13 de noviembre 2020
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La reforma constitucional promovida por el presidente Daniel Ortega, para establecer la cadena perpetua en Nicaragua representa una "amenaza" para quienes "luchan por sus derechos", y "para la población en general", debido a que establece inseguridad jurídica, adviertió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
"Es una amenaza para la gente que cívicamente lucha por sus derechos (…). Esta reforma, además de haber sido aprobada violando los procedimientos de formación de la ley, es una violación a los derechos humanos, pues constituye una amenaza psicológica a la población, por la inseguridad jurídica que establece, violaría, además, las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia", advirtió el Cenidh, en un informe sobre la reforma constitucional.
Según la reforma, que fue aprobada en primera legislatura y necesita el visto bueno en una segunda para completar el proceso, establece cadena perpetua para "crímenes de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanos que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional".
🔴URGENTE| Análisis del @cenidh frente a la inconsulta reforma constitucional que establece la prisión perpetua revisable en Nicaragua. ⬇️https://t.co/F43yCRZhih pic.twitter.com/Psr0B2e1Ef
— Cenidh (@cenidh) November 11, 2020
Genera dudas
De acuerdo con el Cenidh, dicha reforma tiene problemas fundamentales, desde mantener en vigor dos penas máximas, al no derogar la de 30 años de prisión, hasta el hecho de que la cadena perpetua será "revisable".
"Despierta muchas dudas: ¿Cuál en verdad es la pena que debe prevalecer como pena máxima, los 30 años de prisión, o la prisión perpetua revisable? Ahora: ¿Qué es una pena revisable?, ¿revisable por quién?, ¿en qué momento procesal?", cuestionó el organismo.
Para los analistas del Cenidh, dicha reforma lleva "implícitos nombres y apellidos", en referencia a los líderes de la oposición, especialmente en un contexto de cara a las elecciones de noviembre de 2021, que podrían acabar con 15 años consecutivos de Ortega en el poder, o alargar lo que la disidencia y activistas de derechos humanos identifican como una dictadura.
La interpretación
Otra debilidad encontrada por el Cenidh es que la reforma no tipifica los delitos y agravantes por los cuales puede ser aplicada la cadena perpetua, entonces, los jueces deberán realizar una "interpretación extensiva de la ley", lo cual no está permitido.
En este sentido, la cadena perpetua podría ser aplicada "en un escenario de peligrosa y agresiva discrecionalidad por parte de un Poder Judicial, que ha perdido su independencia y actúa en función de los intereses del régimen Ortega Murillo", explicó.
El establecimiento de la cadena perpetua, que se espera sea completado con los votos de la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional en enero próximo, ha recibido críticas de múltiples sectores, aunque el Gobierno afirma tener el respaldo de tres millones de firmas, casi el 50% de la población nicaragüense.
Uno de los sectores que criticó la iniciativa de Ortega es el clero católico de Nicaragua, que lamentó el establecimiento de "leyes represivas", así como "acciones que impiden el derecho a la libre expresión y movilización" en el país.
