Nación

Turbas fracasaron en su intento de someter a los primeros manifestantes

Policía comanda estructura represiva del régimen

GIEI determina que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son “responsabilidad” de la Policía Nacional, que actúo junto a paramilitares



El régimen orteguista cambió de estrategia represiva en menos de 72 horas. Dejó las piedras, palos y tubos de las turbas y la Juventud Sandinista, y apostó por el plomo de la Policía Nacional, que desde el 19 de abril ha sido la principal responsable de los al menos 325 muertos confirmados y más de tres mil heridos por la brutal represión gubernamental.

Durante los primeros dos días de protestas, 18 y 19 de abril, el papel de la Policía Nacional se limitó fundamentalmente a acompañar, custodiar y resguardar a los simpatizantes orteguistas mientras insultaban, agredían y robaban a manifestantes en Managua, León y Estelí. Sin embargo, al tercer día los agentes entraron de lleno en una ola represiva contra las protestas. El 20 de abril, perdieron la vida 25 personas y se registraron más de 300 heridos en la capital, Masaya y Bluefields.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala en su informe final que ante el fracaso de las turbas sandinistas y el incremento del malestar popular, el régimen inició una “etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de armas contra la población civil, principalmente armas de fuego, incluyendo, armas de guerra”.

Añade que “esto se verificó en diversos escenarios en los que la población civil desarrollaba acciones de protesta: en marchas o concentraciones en la vía pública, en tomas de universidades y en tranques o barricadas. En todos esos escenarios, el Estado recurrió a un patrón de violencia que consistió en ataques contra los manifestantes que incluyeron el uso de armas de gran poder lesivo directamente contra los cuerpos de los participantes en las protestas”.

Los expertos del GIEI – de Italia, Guatemala, Argentina y Perú- analizaron únicamente los hechos de violencia que se registraron entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado. Este periodo se delimitó en un acuerdo firmado por el Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Coordinación entre instituciones

Desde el inicio de las protestas, la represión ha sido articulada por instituciones del Gobierno o vinculadas al Estado, como la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales, entre los que se incluye a las turbas, la Juventud Sandinista y los tristemente celebres paramilitares, quienes atacaron con armas de fuego a la población civil.

El GIEI detalla varios ejemplos de la coordinación de esta estructura. Uno de ellos, fue la tarde del 19 de abril, cuando se desarrollaba una manifestación pacífica en la plaza de Estelí. “Hay imágenes que muestran a una persona de civil perteneciente a la Alcaldía que dispara un arma de fuego a la vista de todos, incluyendo funcionarios policiales que omiten intervenir. Esta persona se retira caminando con tranquilidad”.

Añaden que al día siguiente, se produjeron diversas acciones coordinadas entre la Policía, grupos de choque y funcionarios de la Alcaldía. Entre esas acciones, destacan “ataques conjuntos” entre oficiales y turbas contra manifestantes, así como el uso de las patrullas para trasladar piedras, que luego fueron usadas por los simpatizantes sandinistas. “También cómo efectivos de la Policía Nacional trasladan a un joven a rastras y lo dejan a merced de un grupo de personas de civil para que lo golpeen”.

“Ese día (20 de abril) pueden verse claramente cómo tres personas son asesinadas por disparos de arma de fuego cuando estaban frente a la Alcaldía. Por la posición de las víctimas, es altamente probable que los disparos hayan salido de ese edificio. Hay escenas que registran a los grupos de choque moviendo el cuerpo de una de las víctimas y dejando un rastro de sangre en el suelo del Parque Central”, subraya el informe, que fue presentado en Washington, ya que el Gobierno expulsó del país a los expertos, un día antes de darlo a conocer en Nicaragua.

Todos los recursos de la policía

En el período de análisis, el GIEI registró al menos 109 ciudadanos asesinados, más de 1400 heridos y más de 690 detenidos por participar en las protestas. “De las 109 muertes analizadas por el GIEI, 95 de ellas se produjeron por disparos de armas de fuego, todos con impactos en cráneo, cuello y tórax”, destaca el informe, que agrega que, de los 1400 heridos, al menos 599 fueron por armas de fuego, lo que “da una dimensión del uso de armas de fuego en el contexto”.

En el informe se afirma que “el GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armadas paraestatales”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la estación policial de Masaya. Confidencial

Los expertos determinaron que el involucramiento de la Policía en la represión fue tan alto, que se usaron prácticamente todos los recursos de la institución, incluyendo a la policía de tránsito. “Tanto de los relatos como de las imágenes, surge la coordinación entre diversas áreas de las Policía en la represión, básicamente entre los elementos policiales de cada región o departamento y agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), estructura que ha tenido un papel central en la represión en todo el territorio”, indica el texto.

Dentro de la DOEP funcionan la Brigada Antimotines y Disturbios y la Brigada de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR), que son fuerzas especiales para intervenir en situaciones de crisis, como tomas de rehenes, u operativos contra el crimen organizado. Es una fuerza de élite que cuenta con equipo y armamento altamente especializado, incluyendo armas largas y francotiradores.

