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Ascensos policiales “evidencian brutalidad” del régimen orteguista

El nuevo director de la Policía Nacional, Francisco Díaz. Carlos Herrera | Confidencial

La oficialización del retiro de la comisionada general, Aminta Granera Sacasa, como jefa de la Policía Nacional y el nombramiento en ese cargo de Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega, junto a los subdirectores generales Adolfo Marenco y Ramón Avellán confirma la línea represiva del régimen que durante las protestas hizo un uso desproporcionado de la fuerza, valora la expolicía, socióloga e investigadora en temas de seguridad Elvira Cuadra.

Según Cuadra, el espaldarazo de Ortega a su consuegro Francisco “Paco” Díaz fortalece el esquema de control político familiar que ejerce la pareja presidencial sobre la Policía, después de una escalada represiva que ha dejado 320 muertos y miles de heridos, muchos de ellos a manos de efectivos policiales.

Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch señaló que “la decisión de Ortega de ascender” al Díaz, y ratificar al comisionado general Ramón Avellán, en el cargo de subdirector, “es otra evidencia de la brutalidad de su Gobierno”.

“Estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, manifestó Vivanco.

Ascenso de Díaz es “mero trámite”

Cuadra considera que el retiro de Granera, y el nombramiento de Francisco Díaz es “mero trámite” porque él ya era el jefe de facto de esa institución.

“Esto es nada más la formalización porque en la práctica ya el comisionado general (Francisco) Díaz ya era el jefe en la práctica, según yo desde hace al menos dos años, y ella (Aminta Granera) era cada vez más una figura decorativa sin poder de decisión real dentro de la institución”, explicó.

Para Cuadra, independientemente de lo que pase en el futuro o de quién gobierne, lo necesario es refundar la Policía Nacional porque la institución perdió ante la población la imagen de credibilidad, de confianza y respeto en los últimos meses por la brutal represión durante las protestas iniciadas el pasado 18 de abril.

“Para tratar de recuperar desde dentro su imagen se debe hacer una limpieza y una revisión de las personas que integran la institución (…) porque no es con fusiles que van a imponer su autoridad a largo plazo”, aseguró.

Lamentable gestión de Granera

Cuadra valoró como “lamentable” el desempeño de Granera Sacasa frente a la institución policial.

“Ella debió salir cuando lo establecía la ley y no mantenerse ilegalmente en el cargo, cuando además había mantenido una imagen de credibilidad (…) pero está pagando en términos políticos y seguramente jurídicos más adelante esa mala decisión”, estimó Cuadra.

Para Cuadra, haberse mantenido en el cargo no la librará de responsabilidad con respecto a la brutal represión durante las protestas iniciadas el pasado 18 de abril.

Ascenso de Díaz “evidencia brutalidad” del Gobierno

La investigadora en temas de seguridad también analizó el uso de la fuerza represiva durante las protestas y cree que eran efectivos de la Policía Nacional los francotiradores que dispararon contra los manifestantes, porque todas las instituciones “tienen cuerpos de élite entrenados para situaciones de crisis”.

“Pero lo que se debe analizar es si ameritaba la decisión de sacarlos a la calle, porque ellos deben cumplir las normas para actuar en unas protestas (…) se debe saber por qué usaron armas letales”, explicó.

La nota de prensa divulgada por Human Rights Watch resalta que en abril, Ortega envió a Avellán a Masaya, y bajo su liderazgo, la Policía Nacional y las pandillas armadas pro-gobierno reprimieron manifestaciones de forma brutal.

El 17 de julio, Avellán sostuvo en una entrevista que “las órdenes de nuestro presidente, nuestra vicepresidenta de ir limpiando estos tranques a nivel nacional y esa petición de la población… vamos a cumplirla, al costo que sea”, destaca la nota.

El 23 de agosto Human Rights Watch le envió una carta los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos solicitándoles que convoquen una sesión especial sobre Nicaragua.

“Los gobiernos que han condenado el baño de sangre en Nicaragua ahora deberían solicitarle al presidente del Consejo de Derechos Humanos que de forma urgente convoque una sesión especial para tratar los aberrantes abusos en Nicaragua”, sostuvo Vivanco.

La salida de Aminta y el nombramiento de Díaz

Ortega oficializó el retiro de la comisionada general, Aminta Granera Sacasa, como jefa de la Policía Nacional, y en su lugar nombró al comisionado general Díaz (ahora primer comisionado) según el acuerdo presidencial 113-A-2018 y 98-A-2018, publicado en La Gaceta, Diario Oficial.

Díaz fue sancionado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky Act por violar los derechos humanos y estar involucrado en actos de corrupción. El nombramiento representa un abierto desafío a la política de Estados Unidos, a pesar del supuesto interés de Ortega de intentar abrir una negociación directa con el presidente Donald Trump.

El espaldarazo de Ortega a su consuegro Francisco “Paco” Díaz fortalece el esquema de control político familiar que ejerce la pareja presidencial sobre la Policía, después de una escalada represiva que ha dejado 320 muertos y miles de heridos, muchos de ellos a manos de efectivos policiales.

Granera había presentado su renuncia a Ortega en noviembre del 2016, tras el despido de sus principales colaboradores los comisionados Juan Ramón Grádiz y Javier Meynard. Sin embargo, la renuncia no le fue aceptada y quedó reducida a labores protocolarias y de relaciones públicas, convertida en un “rehén” de la pareja presidencial después de más de una década en el cargo.

Carlos Herrera | Confidencial

Al estallar la crisis de la rebelión cívica y la brutal represión policial, Granera presentó nuevamente su renuncia el 27 de abril, y después de una fuerte discusión con la vicepresidenta Murillo, fue obligada a permanecer tres días recluida en las oficinas de Plaza del Sol, por órdenes de Ortega. Posteriormente, fue trasladada a su casa, sin ejercer ninguna función en la institución, aunque oficialmente la renuncia no fue aceptada, y seguía siendo la representante legal de la institución.

Este lunes 23 de agosto se conoció el pase a retiro de Granera, a pesar de que el Acuerdo Presidencial 113-A-2018 fue presentado en casa de Gobierno el pasado 31 de julio.

Granera fue nombrada directora en 2006 durante la última etapa del gobierno de Enrique Bolaños. En 2011 aceptó la prolongación de su mandato por otros cinco años a través de un decreto presidencial, que violó la ley orgánica de la Policía Nacional. En 2016, Ortega prorrogó nuevamente su mandato al frente de la institución, cuando ya el comisionado Francisco Díaz fungía como el director “de facto” de la Policía

Díaz tomará posesión del cargo el próximo cinco de septiembre.

Espaldarazo a Avellán y Marenco

El comisionado Ramón Avellán. Carlos Herrera | Confidencial

El gobernante sandinista también publicó en La Gaceta los Acuerdos presidenciales 137-A-2015 y 28-A-2017 ratificando en el cargo de subdirectores de la Policía Nacional al comisionado general Adolfo Marenco Corea y Ramón Avellán Medal.

Marenco es el jefe de inteligencia e investigación de la Policía Nacional, y funge como el secretario político del partido Frente Sandinista dentro de la institución policial.

Avellán estuvo a cargo de dirigir la sangrienta represión contra los manifestantes de la ciudad de Masaya, específicamente en el barrio indígena de Monimbó. Recientemente, coordinó el ataque a una caravana de vehículos que intentaba llegar a la ciudad de Las Flores, como muestra de solidaridad con los ciudadanos de ese pueblo.