Opinión

Otra mala jornada para la prensa

"Cuando un gobierno tiene en la mira a medios y periodistas, lo aconsejable es analizar y rectificar actitudes que dañen su prestigio político"



1. Prensa fiscaliza gestión pública. No hay manera que el Gobierno sandinista atempere su indisposición con los periodistas fuera de su mandato. Durante los últimos once meses su animadversión ha venido in crescendo. La ineficacia de las medidas ensayadas para contener las políticas informativas contrarias a su gestión, no han evitado las agresiones a medios y periodistas. Persiste en su conducta. Los llamados de las organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión siguen siendo desoídos. No ha habido forma de rectificar una actitud por la que los gobernantes continúan pagando una grandísima cuota a nivel interno y externo. Una terquedad a todas luces inexplicable por lo censurable.

La decisión de confrontar a la prensa ha permanecido invariable. Los gobernantes desestimaron reconducir su comportamiento sobre un tema sensible en todos los aspectos. Poco les ha importado la relación costo beneficio. Con saldos negativos lo esperado era que modificaran su proceder. Una variante que no aparece por ningún lado. Insisten en agredir periodistas. Uno de mis mayores equívocos fue albergar —en algunos momentos— la esperanza de un cambio sustantivo en su actuación. El sábado 16 de marzo la emprendieron por igual contra la prensa internacional de manera innecesaria. Un exceso incomprensible.

Cuando un Gobierno tiene en la mira a medios y periodistas, lo aconsejable es analizar y rectificar actitudes que dañen su prestigio político. El gobierno enfrentaba el sábado recién pasado una disyuntiva crítica y compleja. La ciudadanía nicaragüense había decidido marchar contra viento y marea. Las autoridades policiales —atendiendo órdenes— emitieron un comunicado prohibiendo la marcha. Si dejaban de actuar en consonancia con sus directrices, ¡malo! Si lo hacían, ¡peor! Así quedó demostrado al final de la jornada cívica. No había forma que se quedaran en casa después de haber anunciado su resolución de asistir al evento.

El despliegue de policías y antimotines por todo Managua —durante los días previos a la marcha— no fueron suficientes para disuadir a la ciudadanía. La presión que ejerció el llamado de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fue de tal magnitud, que los miembros de la Alianza Cívica tuvieron que atenderlo. Si no la hacían hubiese sido un duro revés para su liderazgo en el Diálogo. Las críticas que mantiene buena parte de la población sobre su desempeño los hubiese colocado en una posición precaria. El dilema que enfrentaron era un tanto semejante con el que tuvo que lidiar el Gobierno. Los resultados fueron diferentes para ambos actores. La Alianza resultó favorecida.

El Gobierno echó mano de su maquinaria represiva en circunstancias —se quiera o no— favorables en el ámbito internacional. Estar sentado en la mesa de negociaciones (con todo y la enorme legitimidad que le restó la determinación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de no servir como testigos y la retirada temporal o no del Movimiento Estudiantil) terminó dándole un respiro. La situación planteada demandaba del Gobierno una actitud más cautelosa. No entrar a saco y rajo contra los manifestantes y la prensa nacional e internacional. Policías y antimotines entraron a mansalva con los asistentes con enorme crudeza.

En once meses los dirigentes de las políticas de información y comunicación del Gobierno han mantenido inalterable su postura. No tienen quiebre de cintura ni capacidad para cambiar de táctica con la prensa en momentos de reflujo político. Tampoco han manifestado interés por conjugar la política de la zanahoria y el garrote. La prensa solo ha recibido garrote puro y duro. ¿A qué obedecerá tanta ceguera? Medios y periodistas disidentes del Gobierno del comandante Ortega, no van a cambiar su forma de enfrentarle. La prensa existe para cuestionar y fiscalizar a los poderes públicos y privados. Sería ilógico esperar otra cosa.

2. Disenso no puede criminalizarse. La gestión de la polarización tiene límites, no puede recurrirse a este esquema, salvo de estar convencidos que ya no existe capacidad de entendimiento con los sectores de la población opuestos al gobierno. Siendo de esta forma, no habrá recomposición alguna en su trato con la ciudadanía, mucho menos con medios y periodistas adversarios de la gestión gubernamental. El uso de la represión impone fronteras. Cuando un Gobierno recurre a la confrontación permanente, poniendo a un lado toda posibilidad de entendimiento por otras vías, termina generando una percepción negativa y contraproducente sobre la validez de su permanencia en el poder. Opera como un disuasivo contra sus intereses.

Disenso y consenso conforman las dos caras de la democracia; el hecho de que el Gobierno no haya querido nunca aceptar expresiones contrarias a su manera de concebir la administración de la cosa pública, terminó metiéndole por callejones sin salida. Un error cometido durante la década de los ochenta volvió a manifestarse. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¡Ninguna o muy pocas! Sin obviar que el ejercicio del poder degasta a quienes lo detentan. El análisis concreto de la situación concreta constituye el norte de toda dirigencia política. La esencia de la política viene a ser la manera cómo los dirigentes resuelven las contradicciones sociopolíticas.

La creación de un gigantesco aparato mediático, conformado por estaciones televisivas, radioemisoras, agencias de publicidad, empresas editoriales, control del ente regulador de las comunicaciones (Telcor) y una amplísima disponibilidad de recursos financieros, ofrecían a los gobernantes la envidiable prerrogativa de procurar la obtención del consenso ciudadano. ¿Qué faltó? Olvidaron que la razón histórica —creyendo tenerla de su lado— es puesta en cuestión a cada instante. El poder no se gana de una vez y para siempre. Circunstancia que vuelve imperativo el diseño de estrategias capaces de seducir y poner de su lado a diferentes actores.

La combinación de una política clientelar a través del otorgamiento de casas, bonos, becas, vacas, cerdos, láminas de zinc, préstamos a bajísimo o casi nulo interés, demandaba ser reforzada mediante la conquista de distintos estratos que, no siendo sandinistas, tampoco se mostraban reacios a la narrativa oficial. Sigo creyendo que el problema de fondo consistió —por un lado— en maniatar de pies y manos —y de boca también— a centenares de jóvenes comunicadores bajo su dirección. La desconfianza alcanzó al resto de la membresía sandinista. La dirigencia volvió al estilo de ordeno y mando. Un mecanismo que no se han atrevido a revisar.

Por otro lado, no hubo estrategias encaminadas a lograr que su dispositivo mediático fuese más allá de una membresía cautiva. Errores constantes de cierta izquierda han sido hablar solo para los suyos y no tratar de irradiarse más allá de sus seguidores; otro desliz consiste en recurrir únicamente a la propaganda política. Han desestimado elementos provenientes de las teorías de la comunicación y de la información. En los canales 4, 6, 8 y 13, resulta fácil constatar la similitud de temas abordados por los mismos actores, sin introducir variaciones significativas. Al limitar su eficacia mediática no es dable pensar en la posibilidad de obtener réditos a largo plazo.

El sábado 16 de marzo hubo una reiteración de escenas vistas y vividas por periodistas y ciudadanía a lo largo de once meses. Las agresiones fueron transmitidas en tiempo real a través de las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación. La violencia contra los manifestantes fue más dura que en ocasiones anteriores. El periodista de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) Luis Sequeira, fue agredido físicamente y su equipo le fue arrebatado. A la periodista de La Prensa Cinthya Torres, trataron de quitarle su celular mientras filmaba la detención de la comandante guerrillera, Mónica Baltodano. El 16 de marzo fue otro mal momento para la prensa como continuidad de su largo calvario.