora, en referencia al cartel mexicano.

Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIDH, recalcó el hecho que la Policía Nacional no ha presentado los supuestos explosivos decomisados. Y a falta de pruebas y el vencimiento de 48 horas sin presentar cargos formales, los seis voluntarios internacionalistas deberían ser puestos en libertad.

“No hay tal caso de explosivos u otro, porque si Ortega tuviera un caso de verdad jamás habría soltado a Francisca y a los campesinos, quienes fueron apresados bajo el mismo argumento”, dijo el defensor de derechos humanos.

De acuerdo a la productora Ramírez, los policías de Nueva Guinea trasladaron bajo engaños a los activistas. “Les dijeron que solo iban a dar unas declaraciones y los dejarían libres, y ahora no sabemos dónde están. No están detenidos, están desaparecidos”, resaltó la campesina.

Para la abogada ambientalista Mónica López, el incidente del fin de semana solo refleja la “persecución del gobierno de Ortega contra el movimiento campesino”.

La Policía Nacional también decomisó la furgoneta en la que los activistas se desplazan por Latinoamérica. Los campesinos de La Fonseca no dejaron que se la llevaran, hasta que forzaron al comisionado de Nueva Guinea, Arnulfo Rocha, a declarar que no encontraron ningún elemento sospechoso. “Ellos después pueden meter cosas, como drogas o explosivos para luego presentarlos”, dijo Ramírez.

México alarmado

El embajador de México en Managua, Miguel Díaz Reynoso, todavía no sabe del paradero de sus conciudadanos, pese a que ha realizado gestiones diplomáticas. Estos activistas son apresados días después de los incidentes con el estudiante mexicano Jobany Torres Becerra y la politóloga azteca Viridiana Rios.

El embajador Díaz Reynoso notó estos episodios tan seguidos, pero declinó de ofrecer sus valoraciones al respecto para “no entorpecer” el proceso de búsqueda de información de los activistas.

Fiscalía no acusó a activistas

La Fiscalía General de la República informó que no “ejercerá acción” penal contra los seis activistas medioambientales, quienes el fin de semana impartían un taller a los campesinos del movimiento anti canal. Pese a que los jóvenes tienen 48 horas desaparecidos, la fiscal auxiliar Giselle Borge dijo “que nunca han estado detenidos”.

La Fiscal auxiliar Gisselle Borge dando conferencia de prensa. Carlos Herrera/Confidencial
La Fiscal auxiliar Gisselle Borge dando conferencia de prensa. Carlos Herrera/Confidencial

“Ninguna persona ha estado detenida, ni los nacionales ni los extranjeros. En el caso de estos últimos, fueron puestos a la orden de la autoridad de Migración”, sostuvo la fiscal. “Ellos llevan un proceso de investigación en estado de libertad. Los nacionales solo fueron requeridos para ser entrevistados, y cuando hay un hecho es necesario conocer la versión de la otra parte”, agregó.

De acuerdo a Francisca Ramírez, coordinadora del Movimiento anti canal, los seis activistas fueron trasladados el sábado hacia Managua por la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no aclaran el paradero de ellos. Las autoridades también incautaron la buseta en la que los activistas se desplazan por Latinoamérica.

El embajador de México en Managua, Miguel Díaz Reynoso, aseguró que están realizando gestiones diplomáticas junto a otras legaciones para conocer sobre el estado de sus ciudadanos.

Familiares de los seis jóvenes, en su mayoría mexicanos, además un español, un argentino y costarricense, han expresado a Confidencial su preocupación, porque tampoco saben nada.

La fiscal Borge se mostró molesta cuando insistimos sobre el paradero de los activistas de la Caravana Mesoamericana. “Eso ya se lo contesté, y ese es un procedimiento que va a llevar Migración”, dijo.

El comunicado número 3 de la Fiscalía asegura que el caso “será dado a conocer al Ministerio de Relaciones Exteriores para el trámite correspondiente, de acuerdo a la ley con extranjeros”.

La Fiscal Borge explicó que decidieron no ejercer la acción penal y se limitan a “hacer un llamado a las personas involucradas y a la ciudadanía en general a no estar realizando este tipo de prácticas a no ser que cuenten con los debidos permisos y medidas de seguridad que establece la ley”.

El comunicado reconoce que la explosión se produjo “debido a gases concentrados en un barril”, y la fiscal Borge añadió que conocieron que eso sucedió cuando se construían hornos artesanales, lo que contradice de plano el comunicado de la Policía Nacional y al mismo comandante Daniel Ortega, que acusaron a los activistas de “manipular explosivos”.

“Imponer estado de terror”

La abogada ambientalista Mónica López Baltodano, y asesora del movimiento campesino, opinó que el hecho que la Fiscalía no haya acusado les da la razón a su denuncia: que las detenciones de los activistas y de los campesinos fueron arbitrarias.

