2 de julio 2020
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Un proceso de transición democrático inconcluso durante los años noventa, el asesinato de 234 campesinos de la Contrarrevolución a partir de 2007, año en que el Frente Sandinista regresó al poder; y la complicidad del Estado en la comisión y ocultamiento de esos campesinos asesinados, son parte de la historia registrada en el documental Nicaragua Campesina, la Nación Ajena; elaborado por Expediente Público.
El documental –que busca rescatar la memoria histórica de Nicaragua– reúne a líderes de la Resistencia Nicaragüense, quienes relatan el dolor vivido en las zonas rurales a partir del desarme de la Contra en los años noventa. Pero es a partir de 2007 cuando se identifica un patrón, 234 campesinos asesinados en total. “El 70% de estos asesinatos están vinculados a gente que permaneció a la Contra”, explicó Javier Meléndez, director de Expediente Público, durante una entrevista en el programa Esta Noche.
Lee el Especial de CONFIDENCIAL, publicado en febrero de este año:
- Ejecuciones en el campo: La masacre contra los campesinos
- La orden es “matar a los Montenegro”
- Ejército de Nicaragua “desconoce” asesinatos de campesinos
“Hemos verificado que (los asesinatos en el campo) fueron motivados políticamente, que fueron ejecuciones perpetradas por el Estado o por paramilitares”, dijo Meléndez enfáticamente. Algunos de esos casos fueron la mochila bomba en Santa María de Pantasma, en Jinotega; el asesinato de los hijos de Elea Valle en La Cruz del Río Grande, en el Caribe Sur; y la masacre de El Carrizo, en Madriz.
Para este investigador el asesinato de los excontra es la consecuencia de un proceso de transición democrática inconcluso, porque “el Estado no les dio las condiciones adecuadas de seguridad” al momento del desarme en los años noventa y “fueron eliminados sistemáticamente porque ellos representaban una amenaza para el futuro de la llamada democracia con todas sus demandas”, continuó Meléndez.
Además, Meléndez consideró que existe un subregistro de los asesinatos en el campo, ya que el documental solo muestra los datos reunidos por diferentes organismos defensores de Derechos Humanos, pero en las comunidades existen muchos testimonios de casos sin investigar.
El Estado contra campesinos asesinados
La masacre de El Carrizo, ocurrida ocho de noviembre de 2011 después de las elecciones nacionales, evidenció la colusión del Estado para encubrir crímenes cometidos por simpatizantes del partido de Gobierno. En esa ocasión tres miembros de una familia fueron asesinados con saña por dirigentes del FSLN en Madriz, pero el juez condenó a los victimarios a la pena mínima de tres años de prisión.
El caso de El Carrizo demuestra “la capacidad sistemática del Estado nicaragüense de no proveer justicia, pero también representa un ejemplo muy claro de lo que sucede ahora” en las zonas rurales del país, donde se realizan “operaciones conjuntas entre los líderes políticos sandinistas a nivel local, la policía, paramilitares y la logística e inteligencia que le provee el Ejército”, dijo Meléndez.
“Es imposible asumir la represión o entender la represión en el campo sin involucramiento del Ejército. ¿Qué tanto se da? ¿Hasta dónde está metido el Ejército? Eso es lo que no podemos investigar ahora porque no nos van a dar la oportunidad de que venga investigadores nacionales e internacionales y se movilicen libremente en Nicaragua y levanten los testimonios de las víctimas”, insistió el investigador.
Sin embargo, el pasado mes de marzo el Ejército de Nicaragua afirmó a CONFIDENCIAL que “desconoce” los asesinatos de al menos 30 campesinos opositores, y que no tiene información de ningún caso. Sin embargo, no negó que estas ejecuciones ocurran.
El documental ofrece como prueba de la participación del Ejército el testimonio de las víctimas y los testigos en las comunidades. “La matriz explicativa que te encuentras en estas comunidades es que fueron operaciones del Ejército y nosotros no podemos apelar a decir que los testimonios de las víctimas y los comunitarios son falsos, porque es lo que tenemos en un Estado que está completamente inhabilitado para buscar justicia y verdad”, subrayó Meléndez.
En búsqueda de justicia internacional
El esfuerzo por reunir la memoria histórica en este documental es parte de un proceso de búsqueda de justicia, verdad y reparación, explicó Meléndez. “El fin primordial de esto (el documental) es que en la próxima y necesaria transición democrática estos casos sean llevados a la justicia internacional”, continuó el investigador.
Uno de esos casos donde los familiares de las víctimas no tuvieron acceso a la justicia es el de la familia Montenegro, en Wiwilí, Jinotega. Luego que tres de sus miembros fueron asesinados, los otros hombres de la familia tuvieron que huir de la persecución desatada por partidarios del Gobierno.
Actualmente, uno de los hermanos Montenegro se encuentra en México “atento a una solicitud de asilo hacia Estados Unidos”, dos de ellos están escondidos en Nicaragua porque “saben que están sentenciados a muerte”, y los otros “han sido asesinados o desplazados de sus lugares”, explicó Meléndez.
El caso ha sido denunciado por diferentes organismos defensores de Derechos Humanos, pero la familia Montenegro se siente en peligro y están solicitando medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); aunque, para el régimen de Ortega “esas medidas cautelares no significan nada”.
