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Papa de Álvaro Conrado: “No quería un mártir, quiero justicia”

Universitarios emplazan a Ortega y Murillo: les dan ultimátum de siete días y demandan presencia de organismos internacionales de derechos humanos

Los familiares de Álvaro Conrado, Jesner Rivas, Juan Carlos “Kayko” López Martínez y Michael Humberto Cruz Sánchez; asesinados durante las protestas contra el Gobierno, entre el 19 y el 22 de abril, llegaron la mañana de este miércoles al Ministerio Público para presentar y en otros casos ampliar las denuncias.

Todos ellos piden a las autoridades que esclarezcan lo sucedido con sus familiares y en la mayoría de los casos acusan a la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares afines al presidente Daniel Ortega de ser las culpables de la masacre.

Álvaro Conrado, padre del adolescente con el mismo nombre que murió baleado durante las protestas dijo que espera apliquen justicia y se encuentre a los culpables del asesinato.

“Mi hijo era un niño normal y me duele realmente (…) pero yo no quiero un mártir, a mí no me sirve eso, yo lo que solicito es justicia”, indicó a su llegada a la Fiscalía donde fue llamado a declarar.

Conrado tenía 15 años recién cumplidos y era estudiante de décimo grado del Colegio Loyola en Managua. Recibió un balazo el 20 de abril cuando llevaba agua a los universitarios que protestaban, contra las reformas  al Seguro Social, en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

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Álvaro Manuel Conrado Dávila, estudiante del Colegio Loyola, asesinado a los 15 años de edad. | Confidencial

Pide castigo para culpables

Su padre dice que debe aplicarse la ley a quienes le dispararon en el cuello “con un arma de guerra, que no era un revolver”, pero también a quienes le negaron la atención en el Hospital Cruz Azul, adonde fue llevado de emergencia tras ser herido de bala.

“Mi hijo hubiera tenido un poco más de esperanza de vida si ellos (en el Hospital Cruz Azul) lo hubieran estabilizado. Es una lástima que le negaran la ayuda a un niño herido y simplemente no lo dejaron entrar”, insistió.

El Hospital Cruz Azul pertenece al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) y según Conrado uno de los médicos que atendió a su hijo le dijo que si hubiera recibido atención “en los primeros treinta minutos” de haber sido herido quizás hubiera tenido probabilidades de sobrevivir.

“La herida era grave, pero como se desangró… no había oportunidad. La persona que lo recogió a él me dijo que ni abrieron la puerta (del hospital). Yo espero que haya justicia… allí están las pruebas, mi hijo tenía un impacto de bala contundente en el cuello”, mencionó el padre del adolescente.

Hasta el momento, Conrado no ha interpuesto una denuncia formal por la muerte de su hijo o una demanda contra el Hospital Cruz Azul porque alega están en el proceso de duelo, pero quiere creer que las autoridades “verán las pruebas”.

“Las personas (culpables del asesinato) tienen que ser castigadas y se les tiene que aplicar la ley”, aseguró.

Dijo que se han acercado delegados del Ministerio de Salud para “ofrecernos ayuda en problemas de salud” que tengan tras lo sucedido. “Agradezco el apoyo que el Gobierno está ofreciendo pero lo que yo espero es que haya justicia”, exigió Conrado.

Madre de adolescente de 16 años: “No confiamos en la Policía”

El Ministerio Público anunció la semana pasada que ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer las muertes de estudiantes, policías y otros ciudadanos ocurridas durante las protestas en todo el país.

También llegó a declarar Jessica Patricia Rivas, mamá del adolescente de 16 años, Jesner Rivas, quién falleció tras ser herido mientras ayudaba con un grupo de vecinos en la defensa del saqueo a un supermercado en el barrio La Fuente.

“Nosotros venimos a denunciar a la Policía, ellos fueron los que balearon a Jesner, nosotros tenemos videos y fotos de pruebas”, aseguró Rivas.

Su hijo, que cursaba sexto grado,  falleció el domingo 22 de abril y aunque según la versión oficial fue herido con un arma blanca, sus familiares aseguran que recibió un disparo.

Denunció que unos expolicías llegaron a su casa a pedirles documentación sobre el asesinato de su hijo pero ellos se negaron a entregarle pruebas.

“No confiamos en la investigación de la Policía porque ella misma es la demandada, pero esperamos que al menos en estos casos haya justicia, si no esperamos que vengan organismos internacionales a investigar”, agregó la mamá de Jesner.

Madre de Michael Cruz: “El caso ya lo tienen cerrado”

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Michael Cruz, de 29 años, en una foto con su hijo, compartida por un amigo en Facebook. Confidencial

Rosa Cruz Sánchez, madre del joven Michael Cruz, asesinado en las cercanías de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), asegura que le han enviado emisarios del Frente Sandinista (FSLN) para que desistan en su denuncia.

“Nos ofrecen reunirnos con un Ministro para que ya se cierre el caso”, denunció Cruz Sánchez aunque no le precisaron con qué funcionario se reuniría.

También dijo que ha recibido amenazas cuando motorizados llegan frente a su casa a tirar morteros. “Tenemos muchas evidencias que fueron los policías los que mataron a mi hijo con un AK-47”, precisó.