“No tenían fundamento para habérselos llevado… Y ellos siguen desaparecidos, porque mientras no nos veamos sanos y salvos, y que pueden irse a su casa, o movilizarse donde deseen y les regresen sus cosas, no vamos a descansar”, sostuvo la abogada.

Para López Baltodano es gravísimo que el comandante Ortega, en su calidad de presidente de la República, haya acusado a estas personas de manipulación de explosivos y de exposición de personas al peligro sin ni siquiera “una apropiada investigación”.

“Eso te demuestra la irresponsabilidad, pero también la intransigencia desde las altas esferas del poder y las autoridades policiales respecto al movimiento campesino. Quieren desterrar solidaridad de la ruta del canal e imponer estado de terror”, valoró la abogada ambientalista.

Lo que sucedió

*Anagilmara Vilchez

A Francisca Ramírez la metieron a la cárcel a empujones. Los policías le quitaron su celular y le dijeron que se callara porque allí no tenía derecho “a nada”.

Francisca Ramírez interponiendo denuncia ante el CENIDH. Carlos Herrera/Confidencial
Francisca Ramírez interponiendo denuncia ante el CENIDH. Carlos Herrera/Confidencial

Todo empezó a las siete de la mañana. Ramírez cocinaba para el grupo de jóvenes que habían llegado a La Fonseca a enseñarles a los campesinos cómo convertir artículos ya deshechos en “herramientas ecológicas”.

Los muchachos se hospedaban a cinco cuadras de la casa de esta líder anti canal y ese día una móvil de la Policía Nacional llegó a la comunidad a catear la casa de otro campesino. Según Ramírez, ella le cuestionó al Comisionado Francisco Huerta acerca del hecho.

Huerta, aseguró Ramírez, le espetó que ellos eran la autoridad y que podían hacer lo que quisieran. “Usted no es quien para que me pida explicaciones. Quéjense donde usted quiera y en la tarde nos vamos a ver”, le dijo.

Cerca del mediodía, decenas de campesinos habían llegado desde los poblados cercanos a recibir el taller. A aprender.

“Entre los de las comunidades habíamos comprado dos barriles para hacer un horno. El muchacho Alexander huele el barril y dice tiene un poquito de gasolina”, relató Ramírez. Al echar un papel en llamas dentro del recipiente, el combustible se encendió. Ese fue el accidente por el que los jóvenes y los líderes anti canal fueron apresados a las 11 de la mañana. A partir de ese momento no se volvieron a ver.

“Fue algo emocionante para el campesino saber que alguien iba a compartir con nosotros su experiencia, pero de ahí se nos convirtió en algo nunca olvidable en este país y en mi historia. Una pesadilla totalmente”, lamentó la líder.

“Esto nos da más fuerza”

Medardo Mairena, vice presidente del Consejo en Defensa de la tierra, el lago y la soberanía, afirmó en el programa Esta Noche, que este tipo de acciones lo único que hacen es fortalecerlos como movimiento social.

“Yo creo que el Gobierno siempre ha venido de alguna forma persiguiéndonos a nosotros como líderes. Hoy queda más que claro cómo pretende él de alguna forma incidir para que nosotros podamos desaparecer como movimiento, pero lógicamente esto nos da más fuerza, esto nos da más coraje, la gente cada día está más preocupada, gente que nunca había estado con nosotros está solidarizándose con nosotros, hoy queda más que claro que tenemos la razón y que estamos en una lucha justa y que Dios nunca nos ha desamparado”, zanjó Mairena.

Francisca Ramírez ahora sabe que debe ser más cuidadosa. Que su estatus de líder la podría llevar a la cárcel. “(Daniel Ortega) quiere desbaratar el movimiento campesino y que hoy lo hacemos más responsable, porque ya vincularnos con terrorismo y decir que somos terroristas y que estamos vinculados, ya es algo grave y hoy lo hacemos responsable de cualquier cosa que nos pase”, aseveró Ramírez.

Pese a la zozobra por los jóvenes capturados y por la seguridad de su comunidad —cercada de policías durante el fin de semana— ella asegura que hoy se siente con más fuerza, “porque veo que un pueblo unido no hay quien lo arrebate, ni miles de policías, ni miles de ejércitos, ni un Gobierno que se quiera hacer dueño”.

En el movimiento campesino, contó, se cuidan la espalda. Son una red y “estamos claros que no nos queda otra que organizarnos y cuidarnos unos a otros y andar con el cuidado porque el Gobierno va a pretender cualquier cosa con tal de echarnos a la cárcel”, afirmó.

Si tuviera al comandante Ortega frente a ella, le diría “que no nos haga una acusación como terroristas, que nos diga que nos va a derogar la ley 840, que ese es nuestro problema (…) que esperábamos ya en 65 marchas que se pronunciara diciéndonos que escuchaba al pueblo”, porque “un Gobierno que no escucha al pueblo, le está violentando los derechos”, concluyó.