Señalan a mandos

Los expertos señalan que la presencia de las unidades especiales en todo el territorio y su protagonismo en los hechos “confirma” la interacción entre los mandos nacionales y locales para diseñar y realizar las acciones de represión, lo que solo puede explicarse por “una decisión tomada por las máximas autoridades y mantenida en el tiempo”.

Basados en esto, los expertos recomiendan que se “investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como directores generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional”.

Además, se tiene que investigar también a las “autoridades de las distintas delegaciones departamentales y regionales” de la Policía Nacional, las “autoridades de la Policía de Managua, comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle Valle, del departamento de vigilancia y patrullaje, y el jefe de la DOEP, Justo Pastor Urbina, y los jefes de las unidades especializadas que integran el DOEP”, según el documento.

La investigación deberá incluir también a las personas encargados de asignar recursos materiales, de efectuar el control de armas, y a la Inspectoría General de la Policía, a cargo del Comisionado General Jaime Antonio Vanegas Vega.

Pablo Parenti, miembro del GIEI, comentó previo a la presentación del informe que es posible que un Gobierno enfrente un descontrol de la Policía, que comete abusos por decisión propia. “A un presidente le puede pasar, pero un presidente que nunca reconoce (las violaciones) y (en cambio) premia a los jefes (policiales)”.

En agosto pasado, Ortega nombró de manera oficial como director de la Policía Nacional a Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial. Igualmente, ratificó como subdirector al comisionado Avellán, quien es señalado por los masayas de liderar los ataques armados contra los ciudadanos y que dejaron más de 30 muertos en Masaya.

Investigar a paramilitares

El GIEI recomienda también investigar a los grupos paramilitares, para determinar las formas de reclutamiento, financiación y provisión de recursos materiales, entre ellos, armas largas de alta velocidad y armas de guerra, que son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

“El nivel más alto de organización y poder ofensivo lo alcanzaron los grupos que emplearon armas largas y que mostraron un nivel de organización similar al de estructuras policiales o militares”, según el informe, que especifica que las informaciones obtenidas por el GIEI, que incluyen entrevistas con expertos en seguridad y ex militares, señalan diversas formas de reclutamiento: empleados públicos, alcaldías, militantes de la Juventud Sandinista y del FSLN, integrantes de pandillas, jóvenes con antecedentes penales o en situación de riesgo a las que el Estado se vincula a través de programas manejados por la Policía Nacional, personas de bajos recursos a quienes se paga informalmente una suma de dinero o se les prometen tierras y también ex militares y antiguos combatientes del servicio militar obligatorio en los años noventa.

Ortega “celebró” junto a sus paramilitares en Masaya, mientras el barrio de Monimbó era atacado. Confidencial | Rodrigo Sura | EFE

“Diversas fuentes indican que un grupo de asesores del gobierno se dedicó a recorrer el territorio para convocar a antiguos combatientes, apelando a discursos que evocaban una historia en común, y también ofreciendo una remuneración económica”, resaltan los expertos.

Aseguran que públicamente se ha discutido sobre el rol del Ejército en los hechos y que oficialmente las autoridades han negado su intervención en la represión. “El GIEI no ha encontrado evidencias de demuestren una intervención del Ejército en los eventos objeto de su mandato. En algunas imágenes se observa una participación en la custodia de lugares públicos, pero sin intervenir directamente en la represión de las protestas, tomas de universidades o desalojo de tranques”.

Sin embargo, no descartan la participación individual de militares en esos grupos armados o en su entrenamiento, como algunas versiones sugieren. “Es algo que debe ser investigado”, sugieren.

Las armas de la represión

Un análisis de registros audiovisuales permitió a los expertos del GIEI identificar algunas de las armas utilizadas en la represión de las protestas:

Fusil de asalto AK-47: es un arma de guerra automática-semiautomática de alta velocidad (715 metros por segundo) calibre 7.62 milímetros (mm) y que puede realizar hasta 600 disparos por minuto.

Fusil de asalto AK-74: es un arma de guerra automática-semiautomática de alta velocidad (735/900 metros por segundo) calibre 7.62 mm y que puede realizar hasta 650 disparos por minuto.

Fusil de francotirador Dragunov: es un fusil semiautomático de precisión calibre 7.62 mm, con mira telescópica, que tiene un alcance máximo de 1300 metros y un alcance efectivo de 800 metros, cuyo disparo alcanza una velocidad de 800/830 metros por segundo.

Ametralladora PKM: es un arma de guerra de tiro semiautomático, calibre 7.62, de alta velocidad (825 metros por segundo), que puede realizar 650 disparos por minuto y tener un alcance efectivo de hasta 1000 metros.

Fusil M16: es un arma de guerra de tiro automático calibre 5.56 mm, que puede disparar 700/950 disparos por minuto, con una velocidad de hasta 948 metros por segundo y un alcance efectivo de 550 metros.

Armas cortas (revólveres): posiblemente con munición .38 SPL o .357 Magnum.

Escopetas 12.70: escopetas de repetición que pueden utilizarse con cartuchos con postas metálicas o con postas o balas de goma.