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Paro nacional contra la dictadura va este jueves 23 de mayo

Gremios empresariales confirman apoyo a para nacional como “forma legítima de lucha cívica y pacífica”. Será el quinto desde estallido de la rebelión

Un amplio grupo de gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, madres de víctimas de la represión, y movimientos estudiantiles, entre otros, oficializó un llamado a paro nacional por 24 horas, a partir de las cero horas de este jueves 23 de mayo.

La actividad de protesta fue convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se retiró de la Mesa de Negociaciones con el Gobierno, para exigir a la administración de Daniel Ortega la libertad de todos los presos políticos que mantiene en su poder.

Al leer el comunicado donde se llama al paro, Juan Sebastián Chamorro, miembro del equipo negociador de la Alianza, exclamó que “vamos al paro por la libertad de todos”.

Entre las razones argumentadas para llamar a un paro, los organizadores mencionaron el asesinado del preso político Eddy Montes Praslin, el pasado jueves 16 de mayo, en la cárcel La Modelo.

También, el hecho que “un elevado número de presos políticos han sido salvaje y reiteradamente golpeados” y que ese uso de la fuerza viola tanto los derechos humanos de los reos, como los acuerdos suscritos el 27 de marzo de 2019.

Además del llamado a paro, actividad que denominaron “es forma legítima de lucha cívica y pacífica”, la Alianza también llamó a un pitazo nacional a las seis de la tarde de este miércoles 22 de mayo, e izar (u ondear) la bandera nacional a las 12 del mediodía de este viernes 24.

La Alianza también instó a los empleadores a no tomar represalias contra sus trabajadores que decidan sumarse al paro.

Amplio apoyo empresarial

Desde antes de hacer el llamado de manera oficial, distintos gremios de empresarios industriales, financieros, turísticos, comerciales, agropecuarios, exportadores, centros de desarrollo y pensamiento, entre otros, anunciaron públicamente que están dispuestos a suspender labores, para presionar al Gobierno a cumplir los compromisos adquiridos en la Mesa de Negociaciones.

Los compromisos adquiridos por el Gobierno, al que se le reclama su cumplimiento se resumen en la liberación de los presos políticos y el respeto a la Constitución en lo referido a la libertad de expresión, de prensa, de movilización y manifestación, así como que haya justicia para las víctimas de la crisis y el retorno de la democracia.

“Respaldamos la decisión de la Alianza Cívica, de retirarse de las negociaciones con el Gobierno, y apoyamos el llamado a efectuar el paro nacional”, informó la Cámara de Industrias de Nicaragua, (Cadin).

La Cámara de Microfinanzas (Asomif), se sumó “al clamor de las personas afectadas en esta crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país”, por lo que respaldó el paro y el retiro de la Alianza de las negociaciones.

“Exigimos al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la mesa de negociación”, resaltó la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), al momento de anunciar su apoyo a la decisión a Alianza.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), también anunciaron su respaldo, “ya que pone en manifiesto el clamor del pueblo nicaragüense, que demanda la consolidación de un verdadero Estado de Derecho”, indicó la segunda.

De la misma manera se pronunciaron la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), y la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), que señaló que los nicaragüenses deben “mantenerse firmes en la lucha cívica y pacífica” de sus demandas.

A la decisión de la Alianza se sumaron el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, dos de los principales centros de pensamiento de Nicaragua.

El paro anunciado será el cuarto contra Ortega desde que se inició la crisis, en abril de 2018.

El primero fue el 14 de junio pasado, para obligar al Gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El segundo se desarrolló el 13 de julio pasado, para mostrar rechazo a la celebración anual sandinista conocida como “El repliegue”.

El tercero fue el 7 de septiembre, para presionar por la libertad de los “presos políticos” y para exigir la salida del Gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

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