10 de agosto 2019
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Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a funcionarios del Gobierno de Nicaragua ha obligado al régimen de Daniel Ortega a reconfigurar la cuota de poder dentro de sus instituciones. La última acción ejecutada por la dictadura fue el traspaso de poder administrativo del mayor general en retiro Óscar Mojica, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), a Rosa Argentina Guadamuz Castillo, ahora secretaria general de esa institución, quien tendrá a partir de este momento la facultad de firmar documentos necesarios para desembolsos de fondos nacionales, extranjeros y los derivados de ejecución de proyectos.
Mojica fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos el 21 junio de este año, junto al presidente del Parlamento, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; y el director de Telcor, Orlando Castillo. En su caso, el Departamento del Tesoro explicó que tomaron esa medida porque el titular del MTI “promovió” en televisión nacional la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” del régimen de Ortega para silenciar a la oposición. Además, afirmaron que administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales de la pareja presidencial, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros.
El anuncio sobre la pérdida de poder administrativo y financiero de Mojica fue hecho en La Gaceta, diario oficial, el jueves ocho de agosto. De acuerdo a lo dispuesto en el documento, el todavía ministro del MTI, no podré firmar ningún documento legal, es decir, su cargo será meramente decorativo.
A Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, también le aplicaron la misma fórmula. La única diferencia es que al diputado orteguista, le agilizaron el procedimiento. El 25 de junio la aplanadora sandinista aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objetivo de quitarle facultades administrativas al presidente del Parlamento y de esta forma evitan que ese poder del Estado tenga problemas financieros por las sanciones de Estados Unidos y Canadá.
La propuesta, presentada por los diputados del FSLN, solicitó reformar con trámite de urgencia el artículo 44 de dicha legislación, y de esta forma se eliminó que el presidente de la Asamblea Nacional sea la autoridad administrativa; poder que recaerá en el secretario ejecutivo, quien ahora será nombrado por la Junta Directiva, y no por el Presidente del Legislativo. Finalmente el 13 de julio, con 70 votos a favor y 14 en contra, se aprobó la ordenanza que redujo las facultades al también director del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
Aunque Porras quedaba sin poderes en la Asamblea Nacional, y por ende descalificado para una posible sucesión constitucional del poder en ausencia de Ortega y Murillo, su posición política continúa inalterable en el Frente Sandinista. En ese sentido, Porras sigue siendo el vasto operador e interventor del área social del Gobierno, que incluye: los ministerios de Salud y Educación, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), el Ministerio de Agricultura, el quebrado Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y, más recientemente, el Ministerio de Transporte e Infraestructura.
En el caso de Sonia Castro, ahora extitular del Ministerio de Salud (Minsa), el Gobierno de Ortega le destituyó a finales de julio, casi un mes después de ser sancionada, de su puesto en esa institución del Estado. A manera de trueque, Ortega la nombró “asesora” de la presidencia en “temas de salud”, según consta en el acuerdo presidencial 108-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta.
Sobre Castro pesan un sinnúmero de señalamientos sobre su negligencia durante las protestas iniciadas en abril de 2018. Castro ejecutó una política en los hospitales públicos de no atender a los heridos causados por la violencia policial y paramilitar. Uno de los casos más claros de ello sucedió en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), en la ciudad de León.
La dictadura Ortega-Murillo nombró en sustitución de Castro a la doctora Carolina Asunción Dávila Murillo, a quien claramente le atribuyen la representación legal del Minsa “para los asuntos administrativos, financieros y de cooperación externa”. Con las sanciones estadounidenses, Castro quedó imposibilitada de ejercer esas labores.
Dávila Murillo ocupaba el cargo de viceministra del Minsa para asuntos del Sistema Local de Atención Integral de Salud en Managua (SILAIS-Managua).
Los hombres “fuertes” de la dictadura
El cinco de julio de 2018 el Departamento de Estado norteamericano sancionó con la Ley Global Magnitsky Act a tres altos funcionarios del Gobierno por violar los derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción. Los señalados fueron el comisionado general Francisco “Paco” Díaz, director de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN. De los tres funcionarios solo Díaz y Moreno se mantienen al frente de sus cargos.
A finales de julio, López fue retirado de su puesto como presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). El 29 de julio de 2019 el dictador lo nombró ministro asesor para la producción y el comercio.
Aunque Moreno se mantenga en su puesto, las sanciones estadounidenses lo han obligado a replantear ciertos aspectos administrativos. Primero, renunció como presidente de la junta directiva del equipo de fútbol Real Estelí, cargo que ostentó durante 14 años. En septiembre de 2018, también se vio obligado dejar de firmar como administrador general y apoderado legal de la Alcaldía de Managua. La responsabilidad administrativa la traspasó a la decorativa alcaldesa Reyna Rueda.
El caso de Díaz es distinto al de Moreno y López. En lugar de restarle funciones, Ortega lo nombró director de la Policía Nacional un mes y medio después de recibir la sanción del Gobierno de Estados Unidos.
El nombramiento en ese cargo de Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega, confirmó la línea represiva del régimen que durante las protestas hizo un uso desproporcionado de la fuerza, valoró en ese momento la expolicía, socióloga e investigadora en temas de seguridad Elvira Cuadra.
Según Cuadra, el espaldarazo de Ortega a su consuegro Francisco “Paco” Díaz fortaleció el esquema de control político familiar que ejerce la pareja presidencial sobre la Policía, aunque consideró que el nombramiento de Díaz fue un “mero trámite” porque él ya era el jefe de facto de esa institución.
Castillo en el “limbo”
Si bien ha quedado en evidencia que las sanciones han causado estragos en algunas de las estructuras más importantes del Gobierno, en otras oficinas todavía persiste un ambiente de limbo, pues hasta ahora no se han tomado medidas en esas dependencias como las que se mencionaron anteriormente en este artículo.
