Política

Judith Silva y los nombramientos del Presidente

Ortega pone a magistrada como asesora de Vivienda

“No tiene ningún explicación más que se trata de un mal gobierno”, dice analista político. Jurista señala ilegalidad y recuerda caso único de viceministros de Cancillería.



En junio pasado, se especuló que los motivos de la caída de Judith Silva, de la presidencia ejecutiva del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), se relacionaban con la aprobación de residenciales en zonas inadecuadas, impactadas por las lluvias, y todos daban por cierto que saldría sin posibilidad de retorno al círculo que rodea a la pareja presidencial.

Según esas fuentes del Poder Ejecutivo, su retiro fue ordenado por la Primera Dama Rosario Murillo, la poderosa jefa de gabinete de Ortega. Sin embargo, el 23 de  junio, el Presidente Daniel Ortega la propuso como nueva magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE) tras el fallecimiento de José Marenco Cardenal doce días antes.

El dos de julio, vestida de blusa blanca y pantalón oscuro, abrazó al presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez, luego de que fue juramentada tras la votación de los diputados del partido oficialista a su favor, un total de 62. Hubo aplausos y muchas risas, mientras la oposición planteó su desacuerdo desde un principio y no asistió a la sesión. Sus primeras palabras, ya en el nuevo cargo, fueron de agradecimiento a la “Compañera Rosario” y al “Comandante Daniel”.

Treinta y seis días después, ejerciendo ya sus funciones en el desprestigiado tribunal electoral, al que han señalado de perpetrar fraudes electorales a favor del sandinismo desde 2008, Ortega hizo recaer un nuevo nombramiento oficial en ella. Según el acuerdo presidencial 116-2015, Silva es ahora asesora del INVUR, “sin goce de salario”, lo que a criterio del analista político Carlos Tünnermann no tiene ninguna explicación.

“No veo cómo alguien puede tener tiempo para ser magistrada y asesora. Ella tiene que dedicar su tiempo como miembro que es a otro poder del Estado. Es una decisión desafortunada que no se puede explicar.  Creo que lo que representa es un mal gobierno”, dijo Tünnermann.

El analista destacó que algunos asesores tienen rango de ministro en la administración Ortega Murillo. Y recordó  que a Ortega tenía dos docenas de personas ejerciendo estas funciones hasta febrero pasado. Un reportaje de Confidencial titulado “Los 24 asesores de Ortega” informó que este grupo de personas lo integraban los hijos del mandatario, ex comandantes de la revolución como Bayardo Arce,  líderes independentistas de Puerto Rico, entre otros.

“¿Cómo va ser posible tantos asesores? Si son remunerados es una carga grande para el presupuesto. Si no son remunerados, entonces es darle un nombramiento como que no tenga ninguna efectividad. Nunca se había visto en un gobierno que tuviera 24 asesores”, agregó.

El otro caso escandaloso en el Ejecutivo se ha dado en Relaciones Exteriores, adonde el gobierno tiene cinco viceministros, otro caso fomentada por el mandatario sandinista.

El embajador Saúl Arana es el viceministro que atiende la cooperación con Japón,  República Popular Democrática de Corea y la República de Corea, Filipinas, Tailandia, Malasia, India, Brunei, Australia y demás países del sudeste asiático.

Luis Alberto Molina, que además es asesor presidencial, es viceministro para Europa del Este y Asia Central. La dirección económica y cooperación en general está en manos del vicecanciller Valdrack Jaentschke. El designado para protocolo es el viceministro Orlando Gómez y la embajadora en la ONU Mary Rubiales tiene rango de viceministro.

Rodríguez: “Es bochornoso el caso de Silva”

El jurista Ramón Eugenio Rodríguez, especialista en derecho constitucional, no le cabe duda de la ilegalidad del nombramiento de Silva y señala que Ortega no puede disponer de un funcionario de otro poder del Estado para ubicarlo en el INVUR (que pertenece al Ejecutivo).

Con esta decisión, Ortega está violando el artículo 129 y 140 de la Constitución que plantean la independencia que debe haber entre los poderes del Estado, así como el hecho que ningún cargo—y en esto se incluye a la Presidencia— “concede a quien lo ejerce más funciones que las establecidas” por las leyes.

“Se confirma que el Presidente decide qué hacer con cualquier funcionario. Él puede disponer a quien nombra como ministro, viceministro, lo bochornoso es que está disponiendo de una magistrada de otro órgano, igual de importante como el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo. Confirma para mí el poco respeto a la independencia y también la concentración del poder. Aunque sea ad honorem el nombramiento, para mí quisieron salvar por ahí, pero eso no le resta ilegalidad”, agregó Rodríguez.