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Ortega: Pistolero “no quería matar a nadie”

Mandatario acusa a medios de comunicación independientes de “promover la cultura de la violencia”

El comandante Daniel Ortega reaccionó con ironía y mofa al ataque contra civiles efectuado por Samir Matamoros, un ex pandillero rehabilitado que terminó integrándose en las filas de los llamados “motorizados”, fuerzas de choque del FSLN que intimidan y violentan a quien se manifieste en contra del gobierno sandinista.

Matamoros disparó con impunidad, hace una semana, contra manifestantes que exigían elecciones libres y transparentes, sin que un centenar de policías que custodiaban las cercanías del Tribunal Electoral, en Metrocentro, reaccionaran para proteger a los civiles que acudieron a la manifestación. Para Ortega, Matamoros “no quería matar a nadie”.

“Salió un muchacho que voló cuatro tiros, pero que no quería matar a nadie. El escándalo porque está detenido y está puesto a la orden del juez, pero no satisface a nadie. Está claro que no disparó a matar”, dijo Ortega durante el acto en conmemoración de los 36 años de fundación de la Policía Nacional.

De este modo Ortega minimiza un hecho violento que ha despertado indignación ante la población, por la inacción de los oficiales de la Policía y del comisionado Juan Valle, a cargo del operativo de seguridad en Metrocentro, que al ser cuestionado por periodistas dijo: “yo no vi nada”.

En el mismo tono se había expresado la primera comisionada Aminta Granera, que la semana pasada justificó el actuar de la Policía. “No podemos hablar de pasividad de la Policía Nacional, habían cuerpos que tenían funciones específicas: función de regulación de tránsito, otros tenían la función de resguardar las instalaciones del Consejo Supremo Electoral y hay otras que están en función precisamente de eso”, dijo Granera.

En su discurso en el acto oficial de la Policía, Ortega atacó a los medios de comunicación independientes, a los que acusó de “promover la cultura de la violencia”, al denunciar la violación de derechos humanos, detenciones ilegales por parte de la Policía Nacional y torturas contra campesinos acusados por el asesinato de policías en la región Caribe de Nicaragua.

“¿Quién pide castigo para los que asesinaron a esos hermanos policías? Están pidiendo por los asesinos, como si ellos fueran las víctimas. ¿Y los asesinados, y las familias de los asesinados? A ellas no las buscan para que manifiesten su dolor, ese dolor no se refleja en los grandes medios de comunicación. Lo terrible ahora es que los asesinos están presos, ¡pobrecitos!”, dijo con ironía Ortega.

El mandatario no se refirió a la acusación que Matamoros hizo contra Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV), a quien el pistolero señaló de haberle pagado para disparar contra los civiles que protestaban en Metrocentro, unas declaraciones que directores de organizaciones de derechos humanos han condenado y calificado de “prefabricadas”, con el fin de afectar la imagen de Zalaquett y la organización que dirige y que ha trabajado durante años rehabilitando a jóvenes pandilleros de los barrios de Managua.
Granera agradece al “Jefe Supremo”.

En el acto de aniversario de la PN, la primera comisionada Aminta Granera mencionó varios informes internacionales que posicionan a Nicaragua como un país seguro, en una manera de minimizar las críticas hechas a la institución por la violación de los derechos humanos y el actuar de sus oficiales en casos como la masacre de Las Jagüitas, cuando varios policías atacaron a una familia que regresaba a casa de un culto religioso. En el ataque murió un niño y una mujer de 23 años.

Granera se refirió a ese ataque criminal como “tragedia” que “lamentamos profundamente”. La jefa policial informó que “por orientaciones del presidente Daniel Ortega”, la PN está en “un proceso de revisión integral”, con el propósito, dijo, de que “cosas como estas no vuelvan a suceder”.
En su discurso Granera agradeció al presidente Ortega, a quien llamó el “Jefe Supremo” y “la compañera” Rosario Murillo, primera dama y vocera del Gobierno, por el “apoyo” que entregan a la Policía.

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