“No pueden quedar impunes”

María Graciela Martínez, hermana de Juan Carlos López Martínez, dijo que están denunciando porque el asesinato de su hermano “no puede quedar impune”.

Juan Kayko Martínez
Juan Kayko Martínez, de 24 años, fue enterrado el sábado en Ciudad Sandino. Confidencial | Facebook

Contó que llegaron funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos a su casa y aunque los recibió dijo que rechazó su acompañamiento.

“No queremos saber nada del Gobierno porque ellos son los culpables de la muerte de mi hermano y de todos esos otros nicaragüenses en esta vil masacre”, afirmó.

Juan Carlos Gahona, hermano del periodista Ángel Gahona, asesinado en Bluefields, también llegó ayer al Ministerio Público para entregar una carta a la Fiscal General, Ana Julia Guido, en la que pide transparencia en la investigación.

“Nosotros no confiamos que la Policía se investigue a sí misma, pero estamos agotando todas las vías necesarias. La Policía, allá en Bluefields, me ha dicho que ya tienen un 80% de avance, pero no dicen nada más. Estamos esperando a ver qué dicen”, indicó.

El también periodista dijo que tienen varias pruebas que presentarán en su momento.

Cenidh: Fiscalía debe investigar

Según Juan Carlos Arce, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) “las denuncias son, en su mayoría, contra la Policía Nacional” y contra las fuerzas de choque que utilizaron para reprimir las protestas.

“El Ministerio Público, al igual que el resto de instituciones estatales, no cuenta con ninguna credibilidad, pero nosotros vamos a hacer uso de los mecanismos del marco jurídico nicaragüense”, declaró.

El representante del organismo de derechos humanos precisó que de forma ágil la Fiscalía está citando a los familiares “para ampliar las denuncias” y “para que presenten medios probatorios”.

“No le corresponde a las víctimas estar presentando pruebas y es el Ministerio Público, de la mano de la Policía Nacional que está objetada en estos momentos, quienes deben presentar las pruebas y es un procedimiento revictimizante con los familiares el que están haciendo”, lamentó Arce.

Universitarios emplazan a Ortega y Murillo: Les dan ultimátum de 7 días

Los universitarios del Movimiento 19 de Abril han dado un ultimátum al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo: Tienen un plazo no mayor de siete días para aceptar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los relatores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) vengan a Nicaragua a encabezar una investigación independiente para investigar las muertes de más de 43 personas a causa de la represión oficial durante la rebelión popular de las últimas semanas.

“La justicia en Nicaragua es partidaria. Los crímenes de este gobierno no pueden quedar en la impunidad”, advirtió Victor Cuadras, miembro del Movimiento 19 de Abril.

En caso de que el gobierno de Ortega no acate el ultimátum, los universitarios amenazan con encrudecer su protesta y convocar a un paro nacional. “Estamos organizado y somos capaces. No tenemos miedo”, dijo Cuadras en una conferencia de prensa.

Los universitarios no tienen fe alguna en la ‘Comisión de la Verdad, Justicia y Paz’ creada por la Asamblea Nacional el pasado domingo para “esclarecer” los crímenes y delitos durante la rebelión popular de abril. La mañana de este miércoles intentaron marchar hacia la Asamblea Nacional para expresar su inconformidad con los diputados, pero su paso fue cortado por un centenares de antimotines en la Avenida Bolívar, en Managua.

El Movimiento 19 de Abril estableció nueve puntos que la Comisión de la CIDH y la ONU deben investigar tras la represión.

El primero es directo: “¿Quién dio la orden de matarnos?”. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) confirma 44 muertos, mientras que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) calcula más de 60. Los universitarios señalaron como los hechores de los crímenes a la Policía Nacional y a las fuerzas de choque del gobierno del comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Movimiento 19 de Abril exige esclarecer la negación de atención médica en los hospitales públicos los heridos de la represión.

Los actos de “tortura” en las celdas policiales preventivas, de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y las de La Modelo, donde fueron trasladados los centenares de detenidos durante los disturbios.

Asimismo, demandan saber por qué fueron censurados cuatro canales de televisión, el caso más sonado el de Canal 15 que transmite el noticiero 100% Noticias, y las agresiones a los periodistas. El caso más grave el del asesinato del Ángel Gaona en Bluefields mientras realizaba su labor de reporteo.

El quinto punto es referido a las “desapariciones ilegales” de otra centena de jóvenes cuyos paraderos, en algunos casos, continúan siendo un misterio, según los universitarios. Seguidamente, reclaman por el apresamiento sin órdenes judiciales de jóvenes que fueron trasladados al Sistema Penitenciario.

Por otro lado piden cuentas por las alteraciones en las actas de defunción de las víctimas, como han denunciado los familiares. Así como la manipulación de expedientes de hospitales y morgues, “que ha impedido saber la cantidad real de víctimas.

Y, por último, mencionan “la represión sostenida” a “nuestros hermanos campesinos, etnias indígenas en el norte, en el sur y la región caribe”.

“La colaboración del Estado de Nicaragua debe ser total y con el compromiso real de que los culpables sean llevados a una justicia de verdad”, aseguró Cuadras. “Esta condición se debe cumplir en no más de siete días (…) de no ser así incrementaremos nuestra resistencia”.

Según Cuadras, estas condiciones igualmente deben cumplirse para que “pueda ocurrir cualquier diálogo.

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