Por ejemplo, en el caso de Orlando Castillo, director de Telcor, hasta ahora no se ha oficializado ningún nombramiento como asesor. Solo existen rumores de una posible salida de esa institución. Sin embargo, es algo que no se ha hecho oficial.
Castillo fue sancionado por dar la orden de censurar a 100% Noticias en abril pasado, cuando iniciaron las protestas contra el régimen. Luego, el ente regulador coaccionó a Canal 12 para sacar del aire los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro. Además, presionó al Canal 10.
Rosario y Moncada siguen igual
En el caso de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y el colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), no hay mayores novedades.
En una orden ejecutiva, firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, se afirma que las sanciones contra Murillo y Moncada son por su “responsabilidad” y “complicidad” con los “serios” abusos de los derechos humanos en Nicaragua, a raíz de la represión oficial desatada por el régimen orteguista, que suma 325 muertos confirmados desde abril pasado a la fecha.
“La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder. Esta Administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
En una nota de prensa, la vicepresidenta nicaragüense declaró “improcedentes, inconsecuentes, irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, y la condición servil y abyecta de los vendepatria criollos”.
“¿Quiénes son los traidores a la patria? Decía Sandino: ‘Todo nicaragüense que con miras políticas traficare con la honra de la nación’”, escribió.
El Departamento del Tesoro resalta que se sancionó a Moncada por “actuar en nombre de la vicepresidente Murillo o en su nombre”. Además, “es un exfuncionario con experiencia de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes lazos de lealtad a Ortega y Murillo”.
“Moncada desembolsó pagos para contrarrestar a los manifestantes contra Ortega y Murillo y, a través de sus diversos roles de inteligencia, trabajó para sobornar y chantajear a individuos para obtener su apoyo o evitar que expresaran su oposición al gobierno de Ortega. Además, Moncada ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo. En al menos un caso, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega con un menor”, detalla el Tesoro.
Laureano y el Bancorp
En abril de este año el Departamento del Tesoro también sancionó este miércoles a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, y al Banco Corporativo SA (BanCorp), por considerar que son parte de la red de corrupción del régimen.
Laureano Ortega se sumó así a la lista de sancionados, que también incluyen a su madre y vicepresidenta, impuesta por Ortega en la línea de sucesión dinástica, en la cual también se le mencionaba a él. Las nuevas sanciones de Estados Unidos coincidieron con la demanda de los miembros del Parlamento Europeo para establecer sanciones a funcionarios orteguistas.
“El Tesoro está sancionando a Laureano Ortega Murillo y BanCorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. Estas acciones envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay que pagar un alto precio por abusar de la economía nicaragüense y su gente “, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.
Laureano continúa como asesor presidencial para inversiones. Hasta ahora no ha sido removido de su cargo y continúa al frente de “nuevas rutas” de negocios con países como Irán y Rusia.
De esta tanda de sanciones, solo el BanCorp salió mal parado. Una semana después el representante legal del Banco Corporativo (BanCorp), Luis Bárcenas, informó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), el cierre definitivo de esa entidad.
El cierre del BanCorp tuvo dos consecuencias inmediatas: por un lado, liquidó un medio financiero ligado al grupo Ortega-Murillo y por el otro, provocó una importante pérdida en las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN), estimadas en unos 140 millones de dólares.
BanCorp, considerado también ‘el Banco del ALBA’, vivió un poco más de cuatro años: desde que inició operaciones el seis de abril de 2015, hasta la decisión de cerrarlo de forma voluntaria y anticipada, este 22 de abril de 2019.
Al momento de su disolución, según las cifras del Banco Central al 31 de marzo 2019, BanCorp tenía depósitos por 202 millones en dólares y en córdobas por el equivalente de 74 millones de dólares, y préstamos por 80.5 millones de dólares, y un patrimonio de 23.1 millones. A la junta liquidadora que nombre la Siboif le tocará disponer de esos recursos.
¿Y Roberto Rivas?
El primer funcionario sancionado por el Departamento del Tesoro fue el exmagistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas. Un día después que la Organización de Estados Americanos (OEA) avaló los resultados de las cuestionadas elecciones municipales en Nicaragua, el presidente Donald Trump, incluyó a Rivas, en una lista de “personas envueltas en serios abusos a los derechos humanos o corrupción”, basado en la Ley Global Magnitsky.
Los pocos operadores del FSLN que frecuentan El Carmen, coinciden que la sanción de Estados Unidos a Roberto Rivas fue “un favor” para la pareja presidencial. El cuestionado magistrado representaba un lastre político, y la sanción les facilitó apartarlo sin mayores trámites. Rosario Murillo se congratuló más con esa movida, porque el Consejo Supremo Electoral lo asumía un cercano y leal a ella: Lumberto Campbell, el comisario político de la Costa Caribe del Frente Sandinista.
Campbell, aunque sumiso al régimen y en especial a la vicepresidenta, es una figura “más potable” que Roberto Rivas. Desde su posición, pareciera estar al margen del contexto actual, pero fuentes del Poder Electoral y el sandinismo coinciden en que Campbell trabaja con sigilo y a toda máquina, aceitando el sistema electoral ante un adelanto de elecciones, pese a que, en público, el Gobierno niega rotundamente esa posibilidad.
Campbell, convertido en el nuevo “guardián electoral”, busca preservar la maquinaria y la estructura interna del Poder Electoral que ha permitido al Gobierno controlar las elecciones. Es decir —advirtió la fuente cercana al sandinismo—, que si una eventual reforma electoral también exige el cambio de magistrados, y a Campbell le toca dejar el cargo, en las “estructuras medias del Consejo Supremo Electoral el trabajo ya queda hecho y asegurado”.
