6 de febrero 2021
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La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, advirtió de un posible recrudecimiento de la sangrienta crisis que vive Nicaragua, si las elecciones de noviembre próximo no se celebran de forma “justa, libre y equitativa”.
En una carta dirigida a sus fieles, el clero nicaragüense indico que las próximas elecciones son “una oportunidad cívica irreemplazable para dar una solución efectiva a las dificultades que nos agobian”, pero que “existen razones fundadas para temer que esta oportunidad se pierda, y más bien genera una profundización de la crisis si no somos capaces de crear las condiciones para una contienda electoral justa, libre y equitativa”.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desencadenada en 2018, cuando manifestaciones masivas contra el presidente Daniel Ortega fueron reducidas con ataques armados que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos, y miles en el exilio.
Desde entonces diversos sectores de la sociedad civil y opositores han demandado a Ortega que respete la Constitución, los derechos humanos, así como unas elecciones adelantadas, a lo que presidente no ha accedido, cuando faltan nueve meses para los comicios ordinarios.
Las elecciones de noviembre próximo serán históricas, porque podrían acabar con 42 años de dominio casi absoluto de política nicaragüense por parte de Ortega, a quien los opositores califican de dictador y al que reclaman tomar acciones contra la pandemia de covid-19.
+++Mensaje 17 de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua.+++
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— Arquidiócesismanagua (@arquimanagua) February 5, 2021
“Nunca un como en un año electoral el pueblo tiene la oportunidad de expresarse para dar respuesta a la crisis política, social, económica, e incluso ahora a la problemática sanitaria”, resaltaron los religiosos.
Necesidad de reforma profunda
El clero nicaragüense, una voz crítica de Ortega, recordó que ya había advertido en 2014 de un estallido social si no se realizaba “una profunda reforma política del sistema electoral del país, para garantizar un proceso electoral presidencial absolutamente transparenta y honesto, con nuevos y honorables (magistrados) en el Consejo Supremo Electoral, que garanticen un proceso abierto irrestrictamente a observadores nacionales y extranjeros”.
Ortega no respondió a las observaciones de los religiosos, y en 2018 ocurrió el estallido social del que estos habían advertido, tras lo cual, el presidente acusó al Episcopado de fraguar un supuesto golpe de Estado, sin presentar pruebas.
Los sacerdotes también destacaron “la necesidad imperativa de liberar a los privados de libertad por cuestiones políticas, crear el ambiente para el retorno seguro de los miles de exiliados, respetar la libertad plena de expresión en los medios de comunicación y en las calles, y el cese de todo tipo de represión”.
